jueves, 28 de abril de 2016

EL VALOR DE LA VIDA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Por Armando Maya Castro

Más allá de la raza, oficio y posición social, la vida de todos los seres humanos es altamente valiosa. Lo es la vida del presidente de una nación, como la del ciudadano más pobre y marginado del país que dicho mandatario gobierna. Tiene el mismo valor la vida de un rico que la de un pobre, la de un letrado que la de un analfabeto, la de un famoso que la de un desconocido.

A pesar del valor e importancia de la vida, debemos admitir que vivimos en una época marcada por la violencia y el desprecio por la vida humana. Así lo demuestran los constantes homicidios, suicidios, secuestros, guerras y torturas que tienen lugar en varias partes del mundo, prácticas que, por su frecuencia, han agotado nuestra capacidad de asombro.

Ahora que toco el tema del valor de la vida, me parece importante señalar que la estima de ésta supera por mucho el valor de los bienes materiales; por eso, cuando se produce un lamentable caso de secuestro, las personas que han pasado por esa dolorosa experiencia han estado dispuestas a dar toda su fortuna con tal de conservar la vida del familiar plagiado.

Es justamente por el valor de la vida, que el homicidio está socialmente condenado en la mayoría de los países del mundo, y en todos ellos existen normas jurídicas orientadas a sancionarlo para evitar su impunidad y su indeseable multiplicación.

A pesar de estas penas y de los esfuerzos de las instituciones públicas para disminuir los ataques contra la vida, los homicidios siguen siendo en México y en muchas otras naciones del mundo, el pan nuestro de cada día. Lo anterior, aparte de ser lamentable, revela que la sociedad de nuestro tiempo vive un acelerado proceso de descomposición social, resultado de una innegable crisis de valores.

Por el valor de la vida de cada persona, las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia deben realizar un trabajo eficiente, que responda a las exigencias de justicia de los familiares de las víctimas, procurando que los asesinatos de todas las personas sean debidamente sancionados, y que ninguno de estos casos quede en la impunidad.

Tras esta aclaración, me referiré al asesinato del periodista Francisco Pacheco Beltrán en la ciudad de Taxco, Guerrero, la mañana del pasado lunes 25 de abril. Por su trascendencia, el caso ha sido condenado enérgicamente por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y hasta por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), quien a través de Irina Bokova, su directora general desde 2009, pidió a las autoridades mexicanas investigar este crimen que –dijo– “socava la capacidad de los medios de llevar adelante su trabajo y limita el acceso público a la información”.

Es justamente por lo que dijo la búlgara Bokova, y no porque la vida de un periodista valga más que la de las demás personas asesinadas, que los casos de violencia en perjuicio de los periodistas produce mayor revuelo en redes sociales y medios de comunicación.

Sobre este punto en específico, Andrés Cañizález, en el libro Libertad de expresión: una discusión sobre sus principios, límites e implicaciones, señala: “Cuando un periodista en el ejercicio de sus funciones es agredido, herido o asesinado se tiene una víctima humana, individual, pero también es una pérdida social, pues el conjunto de la sociedad dejará de contar con una fuente informativa". El autor antes mencionado nos recuerda el principio noveno de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual establece que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenazas a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

Deseo señalar, por último, que para la CIDH, los ataques "a comunicadores sociales constituyen no sólo una violación directa de sus derechos a la vida y a la integridad física, sino que tales hechos atentan contra la libertad de expresión e información del conjunto de la sociedad, y por tal motivo lanza condenas tan enérgicas cuando se producen hechos de esta naturaleza". ¿Usted qué opina?

Twitter: @armayacastro

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