jueves, 23 de abril de 2015

NUEVAS FORMAS DE INTOLERANCIA RELIGIOSA

Por Armando Maya Castro

En la actualidad, los grupos antisectarios, so pretexto de advertir a la sociedad sobre el peligro que representan lo que ellos llaman “sectas”, llevan a cabo una de las formas más despiadadas de intolerancia religiosa.

En todo el mundo han surgido movimientos de esta naturaleza, cuyo modus operandi describe el escritor Pepe Rodríguez, en su obra Adicción a Sectas. Luego de explicarnos cómo todo movimiento social provoca la aparición de contramovimientos, el autor exhibe la injerencia de algunos sectores de la Iglesia católica en dichos grupos: “En el movimiento social antisectario actual se ha producido un peculiar maridaje entre los intereses de familias afectadas por “sectas” –representados desde hace algo más de dos décadas por Pro Juventud/AIS– y los de la Iglesia católica que, viendo amenazada su clientela por el fenómeno creciente e imparable de las “sectas” cristianas, ha potenciado expertos que, salvo honrosas excepciones, no pasan de ser meros predicadores que anatematizan a grupos sin fin basándose en informaciones magnificadas y manipuladas, cuando no totalmente falsas, a fin de poder encajarlas en sus intenciones evangelizadoras”.

El escritor español antes mencionado sostiene enseguida que “no deja de ser una fina ironía el hecho de que entre los antisectarios actualmente más activos –particularmente desde instituciones públicas–, destaquen miembros del catolicismo más ultraconservador y, claro está, del Opus Dei”.

Si un investigador de la estatura de Pepe Rodríguez se atreve a aseverar esto es porque posee pruebas de sus señalamientos. El Opus Dei (Obra de Dios, en latín), fundado por José María Escrivá de Balaguer en 1928, es el movimiento laico católico más importante al interior del catolicismo. Actualmente cuenta con más de 80 mil miembros, muchos de los cuales trabajan “en más de 600 periódicos, revistas y publicaciones científicas distribuidos por todo el mundo”. El dato anterior fue tomado del libro En el nombre de Dios, cuya primera edición tuvo lugar en 1984. Si en aquel tiempo habían irrumpido en 600 medios escritos, puede estar usted seguro que hoy por hoy se encuentran presentes en muchos más medios. Pero, según se desprende de lo aseverado por Pepe Rodríguez, los miembros de esta organización no sólo han infiltrado gente en los medios de información, sino también en los movimientos anticulto.

Los opusdeístas, que actualmente apoyan las acciones intolerantes de los grupos anticulto, han sido calificados como una secta peligrosísima. Esto dice de ellos el grupo católico de oración María Auxiliadora, el cual señala que el fundador del Opus Dei “fue conocido por su carácter irascible y su vulgar personalidad”. Según esta agrupación, Escrivá de Balaguer “poseía una mente enferma y una personalidad codiciosa, vulgar, soberbia y perversa” (https://jonkepa.wordpress.com/…/la-verdad-sobre-el-opus-de…/). Peter Beglar, quien es mencionado en la página web antes mencionada, afirma que “Escrivá estuvo internado como paciente psiquiátrico por cinco meses en un manicomio”. Beglar argumenta que su estancia en el hospital para enfermos mentales tenía el propósito de escapar de la persecución durante la guerra civil. Sin embargo, el mencionado grupo católico descarta que haya permanecido en el manicomio para ponerse a salvo de la pretendida persecución, asegurando que permaneció “en el hospital para tratar su enfermedad mental”.

A pesar de que la igualdad de derechos de las mujeres ha sido reconocida por las leyes y por la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 16.-1), Escrivá de Balaguer las ha discriminado, afirmando que “deberían ser como una alfombra donde la gente pueda pisar”. 

En la página web del grupo María Auxiliadora se afirma que la intolerancia del Opus Dei hacia los otros credos es ciega. Como ejemplo de la intransigencia opusdeísta señalan que la reina Isabel, cabeza de la Iglesia Anglicana, “es tildada de demonio” (Ibíd).


Si la Iglesia Anglicana —que cuenta con 80 millones de fieles en 165 países del mundo, y que posee una fuerza impresionante en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Nigeria— ha sido discriminada por el Opus Dei, ¿qué pueden esperar del Opus Dei las minorías religiosas?

Los movimientos anticulto, en los que participan opusdeístas y miembros de otras órdenes religiosas intolerantes, realizan un trabajo que favorece al catolicismo. Así lo demuestra el ataque despiadado a los grupos religiosos cuyo crecimiento y expansión constituye una seria amenaza para los intereses de la Iglesia católica. Estas iglesias y sus dirigentes han estado y seguirán estando en la mira de los grupos anticulto y de algunos opusdeístas. Los medios de comunicación, donde miles de éstos laboran, han sido utilizados en diversas ocasiones para vilipendiar a los dirigentes de las confesiones religiosas minoritarias, cuya limpia trayectoria ha sido atestiguada por la sociedad misma.

Los ataques de estos grupos a las minorías que despectivamente llaman sectas cristianas, no se producen únicamente en España, sino en diferentes partes del mundo, en donde “han perjudicado con sus acusaciones a personas o grupos que nada [tienen] que ver con sus desvaríos inquisitoriales” (Pepe Rodríguez, Adicción a Sectas, Ediciones B, S.A., Barcelona, 2000, pp. 153, 154). Para orquestar sus campañas difamatorias, los grupos anticulto seleccionan a las iglesias de brillante trayectoria, es decir, aquéllas que representan una amenaza para el catolicismo. ¿Qué sigue después? Una serie de calumnias que causa severos daños a la reputación de las personas y de los grupos religiosos que están en su mira. Pero de ello nos ocuparemos posteriormente.

Twitter: @armayacastro

sábado, 18 de abril de 2015

ESPAÑA BUSCA SER UN ESTADO LAICO; MÉXICO RETROCEDE EN LA MATERIA

Por Armando Maya Castro
La apuesta de Pedro Sánchez, secretario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), es hacer un Estado laico en España. 

A diferencia de México, que constitucionalmente es un Estado laico, España no lo es. Como varios países europeos, España es un Estado aconfesional, que no es lo mismo que un Estado laico, pese a que algunos confunden aconfesional con laico.

Y es que no puede ser laico un país que el 3 de enero de 1979, en la vigencia de la Constitución española de 1978, firmó los acuerdos que sustituyeron el Concordato de 1953 entre España y el Vaticano, orientados a financiar a la Iglesia romana y a impulsar su proselitismo a través de la educación.  

No puede llamarse laica, sino confesional, una nación cuya Carta Magna señala, primero, que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española”, e inmediatamente después cita expresamente el nombre de una religión particular, indicando que esos poderes públicos “mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones” (Artículo 16.3).

La mención de una confesión religiosa específica en el texto constitucional constituye un atentado a la igualdad jurídica de las iglesias, un principio que en cualquier Estado laico, democrático y pluralista tiene plena garantía. Este tratamiento constitucional desigual y discriminatorio, es imposible que se dé en un Estado genuinamente laico. 

Aunque no explicite ningún privilegio para la religión que se cita con nombre y apellidos, la sola mención de la Iglesia Católica en la Constitución concede a esta religión un privilegio implícito que niega a las demás confesiones religiosas. Alguien podría argumentar, en defensa del texto constitucional, que no pueden mencionarse a todas porque son muchas. Si esto es así, los constitucionalistas españoles debieron haber asentado en el texto constitucional que los poderes públicos mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con todas las confesiones religiosas, sin mencionar el nombre de una iglesia. 

Además, todos sabemos que el Estado español, en conformidad con los acuerdos entre España y el Vaticano, proporciona dinero a la Iglesia católica para sus colegios, arregla los edificios religiosos de esta institución religiosa, sufraga el salario de los profesores de religión. Asimismo, tiene privilegios económicos en exenciones de impuestos y recibe terrenos gratis para sus parroquias, entre otros privilegios. 

Por lo anterior, me parece altamente atractiva la propuesta en materia de laicidad de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, secretario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La tarde del pasado miércoles, el economista y político español hizo el siguiente anuncio: “Mi apuesta será hacer un Estado laico en España. A todos los niveles, en educación, en materia de impuestos y también sobre las propiedades que tiene la Iglesia Católica”, explicó. 

Sánchez, quien acaba de recibir del expresidente del gobierno español, Felipe González, el apoyo como candidato del PSOE a la presidencia del gobierno, aseguró que, de llegar a la Moncloa, sacará la religión de las escuelas públicas y volverá a recuperar la asignatura de educación para la ciudadanía.
La apuesta de Pedro Sánchez empieza por la escuela, “una educación laica, sin religión en la escuela, pero siempre con respeto a los creyentes”, señaló al abundar sobre el tema, y agregó: “Yo llevo a mis hijas a un colegio público donde les enseñen educación cívica y no religión, un colegio donde se formen ciudadanos y no sotanas”.

Esta propuesta llega en un tiempo en que la Conferencia Episcopal Española ha elaborado un currículo de Religión Católica para primaria, secundaria y bachillerato, con claros contenidos catequéticos, que favorecen los intereses del romanismo en materia educativa. 

Mientras que en España el PSOE y Podemos se pronuncian por un Estado laico, en México se sigue produciendo un preocupante retroceso en materia de laicidad. El mejor ejemplo, la reforma del artículo 24 constitucional, cuyo dictamen contemplaba el desmantelamiento del carácter laico del Estado y de la educación. Por este y otros embates contra el Estado laico, urge sacar de la congeladora la iniciativa Ley General de Laicidad, presentada el 23 de octubre de 2014 en la Cámara de Diputados por el perredista Víctor Raymundo Nájera Medina. Esta propuesta es necesaria para acabar con “los casos de violaciones del Estado laico por diversas autoridades en diversos lugares del país y la ausencia de sanciones, a pesar de la promulgación de la reforma al artículo 40”, que define al Estado mexicano como una República laica. Por bien de México, ojalá que pronto se discuta y apruebe, en los términos en que fue presentada, la Ley General de Laicidad.

Twitter: @armayacastro

Publicado en el diario El Occidental, el sábado 18 de abril de 2015


jueves, 9 de abril de 2015

GENOCIDIO RUANDÉS

Por Armando Maya Castro
Cerca de un millón de personas fueron ejecutadas en el genocidio ruandés 

Al cumplirse 21 años del genocidio de Rwanda, el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, hizo un llamado a la comunidad internacional a "que no se limite a hablar de las atrocidades sin adoptar medidas oportunas para prevenirlas", indicó Radio ONU.

Ese fue, sin lugar a dudas, el propósito de la resolución A/RES/58/234, aprobada por la Asamblea General el 23 de diciembre de 2003, en la que declara el 7 de abril de 2004 Día Internacional de Reflexión sobre el genocidio cometido en Rwanda.

A través de dicha resolución, la Asamblea General “alienta a todos los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales competentes, así como a las organizaciones de la sociedad civil, a que observen en Día Internacional con actos y actividades especiales en memoria de las víctimas del genocidio cometido en Rwanda”. Asimismo, “hace un llamamiento a todos los Estados para que actúen de conformidad con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, a fin de que no vuelvan a repetirse acontecimientos como los ocurridos en Rwanda en 1994”.

Para entender lo que pasó entonces en ese pequeño país de África Central, es importante remontarnos al 6 de abril de ese año. Ese día, los presidentes Juvenal Habyarimana y Cyprien Ntaryamira, de Ruanda y Burundi, respectivamente, perecieron en un “accidente” de aviación que Carla del Ponte narra así en su libro La caza: yo y los criminales de guerra: "Atardecía el 6 de abril de 1994 y el presidente Habyarimana volaba hacia Kigali tras una ronda de negociaciones para poner en práctica los acuerdos del reparto de poder. El piloto francés acababa de maniobrar para la aproximación final cuando alguien lanzó un proyectil tierra-aire que borró el aparato del cielo sin dejar rastro".

Tras el atentado, un grupo de la etnia hutu cercano a Habyarimana comenzó a ejecutar los planes de matanza organizada en agravio de civiles tutsis, a quienes responsabilizaron del doble magnicidio. Las víctimas del genocidio ruandés superaron el millón de personas, la mayoría de la etnia tutsi, aunque también fueron ejecutados miles de hutus moderados.

El actual presidente ruandés, Paul Kagame, ha acusado a Francia de haber tenido un “papel directo en la preparación del genocidio”. También ha responsabilizado a “oficiales belgas y a la Iglesia católica” de instaurar en su país una organización política responsable del odio étnico que desencadenó la matanza en cuestión (Excélsior, 7 de abril de 2014).

Una nota reciente de la agencia noticiosa EFE señala que, este 7 de abril, el mandatario de Rwanda insistió en que “es incomprensible que aquellos que predican la libertad sean aquellos que acogen a genocidas, en alusión a “la corte francesa que recientemente ha absuelto a un conocido genocida”, señaló Kagame.

Respecto a la implicación de algunos miembros del clero católico en el genocidio ruandés, Linda Melvern señala en su libro Un pueblo traicionado: el papel de occidente en el genocidio de Ruanda: “El apoyo católico al nacionalismo hutu era tan patente que, cuando se produjo el genocidio de 1994, el arzobispo de Kigali, Vicente Nsegiyumva, ocupaba un puesto en el Comité central del partido en el poder y estaba íntimamente ligado al entorno más próximo a ‘Poder hutu’, la asociación que organizó el genocidio”. La escritora aclara, con la debida mesura: “no todos los miembros de la Iglesia eran tan próximos al régimen, y algunos predicaban en favor de la reconciliación”.

Entre los procesados por su participación genocida se encuentran el extinto arzobispo Agustín Misago, dos monjas benedictinas: Consolata Mu-kangango (sor Gertrudis) y Julienne Mukabutera (sor María Kizito), acusadas de haber contribuido en la ejecución de 7 mil tutsis que buscaban refugio en el convento de Sovu. La participación de estas “religiosas” consistió en llamar “a las milicias para que echaran del lugar a los desesperados tutsis del perímetro del convento. Les dieron gasolina a los milicianos para que quemaran a unos 500 tutsis que se habían refugiado en el estacionamiento del convento” (La Jornada, 9 de junio de 2001).

Cuando un tribunal belga impuso a sor Gertrudis y María Kizito una condena de 15 y 12 años de cárcel, respectivamente, la sede papal reaccionó inmediatamente: “El Santo Padre no puede expresar sino una cierta sorpresa al ver cómo la grave responsabilidad de tantas personas y grupos envueltos en este tremendo genocidio en el corazón de África, recae en sólo unas pocas personas”, declaró Joaquín Navarro Valls, en ese tiempo portavoz del Vaticano.

Por la implicación de estos clérigos, la Iglesia católica en Ruanda seguirá siendo considerada corresponsable de un genocidio cuyo principal propósito era el extermino de la población tutsi.

Twitter: @armayacastro


Publicado el 9 de abril en el diario El Mexicano

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/editoriales/3/16/editorial/2015/04/09/843745/en-plan-reflexivo


martes, 7 de abril de 2015

EN LA RUTA HACIA UN ESTADO CONFESIONAL

Por Armando Maya Castro
José Ángel Córdova Villalobos, candidato a la presidencia municipal de León por la Coalición PRI-PVEM-Panal, acudió  a misa de Resurrección el domingo 5 de abril. A diferencia de otros candidatos a alcaldes en el estado de Guanajuato, que acudieron a misa rodeados de sus seguidores, Córdova Villalobos se hizo acompañar sólo de su familia (Foto: Xóchitl  Álvarez / El Universal)

Este domingo comenzó la carrera por los votos con su característico ruido electoral: las promesas de campaña, las propuestas, la guerra sucia de quienes creen que, en nombre del triunfo, todo se vale, la propaganda electoral a lo largo de 60 días en radio y televisión de los candidatos a puestos de elección popular, lo que equivale a un bombardeo de 97 mil horas de propaganda política. ¡Vaya capacidad de resistencia la nuestra!

A esto debemos agregar algo que es altamente preocupante: las violaciones a la Ley Electoral, los irresponsables llamados a no votar y a la abstención (que se castigarán con multa y cárcel, según las reformas político-electorales aprobadas en 2014), y el proceder de los candidatos que decidieron comenzar sus campañas acudiendo a misa en busca de la bendición sacerdotal. Estos políticos y el partido que lanzó como candidato a presidente municipal de Agua Prieta, Sonora a un sacerdote católico, pasan por alto la sana separación entre política y religión, un tema que es vital para detener el proceso de desmantelamiento del Estado laico. 

Aunque hay voces que lo niegan, la lenta erosión de la laicidad estatal no sólo favorece el tan temido retorno del Estado confesional, sino también el retorno de la intolerancia religiosa a nuestro país, un mal que, a pesar de las leyes, sigue teniendo dolorosa presencia en la mayoría de las entidades de la República Mexicana, principalmente en los estados de Chiapas, Hidalgo y Oaxaca.

Nadie desea el retorno de ese tiempo de intolerancia religiosa ni la vuelta de las leyes confesionales que se expidieron durante la vigencia del Estado confesional, las cuales establecían en forma rotunda: "La religión de la Nación española es y será la Católica, Apostólica, Romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra"

Esta es la imperativa declaración de la Constitución Política de la Monarquía Española, mejor conocida como la Constitución de Cádiz, promulgada por las Cortes Generales de España, reunidas extraordinariamente en Cádiz, el 19 de marzo de 1812. En la Nueva España, la Constitución gaditana fue promulgada y jurada el 30 de septiembre de ese año. Todos sus decretos se aplicaron, excepto lo relativo a la libertad de prensa, porque, según los defensores de la Corona, favorecía a los insurgentes en sus intentos independentistas. 

De acuerdo con este texto legal, el catolicismo era la confesión religiosa de los españoles en ambos hemisferios. El rasgo intolerante de la Carta Magna en referencia aparece con el mismo énfasis en las constituciones que en los años posteriores se promulgaron en México, hasta que se expidió la Constitución de 1857, que puso fin a la etapa de las constituciones confesionales e intolerantes del México post independiente. 

Esta Constitución fue desdeñada desde su publicación por el clero católico y por los miembros del Partido Conservador, dedicados a favorecer desde su trinchera los intereses de poder político y económico de la Iglesia romana. Uno de los principales enemigos de esa ley fue el General Félix María Zuloaga, quien promulgó, el 17 de diciembre de 1857, el Plan de Tacubaya, un pronunciamiento político formulado por este militar, así como por Manuel Silíceo,  José María Revilla, Mariano Navarro y Juan José Baz, gobernador del Distrito Federal. 

El artículo primero del Plan de Tacubaya desconocía la primera Carta Magna liberal de México en los siguientes términos: “Desde esta fecha cesará de regir en la República la Constitución de 1857”. 

Tras la promulgación de dicho plan comenzó la Guerra de Reforma, que enfrentó, de 1858 a 1861, a los conservadores y liberales, ocasionando un terrible baño de sangre y la inestabilidad económica de México. Lo único bueno de esos años fueron las Leyes de Reforma, expedidas en el Puerto de Veracruz (1859-1860), en el marco del conflicto en cuestión.

En aquellos años, Benito Juárez y los hombres de la Reforma enarbolaron con admirable valor y ejemplar fuerza la bandera de la legalidad, defendiendo sin titubear los intereses de México. A estos liberales debemos la nacionalización de los bienes del clero, la separación de la Iglesia y el Estado, la exclaustración de monjes y frailes, la secularización del registro civil, cementerios y fiestas públicas, así como la promulgación de la Ley sobre la Libertad de Cultos. 

Todo esto aconteció para bien de México hace poco más de 150 años, lapso que la Iglesia católica ha sabido aprovechar para echar por tierra algunos de los logros juaristas en materia de laicidad y separación Estado-iglesias. Estos esfuerzos han prosperado gracias a la condescendencia de un Poder Legislativo que ha satisfecho las exigencias clericales en materia de reformas constitucionales. Afortunadamente contamos con el artículo 40 constitucional, la “única posibilidad de impedir que México avance en la ruta hacia un Estado confesional”.

Twitter: @armayacastro


Publicado el 7 de abril en el diario El Mexicano