martes, 27 de junio de 2017

LA LUCHA CONTRA LA TORTURA

Por Armando Maya Castro
La aplicación de electroshocks, uno de los métodos de tortura que actualmente es utilizado por diversas corporaciones policiacas, y hasta por la CIA (Foto: ABC) 

Este 26 de junio se cumplieron 30 años de la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El artículo 1º de este importante documento define la tortura de la siguiente manera: 

“…todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.

La tortura que, según Amnistía Internacional (2014), se emplea en nuestro tiempo para "obtener confesiones o incriminar a otras personas", así como para “castigar, obtener dinero mediante extorsión, controlar, intimidad y humillar", es un mal que data de la más remota antigüedad. 
Estuvo presente en el sistema legal de Grecia y de Roma, donde “fue ejercida ampliamente contra los esclavos como forma diaria de obligarlos a obedecer y a temer a sus dueños”, refiere Pareja (2013).

En el Imperio Romano, señala Figueroa (2012), “la tortura estaba institucionalizada y las declaraciones de los esclavos obtenidas bajo tortura eran aceptadas judicialmente en el tribunal”. Al referirse a los castigos de ese periodo histórico, el autor antes mencionado apunta: "En materia de castigos existía la pena de muerte; la hoguera; la lapidación; la crucifixión; la furca; el devoramiento por animales; y las multas”.

Aristóteles consideraba la tortura en La Retórica “dentro de las 5 pruebas extrínsecas utilizables en los procesos legales: las leyes, la costumbre, los testigos, la tortura y los juramentos”, expone Alfredo Jadresic Vargas, quien trae a la memoria lo que Edward Peters escribía sobre el flagelo que nos ocupa: "...la cuestión del sadismo entre los torturadores es compleja. La institución de la tortura crea tantos sádicos como los que atrae."

Morris (1996) refiere que en la Edad Media "la tortura fue realmente legal. Era un medio autorizado para obtener confesiones en tiempos en que las confesiones, de súbito, cobraron importancia crucial". En más sobre la tortura que imperó en el medievo, Pareja (2013) afirma que este bárbaro y monstruoso mal “era parte del ritual común y corriente utilizado por la inquisición para obtener la 'confesión del hereje'. La Bula papal "Ad extirpanda" de Inocencio IV, expedida en 1252, justificó el uso de la tortura por parte de la Inquisición", contradiciendo los métodos de amor con que Cristo y sus apóstoles predicaron el Evangelio en el siglo I de nuestra era. 

“A partir del siglo XVIII la tortura comienza a perder su carácter legal, judicial y público y empiezan los procesos que tratarán de derogarla, al menos, en teoría”, nos dice Barros (2014), quien en seguida hace públicos los logros de los países que trabajaron decididamente en la erradicación de este penoso mal: “…fue prohibida en Austria (1776), en Suecia (1734), en Toscana (1786), en Francia (1789), en Hungría (1776), en Prusia (1754). Al inicio del siglo XIX había sido eliminada del procedimiento legal en prácticamente toda Europa Occidental".

A pesar de esos avances, y de las leyes que han sido creadas para abatir la tortura, los casos en la materia son una práctica cotidiana en nuestro país. La cifras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) diera a conocer en el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, conmemorado este lunes 26 de junio, dejan constancia de la gravedad del problema: En México, "del 2000 a mayo de 2017 el organismo ha recibido 417 quejas por tortura y ha emitido 100 recomendaciones, una de ellas por un caso de violaciones graves a derechos humanos; en 17 casos hubo desistimiento y en 47 se acumularon" (El Universal, 26 de junio de 2017).

Por la cantidad y gravedad de los casos de tortura en México, la CNDH pidió ayer “intensificar las acciones de prevención generando garantías de no repetición frente a estas lesivas violaciones a los derechos humanos”. El organismo encargado de la protección y defensa de los derechos humanos en México aprovechó el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura para instar a las autoridades a “combatir la impunidad, sancionar a aquellos que conciben o autorizan cualquier forma de tortura o trato cruel, inhumano o degradante enfatizando que esta práctica es inaceptable” (Proceso, 26 de junio de 2017). 

Los mexicanos esperamos que el llamado de la CNDH, así como la publicación, este lunes, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, logren debilitar significativamente el flagelo de la tortura en México. 


jueves, 22 de junio de 2017

IMÁGENES RELIGIOSAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS

Por Armando Maya Castro

Misas e instalación de imágenes religiosas en los espacios públicos, una constante en Orizaba, Veracruz, un municipio donde el Estado laico se violenta con impunidad frecuentemente (Foto: El Mundo de Orizaba)

El Estado laico mexicano es objeto de diversas violaciones por parte de una clase política que no termina de aceptar que México es un país con diversidad religiosa, en el que, por mandato de ley, no se pueden instalar en los edificios públicos imágenes religiosas del catolicismo.

Y no se puede porque las instituciones públicas de nuestro país son frecuentadas no sólo por miembros de la Iglesia católica, sino por personas que, por profesar otras religiones, no se identifican con las imágenes de la iglesia mayoritaria, quien puede usarlas en sus propios espacios, mas no en los sitios donde convergen personas con distintas creencias religiosas.

Es posible que haya políticos que piensen que la solución salomónica a este tipo de problemas sería la creación de oficinas de gobierno exclusivas para evangélicos, judíos, musulmanes, ateos y demás religiosos, pues, existiendo tales dependencias, no tendrían necesidad de ir a las oficinas donde se exhiben las imágenes católicas, que ahora alternan con las de los héroes que nos dieron patria y libertad.

No necesitamos una solución con alta dosis de discriminación como esta, sino que las autoridades de gobierno se ciñan a los principios constitucionales de laicidad y separación del Estado y las iglesias, los cuales han sido quebrantados por muchos de los funcionarios públicos que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Cada que se produce una violación contra el Estado laico, como las que actualmente se presentan en Orizaba, Veracruz, y de las que enseguida les contaré, nos vemos en la necesidad de remitirnos al gran legado de Juárez, el estadista que promulgó en Veracruz las Leyes de Reforma (1855-1861), un conjunto de leyes que fueron elevadas a rango constitucional el 25 de septiembre de 1873, durante el régimen de Sebastián Lerdo de Tejada, mediante la Ley de Adiciones y Reformas de 25 septiembre de 1873, postulando, entre otros, el siguiente principio: “El Estado y la Iglesia son independientes entre sí. El congreso no puede dictar leyes, estableciendo o prohibiendo religión alguna” (Artículo 1).

A pesar de este principio histórico, plasmado en el artículo 130 constitucional, y no obstante que el artículo 40 de nuestra Carta Magna define a la República Mexicana como “laica”, las violaciones a la laicidad estatal se han convertido en México en el pan nuestro de cada día.

El caso que hoy preocupa, y por ello me ocupa, es el de Orizaba, un municipio veracruzano que se encuentra “violando el Estado laico y la Constitución mexicana al ceder un espacio público para la realización de actos de culto religioso como la celebración de una misa católica el domingo pasado” denunció Ángel Aburto Valencia, líder evangélico de esa región (El Mundo de Orizaba, 20 de junio de 2017).

El problema va más allá de las misas que se celebran en los inmuebles municipales, ya que el ayuntamiento orizabeño ha introducido imágenes de devoción católica en varios espacios públicos, situación que la próxima semana será llevada a la tribuna del Congreso local, indicó el diputado Rogelio Rodríguez García, quien lamentó el desconocimiento de la ley por parte de las autoridades municipales que cometen estas violaciones.

Libni Zuriel de la Cruz, estudiante de la carrera de Sociología de la Universidad Veracruzana, señala que al alcalde Diez Francos se le ha hecho común violentar las leyes en materia de laicidad, y explica el porqué de su señalamiento: “Fue durante su primera administración (2008-2010) que ‘puso el dedo en la llaga’ al instalar la estatua de San Miguel Arcángel en Los Arcos que limitan las ciudades de Orizaba y Rio Blanco, con cargo al erario público”. En su segunda administración (2014-2017), añade el también defensor del Estado laico, “ha inundado los espacios públicos de Orizaba de monumentos religiosos: la virgen de Guadalupe, en Plaza Bicentenario; la instalación de otra estatua de San Miguel Arcángel, en contra esquina del Palacio de Hierro, frente a la Catedral que lleva su mismo nombre; la instalación de una capilla en el expo parque de Dinosaurios”, entre otros.

Algo debe hacer Gobernación para acabar con la impunidad en materia de laicidad. Lo digo porque, al paso que vamos, a cualquiera de nuestros flamantes diputados se le puede ocurrir un proyecto de ley para autorizar la instalación de imágenes religiosas en espacios públicos, como lo hizo el pasado mes de mayo un legislador de la República de Uruguay, en un lamentable ataque a la laicidad y al espacio público.

El proyecto de ley en cuestión es del diputado uruguayo Pablo Abdala, quien lo presentó luego de “la votación negativa de parte de la Junta Departamental de Montevideo a la instalación de un monumento a la Virgen María en la rambla del Buceo, impulsada por la Iglesia Católica” (Sociedad Uruguaya, 6 de junio de 2017).

Si no queremos que en México suceda algo similar, debemos comenzar a realizar acciones firmes, orientadas a proteger al Estado laico, cuyo desmantelamiento equivaldría a restablecer el Estado confesional y, con él, la indeseable intolerancia religiosa.

Publicado en la edición impresa de El Mexicano de Tijuana, el 22 de junio de 2017

http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Tijuana/062217/22-06-2017_TIJ_13AA.pdf

jueves, 18 de mayo de 2017

LAICIDAD, EN ESTADO DE INDEFENSIÓN POR LA IMPUNIDAD

Por Armando Maya Castro
El gobernador Miguel Márquez Márquez, violentando las leyes que establecen el carácter laico del Estado mexicano y la separación de éste y las iglesias, consagró en ceremonia religiosa el estado de Guanajuato a la virgen María.

¿Se puede hablar de un Estado laico cuando las autoridades gobiernan con base en sus creencias religiosas, en lugar de privilegiar con sus acciones y decisiones gubernamentales los intereses del pueblo que los eligió?

La respuesta al anterior cuestionamiento es un NO rotundo, más allá de lo que en materia de separación del Estado y las iglesias establezca la Constitución General de la República y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. 

El verdadero Estado laico, que se caracteriza por ser independiente de cualquier confesión religiosa, es incapaz de otorgar privilegios a una religión en particular; tampoco los otorga a los ministros de culto al servicio de dicho credo. 

Esto último ocurre únicamente en un Estado confesional, cuya principal característica es la adopción oficial de una religión o la adhesión a ésta, ya sea a través de su Constitución, o bien, mediante los usos y costumbres, como ocurre en varios países de América Latina. 

Y menciono usos y costumbres porque las autoridades de México, con cinismo e impunidad, se han acostumbrado a incurrir en prácticas violatorias del Estado laico en los artículos 24, 40 y 130 constitucionales, así como de los artículos 1°, 3°, 25 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que es el ordenamiento jurídico reglamentario de las disposiciones constitucionales “en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público”. 

Y hablo de impunidad porque es la verdad. O dígame usted, ¿se impuso alguna sanción a los Duarte, ex gobernadores de triste memoria en Chihuahua y Veracruz, cuando pasando por encima de la Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir consagraron sus estados al sagrado corazón de Jesús y a la virgen María? ¿Sancionó Gobernación a la alcaldesa Margarita Alicia Arellanes Cervantes cuando entregó simbólicamente a Jesucristo las llaves de la ciudad de Monterrey?  ¿Se aplicó el peso de la ley a los demás alcaldes del norte de México que hicieron exactamente lo mismo que hizo la ex alcaldesa regiomontana? 

¿Y qué se hizo a las autoridades eclesiásticas que presidieron los actos religiosos en que ocurrieron los desacatos a la ley ya referidos? Absolutamente nada, a pesar de que existen evidencias de que en todos y cada uno de estos casos se violentó flagrantemente el Estado laico, el cual parece no importarle a la mayoría de nuestros políticos. 

Los anteriores casos de impunidad en materia de laicidad me llevan a asegurar que la Secretaría de Gobernación no impondrá ningún tipo de sanción al gobernador Miguel Márquez Márquez, por haber violado la Constitución al consagrar su estado a la virgen María, esto durante los festejos de los cien años de las supuestas apariciones de la virgen de Fátima, un acto que fue presidido por el arzobispo leonés Alfonso Cortés Contreras. 

El mandatario guanajuatense, que califica su consagración no como un acto de violación al Estado laico, sino como “un acto de fe a su religión”, ha señalado que no tenía contemplada la consagración de Guanajuato, “pero decidió hacerlo a petición del Vicario de la Diócesis de León, el padre Juan Rodríguez Alba, actual párroco de San Pío X”, refiere una nota publicada este miércoles en el portal de Periódico AM. 

Espero estar equivocado y que Gobernación, la instancia encargada de “vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas”, decida sancionar en lo sucesivo a todos los actores políticos y religiosos que violenten el Estado laico. Estará de acuerdo conmigo en que únicamente la aplicación de la ley puede combatir ejemplarmente la impunidad, una impunidad que no le hace bien a México, sino sólo a los jerarcas de la religión numéricamente mayoritaria.

Twitter: @armayacastro

Publicado el 18 de mayo de 2017 en El Mexicano

martes, 16 de mayo de 2017

LOS MAESTROS Y SUS DIFICULTADES

Por Armando Maya Castro
El presidente Lázaro Cárdenas del Río impulsó la educación socialista en su administración, provocando de 1934 a 1938 un levantamiento armado protagonizado nuevamento por los cristeros, quienes persiguieron con reprobable violencia a los  y las maestras rurales que impartían en las aulas dicha educación

Ayer se celebró en México el Día del Maestro, establecido como tal mediante un decreto del presidente Venustiano Carranza Garza, publicado el 5 de diciembre de 1917 en el Diario Oficial de la Federación en los siguientes términos: 

“Venustiano Carranza, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente: el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 

“Artículo 1o. Se declara Día del Maestro el 15 de mayo, debiendo suspenderse en ese día las labores escolares. 

“Artículo 2o. En todas las escuelas se organizarán ese mismo día, festividades culturales que pongan de relieve la importancia y nobleza del papel social del maestro" (Tinajero Portes, Luis. 1994. Días conmemorativos en la historia de México. México: Editorial Universitaria Potosina). 

En la celebración de ayer, el presidente Enrique Peña Nieto felicitó a través de Twitter a los maestros de México, para luego reconocer que su labor “es fundamental para el desarrollo y futuro de México”. Hizo lo propio el secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, quien publicó en su cuenta de Twitter: "Todo mi respeto y toda mi admiración a las maestras y los maestros de México”. 

Pero remontemos al primer festejo en acatamiento al decreto presidencial de 1917, el cual tuvo lugar en 1918, con el propósito de reconocer el compromiso y dedicación de las y los maestros en las aulas, así como su labor de formación cultural, que en algunos momentos de la historia de México ha sido minimizada e ignorada. 

De entonces a la fecha, el trabajo de los maestros ha sido reconocido por la mayoría de los mexicanos, aunque en algunos capítulos de la historia han atravesado por momentos complicados, siendo rechazados, incomprendidos y descalificados. Me referiré en primer lugar a las reacciones contra el decreto de "educación socialista", incorporado en 1934 al artículo tercero constitucional, "que se refería a que "la educación impartida por el estado debe ser socialista, debe excluir toda doctrina religiosa y combatir el fanatismo mediante la inculcación de un concepto racional y exacto del universo y de la vida social" (Franco, Jorge. 2015. Un instante en la eternidad: Un Punto en el Punto Azul. EE.UU. Palibrio).

Jorge Franco señala que cuando el gobierno trató de implantar dicha educación, en 1934, “muchos cristeros volvieron a levantarse en armas”, en lo que algunos autores han denominado como segunda cristiada o continuación del conflicto posrevolucionario acontecido entre los años 1926 y 1929. El autor antes mencionado, tras señalar que "desde 1931 se habían creado unas ‘legiones’ defensoras de la religión en Jalisco y Michoacán con unos 20,000 militantes", se refiere a las vejaciones que el personal docente sufrió en ese tiempo en algunas zonas rurales de México: "Las principales víctimas fueron los maestros rurales que no aceptaban dejar sus escuelas y comunidades. Durante el periodo del gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) trecientos maestros fueron asesinados y colgados, otros desorejados y torturados. También hubo linchamiento de, al menos, 42 maestros en el estado de Michoacán, lugar de origen de Cárdenas".

El escritor Edgar González Ruiz escribió el 9 de mayo de 2010 en Contralínea: “El 15 de mayo de 1935, el presidente Lázaro Cárdenas presidió una ceremonia en honor de los educadores asesinados o desorejados por los cristeros, y dispuso que cada año, en esa fiesta cívica, se leyeran los nombres de 10 de esos mártires de la educación”. Más adelante, el escritor en referencia señala que con el paso del tiempo “se ha ido perdiendo la memoria de los maestros sacrificados, mientras que los herederos ideológicos de los cristeros han llegado al poder y con los recursos del erario promueven el culto a los fanáticos de hace varias décadas”.

Es justo señalar que los problemas y sufrimiento de los maestros de México no ha sido ocasionado únicamente por su compromiso y defensa de la educación laica. La historia de México en las últimas décadas está plagada de actos de represión en contra de la clase magisterial, sobre todo cuando ésta ha tomado las calles para exigir, en términos poco ortodoxos, mejoras salariales y la abrogación de la llamada reforma educativa. 

Las cosas han sido difíciles para los maestros de México en los últimos tres sexenios, pero también lo fueron en los tiempos de los priistas Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Luis Echeverría, tanto así que CEMOS llegó a señalar que la represión fue “una de las más grandes vergüenzas” en dichas administraciones.


sábado, 6 de mayo de 2017

RECONOCIMIENTO AL APÓSTOL DE JESUCRISTO

Por Armando Maya Castro


Actualmente, diversos líderes en varias partes del mundo experimentan el descrédito y el rechazo de un importante número de sus gobernados. Este problema, según especialistas de la temática religiosa, no es exclusivo de los liderazgos políticos, sino también de varios líderes religiosos, algunos de los cuales se han visto obligados a renunciar a sus cargos, en tanto que otros, debido a los cuestionamientos que genera su quehacer religioso, defienden a capa y espada las reformas que impulsan con el propósito de cambiar las estructuras de las instituciones que dirigen.

Mientras esto les ocurre a algunos líderes religiosos de la época actual, que no encuentran la manera de detener las deserciones masivas de sus iglesias, ni cómo frenar el descenso en el número de vocaciones, el liderazgo del Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García sigue firme e inconmovible, contemplando el cumplimiento fiel de la promesa divina: “Si hoy ves grande a este pueblo, yo lo voy a multiplicar mucho más”. 

A semejanza del profeta Moisés, que sacó a los hijos de Israel de la servidumbre de Egipto para conducirlos a la tierra prometida, el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo ha liberado a través del Evangelio a decenas de miles de mujeres y hombres de la degradante esclavitud del pecado, poniendo al alcance de todos ellos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. 

Aparte de sus acciones de liberación en favor de las almas, el Apóstol Naasón Joaquín ha realizado una importantísima labor de formación moral, forjando mediante la doctrina apostólica a hombres y mujeres de valores, útiles al servicio de Dios, de la patria y de la humanidad. 

Su mensaje y ejemplo de vida han logrado alejar de los vicios que degradan la dignidad humana a un sinnúmero de seres humanos, transformando en personas pacíficas y de bien a hombres y mujeres que, en su pasado sin Dios y sin esperanza, representaban un problema para las autoridades y para su entorno familiar y social. 

Hoy, gracias a la paz, honestidad, amor, respeto, fraternidad y demás valores que inculca en los corazones el Evangelio que Dios ha revelado a su Apóstol, estas personas se conducen con verticalidad y respeto a las instituciones, leyes y autoridades que nos gobiernan, siendo ejemplos a propios y extraños. 

El ámbito educativo es otra de las áreas donde su liderazgo ha trascendido por la creación de centros de educación básica, media superior y superior, así como por el impulso a la superación académica y empresarial de los miembros de la comunidad en México y el mundo.  

Su labor social comprende también la creación de fundaciones, hospitales, clínicas y sanatorios sin fines de lucro en diversas metrópolis de México y el mundo, buscando proporcionar ayuda humanitaria y atender médicamente a las personas y familias de escasos recursos.

Esta extraordinaria labor ha sido reconocida por diversos gobiernos, organismos e instituciones académicas de México y diversos países del mundo, como podrá ser presenciado en la galería de reconocimientos otorgados al Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, la cual se exhibe del 5 al 8 de mayo bajo el título "Excelencia de Obras: una labor que trasciende", abierta al público en el Huerto Getsemaní, situado en la Glorieta Central de la colonia Hermosa Provincia de esta ciudad de Guadalajara.

El mayor reconocimiento a su vida y obra es el que en todo momento le otorga el Dios que lo eligió con Elección santa, así como el pleno reconocimiento del pueblo que Dios le ha dado, quien ha visto de cerca su esfuerzo desinteresado y su constante dedicación a su bienestar espiritual, material y social; un pueblo que este domingo 7 de mayo se regocijará en su nacimiento y agradecerá al Altísimo tan feliz acontecimiento. ¡Felicidades! 

Twitter: @armayacastro

sábado, 8 de abril de 2017

DÍA INTERNACIONAL DE REFLEXIÓN SOBRE EL GENOCIDIO COMETIDO EN RWANDA

Por Armando Maya Castro

Ayer viernes fue un día reflexivo para Rwanda y todos los países, personas y grupos humanos interesados en evitar la repetición de genocidios como el que tuvo lugar hace veintitrés años en ese pequeño país de África Central.   

La resolución A/RES/58/234, aprobada por la Asamblea General el 23 de diciembre de 2003, declara el 7 de abril de 2004 Día Internacional de Reflexión sobre el genocidio cometido en Rwanda. 

A través de la citada resolución, la Asamblea General, “guiada por la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos”, hace un llamado a la comunidad internacional, y “alienta a todos los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales competentes, así como a las organizaciones de la sociedad civil, a que observen el Día Internacional con actos y actividades especiales en memoria de las víctimas del genocidio cometido en Rwanda”. 

Asimismo, “hace un llamamiento a todos los Estados para que actúen de conformidad con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, a fin de que no vuelvan a repetirse acontecimientos como los ocurridos en Rwanda en 1994”. 

Este 7 de abril, durante la ceremonia de tributo a las víctimas del genocidio ruandés, el secretario general de la ONU, António Manuel de Oliveira Guterres, señaló que el mejor homenaje a las víctimas “es garantizar que crímenes tan monstruosos no vuelvan a ocurrir jamás”. En su mensaje señaló también que “prevenir los genocidios constituye una responsabilidad compartida y un deber central de la organización”. 

Es triste señalar que los esfuerzos orientados a hacer justicia a las víctimas del genocidio no han sido totalmente satisfactorios. Sin embargo, es obligado reconocer que se han logrado varias cosas, entre ellas el encarcelamiento de varios genocidas, aunque no de todos. Lo digo teniendo como base una nota de El País de España, publicada el pasado 6 de abril, la cual señala que "varias decenas de los ‘principales genocidas’ ruandeses viven en Europa, en particular en Francia, a menudo con total impunidad y sin ser molestados por la justicia".

Otro logro es que el papa Francisco haya admitido, finalmente, "los pecados y faltas de la iglesia y de sus miembros, entre ellos sacerdotes, religiosos y religiosas, que cedieron al odio y a la violencia, traicionando su misión evangélica", esto durante el genocidio que dejó en la República de Ruanda más de 800 mil muertos. 

Concluyo mi columna señalando que el “mea culpa” papal, así como la súplica de perdón de los obispos ruandeses, en noviembre de 2016, no puede considerarse un acto de justicia, menos si se sabe que varios clérigos presuntamente genocidas están en completa libertad, mientras que otros fueron defendidos en su momento por el papa Juan Pablo II, quien al ponerse del lado de los incriminados, dio la espalda a las víctimas del genocidio ruandés. 

Twitter: @armayacastro


Publicado en El Occidental


jueves, 6 de abril de 2017

A 91 AÑOS DEL INICIO DE LA RESTAURACIÓN

Por Armando Maya Castro
El Apóstol de Jesucristo cumple las actividades correspondientes a la décima etapa de su Gira Apostólica Universal (Foto: Berea Internacional).

El pasado 8 de diciembre se cumplieron dos años del llamamiento del Maestro Naasón Joaquín García al Apostolado, un ministerio que recibió no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, quien lo apartó para el Evangelio desde antes de la fundación del mundo.

Ese inolvidable día, Dios hizo a su Ungido una promesa de crecimiento sin parangón en la historia de La Luz del Mundo, una Iglesia que, en su gloriosa etapa de restauración, cumple este 6 de abril 91 años de presencia activa sobre la faz de la tierra, con un crecimiento espiritual, material y social que goza del reconocimiento de propios y extraños, lo mismo dentro que fuera del país.

Los artífices principales del progreso que la Iglesia de Cristo ha experimentado en estos 91 años son los apóstoles Aarón, Samuel y Naasón Joaquín, hombres a los que Dios eligió para el Apostolado desde antes de la existencia del tiempo, el espacio y la materia. 

Los éxitos y conquistas sin precedente en los últimos dos años de la Iglesia en su etapa de restauración, son resultado no sólo de la promesa divina, sino de la forma en que el Ungido de Dios ha interpretado las palabras que Dios le expresara en su llamamiento: “Naasón, ¡tú estarás al frente de este grande pueblo, y si hoy lo ves grande, yo lo voy a multiplicar aún mucho más!”. 

El Apóstol Naasón Joaquín sabe perfectamente bien que la promesa divina es digna de total confianza, por la fidelidad que caracteriza al que prometió. Sin embargo él, en vez de cruzarse de brazos a esperar que la promesa de Dios se cumpla por sí sola, se dedica de tiempo completo a la predicación del Evangelio, buscando en todas partes las almas que han sido predestinadas por Dios para salvación y vida eterna. 

Su forma de celebrar acontecimientos como el llamamiento del hermano Aarón Joaquín González al Apostolado, que tuvo lugar el 6 de abril de 1926 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, no es con nostalgia ni con la recurrencia al pasado, sino con trabajo, acción y predicación, dando a conocer a las almas sin Dios y sin esperanza el mensaje de la salvación espiritual, confirmando la fe de los creyentes y brindando consuelo a los afligidos por diversas pruebas.

Esto es lo que hace justamente el Siervo de Dios en la décima etapa de su gira apostólica universal, jornada de trabajo que comprende la visita apostólica a varias iglesias del Bajío Mexicano, una región que, como las demás regiones del país, ha experimentado un importante crecimiento espiritual en la presente administración apostólica.  

La grandeza de espíritu de los tres apóstoles de la Restauración, sus  incuestionable virtudes y el admirable trabajo que cada uno de ellos llevó a cabo en su tiempo, han logrado que esta comunidad tenga presencia y raigambre en 55 países de África, América, Asia, Europa y Oceanía, continentes donde la Iglesia La Luz del Mundo es conocida y reconocida, no sólo por lo que ha predicado en estos 91 años, sino también por lo que ha hecho en estas nueve décadas.

Twitter: @armayacastro

martes, 4 de abril de 2017

FALTA DE APLICACIÓN DE LA LEY, UN MAL QUE FOMENTA LA IMPUNIDAD

Por Armando Maya Castro
La persistente intolerancia religiosa sigue afectando a las minorías religiosas establecidas en México (Foto: NVI Noticias)

Para Eliseo López Estrada, teólogo de la iglesia Presbiteriana, el encarcelamiento de 10 Testigos de Jehová el pasado 8 de marzo en la región del Istmo de Tehuantepec, específicamente en Pueblo Viejo, agencia de San Francisco del Mar, es un acto de discriminación religiosa, producido por “el solo hecho de pensar diferente a los integrantes de esa comunidad”. 

Este y otros actos de discriminación e intolerancia religiosa en dicha región, así como los que tienen lugar en otras comunidades de Oaxaca y Chiapas, se producen no porque carezcamos de leyes orientadas a poner fin a la violencia religiosa, sino porque en México siguen existiendo personas y grupos que se niegan a aceptar que somos un país religiosamente plural. 

Las leyes de México son claras al respecto, como lo veremos a continuación. Comenzaré mencionando la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, reglamentaria de las disposiciones de la Constitución General de la República en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público, misma que establece en su artículo segundo, fracción A, que el Estado Mexicano garantiza en favor del individuo el siguiente derecho: “Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, en forma individual o colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia”. 

Lamentablemente, a pesar de nuestra Carta Magna y del anterior ordenamiento jurídico, en varios estados de la República Mexicana prevalece aún la “cultura” de la intolerancia sobre la libertad de creencias y de culto. Prueba de lo anterior es lo que ocurre en varios estados del país, donde el acoso arbitrario contra los diversos grupos evangélicos es el pan nuestro de cada día. 

El problema es que, para los autores de estos deplorables atropellos, la legislación nacional e internacional que salvaguarda los derechos religiosos de los seres humanos es sólo letra muerta, lo que me permite asegurar que la libertad religiosa en México es sólo una aspiración, no una realidad. Si esta libertad fundamental fuera plena en nuestro país, a estas alturas tendríamos que estar elogiando el respeto a la diversidad, en lugar de estar censurando los indignantes casos de intolerancia religiosa que tienen lugar en varias entidades de la República. 

En columnas anteriores lo he dicho, y el día de hoy lo repito: el problema no son únicamente las personas y grupos intolerantes que abundan a lo largo y ancho de México, sino la falta de aplicación de la ley por parte de nuestras autoridades de gobierno, un mal que, aparte de fomentar la impunidad, alienta a los enemigos de la libertad religiosa a seguir por el sendero de los atropellos y abusos en agravio de las minorías religiosas. 

Tengo bastante claro que la intolerancia religiosa se halla presente no sólo en México sino en varias naciones y credos del mundo. Sin embargo, nuestro deber es preocuparnos y ocuparnos de lo que ocurre en México, donde los casos de intolerancia religiosa son generados por las prácticas fanáticas de personas y grupos que aspiran al México confesional del pasado, en el que una sola religión dominaba a diestra y siniestra. 

Eran los años anteriores a Benito Juárez y los hombres de la Reforma, en el que las demás iglesias no tenían derecho a existir, mucho menos a realizar proselitismo para difundir entre la población sus convicciones religiosas. 

Twitter: @armayacastro



sábado, 25 de marzo de 2017

OBISPO DE CUERNAVACA: ¿MÁS IMPUNIDAD EN MATERIA DE ESTADO LAICO?

Armando Maya Castro


Esta semana la principiamos con la llegada de la primavera, la estación más alegre y bonita de todas, la cual llegó acompañada de la celebración del aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García, el más grande estadista mexicano, quien contó con la colaboración de un importante número de liberales extraordinarios, a cuyo aporte debemos, entre otras cosas, las Leyes de Reforma.

Estas leyes, cuyo objetivo principal era separar a la Iglesia católica del Estado, fueron expedidas por Benito Juárez en la ciudad de Veracruz, entre 1859 y 1860. Su promulgación al término de la Guerra de Reforma, fue un duro golpe para la Iglesia católica, y representó el debilitamiento político y económico de esta institución, la más rica y poderosa de todas las que existían en ese tiempo.

Al inicio de la semana que hoy culmina, fuimos también testigos de la continuación del enfrentamiento mediático entre Graco Ramírez Garrido, gobernador del estado de Morelos, y el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, quien se ha declarado “víctima de la persecución del gobernador morelense debido a mi participación en movimientos de protesta: me ha echado encima a la prensa que, en Morelos, está comprada por él; me ha hecho acusaciones ignominiosas, pero todo esto no importa porque no voy a dejar de señalar lo que está bien y lo que está mal”, advierte el alto dignatario católico.

Por su parte, Graco Ramírez hizo un llamado a la nunciatura apostólica en México, a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y, principalmente, a la Secretaría de Gobernación, para que “sujeten al orden” al obispo cuernavacense, quien “se ha convertido en un actor político y miente constantemente para obtener reflectores”, declaró Matías Quiroz, secretario de gobierno del estado de Morelos.

El respaldo al obispo, de parte de la Provincia Eclesiástica de México en su conjunto, no se hizo esperar. A través de una carta firmada por el cardenal Norberto Rivera Carrera y otros obispos, expresa al obispo Castro Castro “su comunión solidaria”, en lugar de llamarlo a ceñirse al artículo 130 constitucional, el cual dispone que “los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”.

Corresponde a la Secretaría de Gobernación determinar si el prelado violentó el ordenamiento jurídico antes mencionado al participar en la reunión celebrada el jueves 16 de marzo en la catedral de Cuernavaca, en la que según varios medios de comunicación se formó el frente “antigraco”, con el propósito de “diseñar una estrategia contra el gobierno de la entidad, encabezado por el perredista Graco Ramírez Garrido”, señala una nota de Rodrigo Vera, publicada en el portal web del semanario Proceso.

Eduardo Cubría Bernardi, delegado de la Segob en Morelos, señaló que esta instancia federal analiza la demanda presentada por el PRD, "para saber el alcance y consecuencia correspondiente". Agregó que el obispo debe sujetarse a "la particular interpretación que tiene la ley", por lo que deberá atenerse a las sanciones "a que haya lugar". No hay que perder de vista que la Secretaría de Gobernación es la responsable de “vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas”.

Concluyo mi columna lamentando que, a casi 160 años de la promulgación de las primeras Leyes de Reforma, estemos ante una serie de atropellos a los principios de laicidad y separación del Estado y las Iglesias, algo que, de un tiempo a la fecha, se ha convertido en México en el pan nuestro de cada día.

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jueves, 23 de marzo de 2017

GENOCIDIO DE RUANDA: INSUFICIENTE EL MEA CULPA PAPAL

Por Armando Maya Castro
El papa Francisco pidió perdón por el papel de la Iglesia católica en el genocidio de 1994 contra la minoría tutsi en Ruanda. 

Este 20 de marzo, el papa Francisco admitió finalmente "los pecados y faltas de la iglesia y de sus miembros, entre ellos sacerdotes, religiosos y religiosas, que cedieron al odio y a la violencia, traicionando su misión evangélica", esto durante el genocidio que dejó en la República de Ruanda más de 800 mil muertos. 

Ante Paul Kagame, presidente de ese país de África Central, el jefe máximo de la Iglesia católica hizo lo que el año pasado hicieron los obispos de Ruanda: disculparse “por todas las cosas malas que hizo la Iglesia” durante la actividad criminal que cubrió un lapso de cien días que se tiñeron de sangre, en los que, irracionalmente, la mayoría hutu eliminó al 75% de los tutsis étnicos. 

Los hechos genocidas tuvieron lugar hace casi 23 años, entre el 6 de abril y el 17 de julio de 1994, durante el pontificado de Juan Pablo II, quien al conocer las acusaciones contra algunos miembros del alto clero ruandés, salió en defensa de ellos, particularmente de Agustín Misago, obispo de Gikongoro, arrestado el 14 de abril de 1999, luego de que el presidente Pasteur Bizimungu lo acusara de participar en el genocidio.

La defensa papal fue firme, a pesar de que African Rights acusó a Misago de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Esta organización humanitaria, con sede en Londres, "sostiene que muchos curas y monjas acusados de haber participado en el genocidio de 1994 han sido redistribuidos por la Iglesia en parroquias europeas" (Clarín, 23/11/1999).

Volviendo al caso Misago, es obligado señalar que, para el fiscal, la culpabilidad del prelado era más que evidente, por ello pidió contra él la pena de muerte. Aquí los cargos que pesaban sobre Misago: se le responsabilizaba de haber negado refugio a los tutsis; de haber enviado a 30 escolares a la muerte; de haber creado un campo de refugiados en Murambi; de colaborar en la masacre de la iglesia de Kibeho, y de haber comprado 100 machetes. 

El 7 de mayo de 2014, el columnista de La Jornada, José Steinsleger, escribió sobre lo sucedido a un grupo de 90 niños tutsis que el 4 de mayo de 1994 fueron retenidos en una comisaría ruandés: “El prelado [Misago] dijo a los niños que no se preocuparan, que la policía los cuidaría. Tres días después, la policía asesinó a 82 de estos niños.”

El 15 de junio del año 2000, un año después de la detención del obispo, un veredicto del tribunal de Kigali absolvió a Misago de todas las acusaciones, triunfando al final la presión del Vaticano, quien a lo largo del proceso calificó como calumnioso el cargo de genocidio que pesaba sobre el prelado. 

En este mismo espacio he señalado anteriormente que el apoyo del Vaticano a Misago fue de tal magnitud que, en mayo del año 2000, estando el prelado aún en prisión, Juan Pablo II le envió un telegrama en el que le expresaba, entre otras cosas, lo siguiente: “Deseando que se le restituya la libertad y pueda volver a ser guía amorosa de su comunidad diocesana, invoco al Señor resucitado la presencia consoladora de su Espíritu. Mientras de corazón le envío mi bendición apostólica”. 

La sede papal defendió también a las monjas Consolata Mu-kangango (sor Gertrudis) y Julienne Mukabutera (sor María Kizito), acusadas de haber participado en la ejecución de 7 mil tutsis que buscaban refugio en el convento de Sovu. Fueron estas “religiosas” las que llamaron “a las milicias para que echaran del perímetro del convento a los tutsis", dándole combustible a los milicianos "para que quemaran a unos 500 tutsis que se habían refugiado en el estacionamiento del convento” (La Jornada, 09/06/2001).

El 8 de junio de 2001, un tribunal belga condenó a sor Gertrudis a 15 años de cárcel, y a sor María Kizito a 12 años de prisión, provocando la inmediata reacción del español Joaquín Navarro Valls, quien hizo pública la inconformidad del papa: "El Santo Padre no puede expresar sino una cierta sorpresa al ver cómo la grave responsabilidad de tantas personas y grupos envueltos en este tremendo genocidio en el corazón de África, recae en sólo unas pocas personas", expresó el entonces portavoz del Vaticano. 

Un “mea culpa” no lo es todo, y el papa Francisco lo sabe muy bien. Falta sentar en el banquillo de los acusados a los clérigos responsables de estos horripilantes hechos, sin olvidar jamás que el polaco Karol Wojtyla defendió a capa y espada a varios criminales con sotana, restándole importancia al dolor y exigencias de las víctimas y de los familiares de éstas. Con su proceder, Juan Pablo II dio también la espalda a los sacerdotes católicos tutsis, acerca de los cuales había dicho Misago: en Ruanda ya no se les quiere, pidiéndole al Vaticano que se los llevara de territorio ruandés. 

Twitter: @armayacastro

martes, 21 de marzo de 2017

YA SIN JUÁREZ…

Por Armando Maya Castro
En el aniversario del nacimiento de Benito Juárez, es obligado señalar que el legado de este héroe nacional se encuentra amenazado por los ancestrales enemigos de la laicidad (Foto: Euroresidentes)

Hoy, hace 211 años, nació Benito Pablo Juárez García, el mejor presidente mexicano de todos los tiempos, aunque a Vicente Fox Quesada le cueste trabajo reconocerlo, sobre todo después de haber declarado ante los medios de comunicación que él ha sido el mejor presidente de México, incluso por encima del Benemérito de las Américas. 

El nacimiento de Juárez tuvo lugar el 21 de marzo de 1806, en San Pablo Guelatao, una pequeña comunidad serrana perteneciente a la jurisdicción de Santo Tomás Ixtlán, Oaxaca, que en ese tiempo “apenas contaba con veinte familias”, escribió Juárez en “Apuntes a mis hijos”. 

Sus progenitores, Marcelino Juárez y Brígida García, eran "indios de la raza primitiva del país", y fallecieron cuando el pequeño Benito tenía tres años. Al faltar sus padres, él y sus hermanas María Josefa y Rosa quedaron bajo el cuidado de Pedro Juárez y Justa López, sus abuelos paternos, “indios también de la nación zapoteca”. 

Tras la muerte de sus abuelos, quedó al cuidado de su tío Bernardino Juárez hasta 1818, año en que se dirigió a la capital del estado, luego de haberse despertado en él “el noble deseo de adquirir instrucción y mejorar su suerte”. A la postre, la aspiración de aquel niño iba a mejorar no sólo su suerte, sino la de todo México, un pueblo que en ese tiempo luchaba por su independencia. 

Antes de su partida a Oaxaca, su tío tuvo el tino de motivarlo para seguir otros caminos de superación: “aprender el idioma castellano, lograr que los patrones de una casa particular de Oaxaca lo recibieran a su servicio a cambio de techo, alimento, ropa y el compromiso de enseñarle a leer y escribir el castellano y, como sueño inalcanzable, lo apoyaran a seguir la carrera sacerdotal, por ser el único medio para los indígenas pobres, de realizar estudios superiores en el Seminario que funcionaba en esa ciudad”, reseña Eduardo Philibert Mendoza.

Lo que consiguió a partir de entonces es presentado por la historia como un ejemplo de superación personal. Y no podía ser de otra manera si se toma en cuenta que aquel zapoteco de humilde condición, tras aprender a hablar, leer y escribir en español, cursó estudios hasta recibirse de abogado, llegando a ser gobernador de Oaxaca, ministro de la Corte de Justicia y presidente de la República.

Como presidente interino de México, expidió en Veracruz las Leyes de Reforma, orientadas a "organizar jurídicamente a la nación en un Estado republicano, federal y representativo y democrático, anulando la intervención de la Iglesia y de cualesquiera otras corporaciones". Jorge Carpizo define estas leyes como "la destrucción de las estructuras coloniales y medievales que habían perdurado durante el México independiente; esas leyes son parte del sustento mismo de nuestro constitucionalismo: libertad, igualdad, tolerancia, pluralismo, Estado laico, principio de legalidad y respeto a los derechos de las minorías. Estas leyes son el fundamento de nuestro Estado y la defensa del sistema constitucional" (“Juárez, jurista y defensor de la Constitución”, en Manuel Camacho Solís, Actualidad de Juárez, D.F.: UNAM, 2004, p. 36). 

En el aniversario del natalicio de Juárez, es importante reconocer que el mérito de las Leyes de Reforma no es sólo de él, sino de un grupo de políticos integrado, entre otros, por Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada, Ponciano Arriaga y Guillermo Prieto, hombres a los que les pertenece la gloria de ser “la generación de liberales que mayores alcances logró en la construcción del Estado mexicano”. 

Las Leyes de Reforma lograron, entre otras cosas: la desamortización y nacionalización de los bienes eclesiásticos, la separación Estado-Iglesia, la exclaustración de monjas y frailes, la secularización del registro civil, de los cementerios y de las fiestas públicas, además de la promulgación de la Ley sobre Libertad de Cultos, publicada el 4 de diciembre de 1860. 

Sobre la libre expresión, es obligado recordar que con Juárez mejoraron considerablemente las condiciones para la libertad de expresión, especificadas en la Constitución de 1857. Gracias a ello, se publicaron en ese tiempo periódicos de diferentes tendencias políticas e ideológicas, en los que se exponían y defendían las ideas de los diferentes grupos, “sin que ninguna autoridad pueda ejercer previa censura ni exigir fianza”. 

En ese tiempo, “México vivió por primera vez una época de plena libertad de expresión, sin cortapisa alguna. No hubo censura, ni periodística ni editorial. Juárez extendió la libertad hasta el campo de la educación: la que impartiera el estado sería laica pero los particulares podían impartirla en cualquier nivel”, recuerda José Manuel Villalpando en su obra “Benito Juárez: una visión crítica en el bicentenario de su nacimiento”.

Lamentablemente, ya sin Juárez, el carácter laico del Estado y de la educación se encuentran amenazados por los ancestrales enemigos de la laicidad, que son también los enemigos de la libertad de expresión, el instrumento más poderoso contra el autoritarismo, al que debemos proteger de cualquier amenaza, como lo haría Juárez si viviera.

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sábado, 18 de marzo de 2017

A 79 AÑOS DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA

Por Armando Maya Castro


Hoy se cumplen 79 años de la expropiación petrolera, un hecho histórico que reviste gran importancia y el más alto interés nacional. El aniversario de este gran acontecimiento me lleva a recordar que, la noche del 18 de marzo de 1938, el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, tomó la decisión de expropiar la industria petrolera en beneficio del pueblo de México. 

Con excepción de ciertos sectores anti cardenistas y de la derecha, la decisión presidencial contó con el decidido apoyo del pueblo de México, quien respondió con generosidad y alto sentido patriótico, desprendiéndose de sus pertenencias de valor económico y sentimental: dinero, anillos de bodas, brazaletes, pendientes y demás objetos de valor, “para que el gobierno pudiera pagar las indemnizaciones a las que tenían derecho las empresas extranjeras”.

A partir del decreto presidencial, pasaron a ser propiedad del Estado mexicano "la maquinaria, instalaciones, oleoductos, refinerías, taques de almacenamiento, vías de comunicación, carros-tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de 17 empresas petroleras", refiere Fernando Calzada Falcón, quien añade que la decisión presidencial “fue fortalecida con una iniciativa de reforma constitucional, presentada también por el Presidente de la República, con el fin de adicionar el sexto párrafo del artículo 27 constitucional, para establecer que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expidieran concesiones, sino que la explotación de esos productos se llevara a cabo por la Nación...". 

Diversas voces señalan que la reforma energética se diseñó para matar a Pemex, asestándole un golpe contundente al decreto expropiatorio de Lázaro Cárdenas, quien buscaba detener la insufrible actitud de las compañías petroleras extranjeras frente al país y al gobierno constituido. “De aquella decisión cardenista y su repercusión política, económica y social no queda ni un chisguete en el discurso oficial. Sólo el recuerdo histórico, si bien va”, escribió el pasado 14 de marzo Carlos Fernández-Vega, autor de la columna México S. A., que se publica en conocido diario capitalino. 

Opinan en sentido contrario las y los legisladores que pertenecen a los partidos que aprobaron la reforma energética. Convencidos de que se hizo lo correcto al aprobarla, califican la modificación constitucional no como un acto de privatización, sino como un acto de responsabilidad histórica, madurez política y vocación democrática del actual gobierno. 

En sentido contrario se pronunció este 17 de marzo la coordinadora de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle García, quien evocó los tiempos pasados al señalar que “fuimos orgullo petrolero por décadas”, lo cual cambió con la reforma energética del 12 de diciembre de 2013.

Pemex, “la gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando”, señaló el pasado 13 de enero el presidente Enrique Peña Nieto, quien intentaba justificar así el retiro del subsidio al precio de la gasolina, una manera artificial de mantener su precio bajo, explicó el jefe del Ejecutivo Federal. 

Pese a la anterior declaración, que describe el enorme daño que la corrupción política le ha hecho a Pemex, me quedó con lo que dice el columnista Fernández-Vega, quien señala que “el sector energético es y será sin duda uno de los estratégicos para México. Nuestro país es el octavo productor de crudo a escala mundial y principal proveedor del energético a Estados Unidos; en 2016, Petróleos Mexicanos (Pemex) registró ventas totales por 52 mil millones de dólares e ingresos por exportaciones de crudo por 15 mil 575 millones.” 

A 79 años de la expropiación petrolera, tengamos presente que Pemex sigue siendo clave para la economía del país, por lo que es necesario realizar mayores esfuerzos para hacer a esta empresa más productiva, y para lograr ponerla a salvo de la voracidad de los malos políticos, esos que sólo piensan en su bienestar y no en el del pueblo de México.

Twitter: @armayacastro


jueves, 16 de marzo de 2017

CONSTITUCIÓN CDMX ENFRENTA VARIAS INCONFORMIDADES, HASTA DE IGLESIAS

Por Armando Maya Castro
La Constitución de la Ciudad de México, la primera en la historia de esta ciudad, enfrenta una ola de impugnaciones 

El Senado de la República acaba de informar que presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional en contra de la Constitución Política de la Ciudad de México, un documento que ha sido impugnado por varias instituciones, entre ellas la Presidencia de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ), así como los partidos Nueva Alianza y Morena. 

El Gobierno de la Ciudad de México ha defendido a capa y espada la Constitución capitalina, calificando dicha ley fundamental como “la más progresista e innovadora de Latinoamérica”, así como “un logro de la cooperación política, pero sobre todo, de la participación ciudadana”, señala el portal de Gobierno capitalino. 

La impugnación del Senado, que se une a otras siete impugnaciones, no le preocupa demasiado a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, al PRD capitalino y al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, quien ha calificado las controversias constitucionales, las demandas de inconstitucionalidad y los amparos ante la SCJN, como ataques del gobierno federal, soslayando, no sé si a la ligera, que una de las impugnaciones viene de los magistrados del TSJ de la Ciudad de México, por causa de los artículos 35 y 37 de la Constitución que aprobó la Asamblea Constituyente el pasado 15 de febrero.

La Iglesia Católica se lanzó también contra la Constitución capitalina a través del editorial del semanario Desde la Fe, calificándola como “una constitución asesina que no reconoce lo más valioso para cualquier ser humano aun desde el vientre materno, la dignidad de la vida”. Para la Arquidiócesis Primada de México, el documento en cuestión es “ilegítimo, atropellado, recetario de ideologías y de absurdos jurídicos”, aunque esto no es raro en el “modus operandi” de la Iglesia católica, quien ha descalificado en varios momento de la historia de México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como algunas de las leyes patrias que le impiden recuperar los privilegios que esta institución tuvo en el pasado.  

Similar “inconformidad” por su redacción han expresado las iglesias que conforman el Consejo Ecuménico de México, del que forma parte la arquidiócesis primada de México, así como la Eparquía Maronita de Nuestra Señora de los Mártires del Líbano, la Iglesia Católica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquia en México, el Sínodo Luterano de México, la Diócesis en México de la Iglesia Ortodoxa en América OCA, la Eparquía Greco Melquita de Nuestra Señora del Paraíso en México, la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, la Iglesia Evangélica Misionera del Pacto Misión DF, y la Iglesia Ortodoxa Griega en México.

Los integrantes del Consejo Ecuménico de México, soslayando el principio de separación del Estado y las iglesias, califican el texto como no equitativo, “ya que la mayoría de los habitantes de la CDMX profesan la fe en Cristo, y los constituyentes dan la impresión de seguir consignas ideológicas y partidistas minoritarias que van en contra del derecho a la vida y de la dignidad humana, al dejar sin protección a aquellos que por sí mismos no pueden defenderse”. 

Destacan, asimismo, la inconveniencia de llamar “matrimonio” a las uniones homosexuales, al tiempo de explicar que la remoción de toda discriminación por razón de la orientación sexual no requiere la inserción de un nuevo modelo en la institución matrimonial. 

La postura del Consejo Ecuménico de México, del que es miembro fundador el cardenal Norberto Rivera Carrera, califica el matrimonio como "una unión heterosexual basada en la complementariedad de sexos”, y añade que tal unión “es la base para la constitución de una familia”. Sobre la heterosexualidad, afirman que “es un elemento constitutivo esencial del propio concepto de matrimonio", por lo que consideran que "designar a una unión homosexual con el nombre de matrimonio es empobrecedor, y ocasiona confusión, ya que designa con el mismo término a realidades diferentes".

Estas iglesias insisten en el tema, olvidando que en un país como México, donde la Constitución General de la República establece los principios de laicidad y separación del Estado y las iglesias, el matrimonio civil es competencia exclusiva del Estado. Es a él, no a las iglesias, al que le corresponde definir el matrimonio civil. La función de los ministros de culto es trabajar en la preservación del matrimonio religioso tal como lo concibe cada asociación religiosa, haciendo lo que sea necesario para evitar la alteración del mismo. 

Concluyo mi columna celebrando el compromiso de la SCJN, el Máximo Tribunal Constitucional del país, cuyo trabajo en materia de revisión de las impugnaciones coadyuvará a que los habitantes de la Ciudad de México tengan la Constitución que se merecen. 

Twitter: @armayacastro 

http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Tijuana/031617/16-03-2017_TIJ_14AA.pdf 




martes, 14 de marzo de 2017

LA TORTURA, DE LA INQUISICIÓN A NUESTROS DÍAS

Por Armando Maya Castro
El potro, uno de los instrumentos de tortura más utilizados en la vigencia de la Inquisición, cayo en desuso. Sin embargo, la tortura sigue siendo una práctica utilizada por las corporaciones policíacas de varios países, México entre ellos.

Mediante un comunicado de prensa, el Sistema Universitario Jesuita instó a la Cámara de Diputados a “aprobar prontamente” la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, toda vez que la práctica se ha convertido en un problema de carácter generalizado. 

Tras señalar que “el proyecto aprobado por el Senado a finales de abril de 2016 sentó bases sólidas para la continuación de los trabajos en la Cámara de Diputados, los jesuitas señalan: “Nos preocupa que frente a la gravedad del problema, la agenda legislativa esté centrada en un proyecto de Ley de Seguridad Interior que, lejos de mejorar la situación de los derechos humanos en México, incluyendo en materia de tortura, podría profundizar los graves efectos de la militarización del país”.  

Los solicitantes piden a los diputados federales “ceñirse a las recomendaciones” que hizo el relator especial sobre tortura en el informe de seguimiento que realizó hace dos años, donde se señala que “no ha cambiado” la situación sobre esa práctica.

Los jesuitas se refieren a las recomendaciones puntuales de Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, que en abril de 2014 realizó una visita oficial a México con el propósito de disminuir los índices de tortura policiaca existentes en varios estados de la República mexicana.

En marzo de 2015, basado en la investigación que realizó en su estancia en México, el relator especial presentó ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe sobre la tortura. En él afirma que la tortura en México es una práctica generalizada, lo que causó malestar en el gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto.

Al gobierno de Peña Nieto le desagradó que Juan Méndez haya dicho que en nuestro país la tortura “ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación”, algo que negó al señalar a través de Jorge Lomónaco Tonda lo siguiente: “No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad”. En ese tiempo, Lomónaco, representante permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, reiteró el compromiso del gobierno mexicano para prevenir, erradicar y sancionar la tortura, al tiempo de pedir a los relatores especiales de la ONU sustentar sus informes en “la realidad objetiva e incluyendo todos los puntos de vista”. 

Me parece interesante que el llamado a la Cámara de Diputados lo hayan hecho los jesuitas, una orden religiosa con una tradición en el campo de la educación,  pero que pertenece a la Iglesia católica, quien llegó a utilizar la tortura en la vigencia de la inquisición, instituida en 1231 a través de los estatutos “Excommunicamus” del papa Gregorio IX, con el propósito de reprimir la herejía, o lo que la Iglesia romana “etiquetaba” como tal. 

El papa Inocencio IV le imprimió a la inquisición un carácter más diabólico. El 15 de mayo de 1252, a través de la bula “Ad extirpanda”, autorizó el uso de la tortura en los interrogatorios inquisitoriales, legalizando así la tortura física que, aunque ya se practicaba en otros tribunales, era considerada ilegal y “ajena a la práctica canónica”, señala el escritor Samuel Vila.

En su obra “Estudios sobre la Inquisición”, José Antonio Escudero señala que la inquisición española hizo uso de tres procedimientos de tortura: la garrucha, la toca y el potro. De la garrucha dice: "consistía en sujetar a la víctima los brazos detrás de la espalda, alzándose desde el suelo con una soga atada a las muñecas, mientras de los pies pendían las pesas". Sobre la toca explica: "...el reo era subido a una especie de escalera, para luego doblarle sobre sí mismo con la cabeza más baja que los pies. Situado así, se le inmovilizaba la cabeza para introducirle por la boca una toca o venda de lino, a la que fluía agua de una jarra con capacidad para algo más de un litro. La víctima sufría la consiguiente sensación de ahogo, mientras de vez en cuando le era retirada la toca para conminarle a confesar". 

Finalmente Escudero se refiere al potro, “instrumento al que era atada la víctima. Con la cuerda de su cuerpo y en las extremidades, el verdugo daba vueltas a un dispositivo que progresivamente la ceñía, mientras el reo era advertido de que, de no decir la verdad, proseguiría el tormento dando otra o varias vueltas más”. 

Esperemos que el llamado de la ONU haga eco en la Cámara de Diputados, y que nuestros legisladores empiecen a hacer lo necesario para erradicar los actos de tortura que algunas corporaciones policíacas practican en sus interrogatorios, violentando así los derechos humanos de las personas que son sometidas a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Twitter: @armayacastro

sábado, 11 de marzo de 2017

VISITA PAPAL Y PEDERASTIA CLERICAL EN COLOMBIA

Por Armando Maya Castro

Momento en que el cura William de Jesús Mazo Pérez es llevado por el personal del Inpec, luego de recibir la condena de 33 años de cárcel, por abusar sexualmente en 2009 de 4 menores. El abogado de la arquidiócesis de Cali culpó a los padres de los niños de la agresión, generando todo tipo de reacciones en un país que próximamente visitará el papa (Foto: El País.com.co)

El próximo mes de septiembre, el papa Francisco visitará Colombia, un país donde la pederastia clerical ha golpeado la credibilidad de los católicos, principalmente a los de la arquidiócesis de Cali, sumida en el  desprestigio por los abusos sexuales del sacerdote William de Jesús Mazo Pérez en agravio de cuatro menores, a quienes invitó a dormir a la parroquia y les ofreció dinero a cambio de su silencio. 

El problema se agravó mediáticamente cuando el abogado de la demarcación eclesiástica acusó de “corrompidos, de viciosos y mal educados” a las víctimas inocentes. El abogado Elmer Montaña declaró que el apoderado Walther Collazos “prácticamente los señala de haber seducido al cura”, al tiempo de acusar a los padres por permitir que sus hijos quedaran bajo la custodia del cura agresor. El abogado de las víctimas denunció también que el arzobispo intentó negociar económicamente con él para que abandonara el caso.

Bajo el título “Culpa exclusiva de las víctimas indirectas”, el documento del arzobispado caleño indica que la conducta del cura Mazo Pérez “no puede mirarse de manera aislada […], debe mirar si la participación de las hoy llamadas víctimas indirectas fue la más coherente al sentido común, al llamado de la sociedad y la familia, al cuidado de los menores…”. 
Esta respuesta, que buscaba evadir el pago de una indemnización de $ 8.270 millones de pesos, generó una lluvia de comentarios, críticas y severos cuestionamientos, obligando al arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, a ofrecer disculpas públicas por los abusos sexuales cometidos por sacerdotes, reiterando “el compromiso a observar cero tolerancia a estas conductas, denunciadas por los mismos menores, por sus padres o parientes, o por cualquier persona que las conozca”. 

Los colombianos esperan del papa un pronunciamiento firme contra la pederastia clerical, en concordancia con la carta del pasado 28 de diciembre, en la que el pontífice romano pide a los obispos del mundo custodiar a la niñez frente a los “Herodes de nuestros días, que fagocitan la inocencia de nuestros niños”. El texto, emitido con motivo de la conmemoración del día de los Santos Inocentes, señala que la inocencia de los niños ha sido “desgarrada bajo el peso del trabajo clandestino y esclavo, bajo el peso de la prostitución y la explotación”, así como por las guerras y la emigración forzada, con la pérdida de todo lo que esto conlleva. Párrafos después añade que la Iglesia católica “llora no sólo frente al dolor causado en sus hijos más pequeños, sino también porque conoce el pecado de algunos de sus miembros: el sufrimiento, la historia y el dolor de los menores que fueron abusados sexualmente por sacerdotes”. Y remata el párrafo que alude a los abusos sexuales de clérigos con una expresión desafortunada: “Nos unimos al dolor de las víctimas y a su vez lloramos el pecado. El pecado por lo sucedido, el pecado de omisión de asistencia, el pecado de ocultar y negar, el pecado del abuso de poder”. 

Quizás usted se pregunte, ¿qué razón tiene el que esto escribe para calificar como desafortunada la expresión papal? Le respondo respetuosamente: la pederastia y todo lo que contribuye a su impunidad no es pecado; es delito y debe ser sancionado como tal con todo el rigor de la ley, a fin de acabar con la amenaza que se cierne contra la niñez de hoy. Es desafortunado que a estas alturas el papa siga llamando pecado al ominoso delito de pederastia, causante del dolor y sufrimiento de miles de niños y sus familias. 


martes, 7 de marzo de 2017

EL ESTADO LAICO, OTRA VEZ EN LA MIRA

Por Armando Maya Castro
Desde la Fe, el órgano informativo de la arquidiócesis primada de México que preside el cardenal Norberto Rivera, pide renovar las relaciones de las iglesias con el Estado (Foto: El Universal).

La Iglesia católica, anhelante de reformas constitucionales que le permitan recuperar los privilegios que tuvo en la vigencia del México confesional, acaba de hacer un llamado a renovar las relaciones de las Iglesias con el Estado. 

Este domingo, en la editorial "Libertad religiosa en moderna laicidad", publicada en el semanario Desde la fe, la arquidiócesis primada de México, a cargo del cardenal Norberto Rivera Carrera, consideró que en México se vulneran los derechos humanos de los ministros de culto, esto tras señalar que “nuestro país parece quedar a la saga en materia de libertad religiosa, no obstante las recientes reformas a los artículos 24 sobre el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y 40 sobre la condición laica del Estado mexicano”. 

El texto arquidiocesano se remonta enseguida a la reforma constitucional de junio de 2011, en la que se modificó “el régimen de garantías individuales para reconocer los derechos humanos”. Y añade: “A la luz de lo anterior, se requiere de una revisión al derecho de libertad religiosa y la actualización de la Ley de Asociaciones Religiosas que parece anquilosada”. 

Luego de criticar con severidad la prohibición constitucional para que los ministros de culto sean votados, el texto califica de absurdo el artículo 130 constitucional, que establece la separación del Estado y las iglesias, calificándolo como fruto podrido del laicismo, así como el causante de que los clérigos sean tenidos más abajo que ciudadanos de segunda. 

En materia de medios de comunicación, la arquidiócesis se muestra contraria a la cláusula limitativa asentada en el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de acuerdo con la cual, “las asociaciones religiosas y los ministros de culto no podrán “poseer o administrar, por sí o por interpósita persona, concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, ni adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva”. 

El texto critica asimismo la negación de la objeción de conciencia, señalando que “la legislación internacional de derechos humanos reconoce, como condición indispensable de la libertad religiosa, que cualquier persona pueda argumentar razones de conciencia y de religión contra cualquier ley injusta e inmoral lesivas de sus convicciones más íntimas”. Tras este señalamiento, critica con dureza la legislación mexicana, “asida al irracional argumento que dice que nadie puede oponerse a las leyes del país, incluso si éstas arremeten contra la vida y la dignidad de las personas”.

El párrafo quinto de la editorial constituye una arremetida fuerte contra el carácter laico de la educación, pues señala que, “en ese laicismo, México vive una condición hipócrita al atentar contra el justo derecho de los padres para que sus hijos reciban educación religiosa en las escuelas. Y es hipócrita porque la ideología de género y lobby gay pretenden introducir en las aulas ideas nocivas y contrarias a las convicciones de millones en desacuerdo con esta imposición ideológica. Efectivamente, en este país no existen garantías para lograr la educación integral y libre conforme al derecho de los padres de familia”.

Como podemos observar, el objetivo de la arquidiócesis es bastante claro: lograr en tiempos electorales las reformas constitucionales que le interesan a la jerarquía católica, quien insiste en el retorno de la educación religiosa a las escuelas públicas, como ha quedado demostrado en la mencionada editorial, así como en la exposición de motivos de la reforma del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada con lamentable desaseo legislativo el 15 de diciembre de 2011.  

Lo que en realidad debe preocuparnos son las andanzas de las y los legisladores de México, quienes en eventos pasados le han dado la espalda al pueblo de México, legislando en favor de los intereses y exigencias de un clero ávido de poder y de ejercer el control social. La preocupación crece al saber que vivimos tiempos electorales, en los que, por el interés al voto de los católicos, nuestra clase política puede echar por tierra el Estado laico y la educación que en el marco del mismo se imparte, algo que sería verdaderamente lamentable. 

Esperemos que nada de esto suceda, y que los mexicanos estemos a la altura y seamos capaces de evitar que prospere este intento de desmantelamiento del Estado laico, el único régimen jurídico que es capaz de limitar el poder de las iglesias, garantizando la libertad de conciencia y el combate de la intolerancia religiosa, así como el otorgamiento de un trato igualitario y sin privilegios a las asociaciones religiosas.

Twitter: @armayacastro

Publicado el martes 7 de marzo de 2017 en El Mexicano de Tijuana