martes, 21 de octubre de 2014

LOS OTROS RESPONSABLES DE LA INTOLERANCIA RELIGIOSA

Por Armando Maya Castro

Desde hace algún tiempo, los nuevos grupos religiosos suelen ser conceptuados como sectas por quienes son reconocidos como estudiosos y expertos del fenómeno religioso, sin que éstos tomen en cuenta que la Iglesia que Jesucristo fundó fue, en el siglo primero de nuestra era, una religión nueva, con un mensaje nuevo, que el fundador del cristianismo llamó Evangelio, palabra que proviene del griego “evangelion”, que quiere decir “buena nueva” o “buena noticia”.

Los religiosos intolerantes de aquella centuria nunca vieron con buenos ojos al cristianismo; persiguieron con saña desmedida a su fundador y a quienes lo profesaban, al grado de complicarles la vida a los miembros y autoridades de la Iglesia primitiva, algunas de las cuales experimentaron el martirio, como lo padeció también Jesucristo, el Hijo de Dios.  

Hoy en día, bajo el argumento de que las llamadas sectas religiosas son altamente peligrosas, y de que la sociedad necesita estar protegida contra las “actividades nocivas” de éstas, la historia de discriminación y violación a los derechos humanos de los integrantes de las minorías religiosas se repite, sin que a los investigadores y a sus fuentes les interese el daño que provocan a los miembros de las comunidades religiosas que califican como sectas. Esto ocurre en nuestro país a pesar de las leyes y de una serie de tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos adoptados desde de 1945, mismos que han conferido una base jurídica a los derechos humanos inherentes.

Si consideramos que los más perjudicados por esta intolerancia son los menores de edad, hijos e hijas de quienes profesan una fe distinta al catolicismo, nos daremos cuenta que no se trata de un daño menor o insignificante, sino de un daño mayúsculo, que podemos y debemos evitar, si es que en verdad nos interesa que reine la paz social y la convivencia armónica en las escuelas y demás sitios públicos donde concurre la diversidad.

Y cuando hablo de daño me refiero a las diversas expresiones y acciones de intolerancia y discriminación religiosa que padece la población evangélica a lo largo y ancho de México, con actos de crueldad que forman un amplio catálogo: expulsiones masivas, cortes de suministro de agua y energía eléctrica, violaciones, amenazas, lesiones, asesinatos y otros crímenes que, por la inacción de la Secretaría de Gobernación, han quedado, en su inmensa mayoría, sin solución y sin castigo. 

Me parece oportuno señalar que es justamente este tipo de impunidad la que anima a varias personas y grupos a mantener su inflexible postura de intolerancia religiosa en contra de las personas y familias que, en pleno ejercicio de la libertad religiosa, deciden incorporarse a determinado credo religioso.

En Chiapas, el estado mexicano con más conflictos basados en motivaciones de índole religiosa, la intolerancia de los llamados católicos tradicionalistas es un fenómeno en franco ascenso. Esto a pesar de que los números demuestran que se trata de la entidad federativa con la diversidad religiosa más amplia del país, con una población no católica que, según el Censo de Población 2010, alcanza ya el 42 por ciento, incluido el 12.1 por ciento que se declaró sin religión (El Universal, 18 de abril de 2014).

Desde los años sesenta hasta la fecha, los católicos tradicionalistas de Los Altos de Chiapas han expulsado de sus comunidades a más de 40 mil evangélicos por sus creencias religiosas. Estos casos de violencia religiosa, que en la administración de Juan Sabines Guerrero tuvieron un alarmante repunte, han obligado a miles de evangélicos a emigrar a otros estados de la República mexicana y, a muchos de ellos, a la Unión Americana.

Lo realmente sorprendente es que cuando ocurren estos lamentables eventos, los sociólogos que indilgan a los evangélicos el epíteto de secta, son los primeros en salir a descalificar en medios este tipo de acciones, sin admitir que, en cierta medida, ellos también son responsables de dicha intolerancia, por calificar como sectas a varias minorías religiosas, exhibiéndolas ante la sociedad como grupos dedicados a actividades turbias, que “distorsionan valores e ideas tradicionales: la convivencia, la dependencia familiar, el trabajo, la propiedad individual o las ideas propias”. 

Una manera de contribuir a la disminución de estos actos de intolerancia religiosa sería legislar para que en México se sancione y prohíba terminantemente el uso del término secta cuando con éste se haga referencia a las asociaciones religiosas que son respetuosas de las leyes del país y que cuentan con su correspondiente registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación.

Twitter: @armayacastro

sábado, 18 de octubre de 2014

EL INM Y LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES

Por Armando Maya Castro 

El pasado lunes 13 de octubre viajé a la Ciudad de México por motivos de trabajo. A mi regreso a Guadalajara pude confirmar que la revisión en materia de migración es más estricta que en materia de tráfico de estupefacientes, esto a pesar de que está debidamente documentado que algunos grupos dedicados al narcotráfico han llegado a utilizar autobuses de pasajeros para el traslado ilícito de drogas.

Y lo digo porque personal del Instituto Nacional de Migración  (INM), que tiene la misión de fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros, realizó dos revisiones –por cierto muy amables– al autobús en que retorné a esta ciudad, pidiendo a los que viajábamos a bordo de la unidad probar con cualquier credencial nuestra identidad mexicana.

Estas acciones de revisión son necesarias, lo mismo que los operativos que se realizan en varios estados de la República con el propósito de reducir el éxodo de migrantes a la Unión Americana, logrando con este tipo de actividades el rescate de miles de personas que no pueden acreditar su estancia ilegal en México. Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que con estos operativos se brinda protección a los migrantes centroamericanos, además de impedir que sean objeto de extorsiones, secuestros y violaciones por parte de policías corruptos y miembros del crimen organizado.

Siempre he estado convencido de que ningún problema hay en la ejecución de este tipo de operativos. El problema sería que en el desarrollo de los mismos se cometieran atropellos a los derechos humanos de los migrantes, como ha ocurrido en operativos que se han realizado en el estado de Tabasco y en la zona limítrofe de Oaxaca y Chiapas; esto según información periodística y denuncias de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes se han dado a la tarea de documentar y denunciar tales abusos.

¿Son estos atropellos hechos aislados, como han sido calificados por quienes aplauden y defienden el trabajo del Instituto Nacional de Migración? Para organizaciones no gubernamentales como el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), las violaciones a los derechos humanos perpetrados por agentes del INM no son hechos aislados, sino “prácticas institucionalizadas”. Así lo señala el Insyde en su “Informe sobre estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración, en el que, a través del Observatorio Ciudadano de los Derechos Humanos del Migrante, recaba 171 testimonios de indocumentados para conocer los abusos a los que han sido sometidos.

Hace algún tiempo, el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, A.C., señaló a los agentes del INM y a las autoridades policiacas como los principales protagonistas de las prácticas xenofóbicas y de la criminalización hacia los migrantes centroamericanos. En esa ocasión la Asociación Civil antes mencionada dijo que los abusos en contra de los centroamericanos en suelo mexicano “son parte de una política migratoria xenofóbica”, ejemplificándolo con el caso Tultitlán, Estado de México; Matías Romero, Oaxaca; Chiapas, etcétera.

Lo cierto es que cada vez que se cometen abusos de esta naturaleza aparece la reacción expedita de personas y organizaciones que exigen el cese de la discriminación en contra de los migrantes. Son estas personas y grupos los que han propuesto mecanismos de control externo y la capacitación de los agentes del Instituto Nacional de Migración, exigiendo que se difundan los derechos de los migrantes y se dé acceso a periodistas y defensores a las estaciones migratorias, además de demandar la agilización de los mecanismos de denuncia ante instancias oficiales que permitan la sanción de agentes que abusan de sus funciones.

En anteriores colaboraciones lo he dicho y hoy lo repito: la lucha de las organizaciones defensoras de los derechos humanos debe seguir hasta lograr la plena erradicación del trato cruel y arbitrario que se inflige a los migrantes procedentes de Centroamérica. Las autoridades mexicanas, en vez de molestarse o pensar en tomar represalias contra los defensores de los derechos humanos, deberían de comenzar a reconocer que los migrantes son, ante todo, seres humanos con derechos que merecen ser respetados.

Publicado el sábado 18 de octubre en los diarios La Prensa JaliscoEl Mexicano de Tijuana



Twitter: @armayacastro



domingo, 12 de octubre de 2014

UN CUENTO DE NUNCA ACABAR

Por Armando Maya Castro
A pesar del Estado laico, el gobernador de Oaxaca asistió a la coronación de la Virgen de Juquila. Fue acompañado por Alfredo Laguna Rivera, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), así como por varios secretarios, senadores y diputados federales y locales


La sangrienta Guerra de Reforma fue consecuencia de la intervención del clero del siglo XIX en prácticamente todos los asuntos civiles, situación que le otorgaba prerrogativas y le permitía tener un poder enorme en el conjunto social.

Benito Juárez y los hombres de la Reforma realizaron una serie de esfuerzos orientados a lograr una separación efectiva entre el Estado y las iglesias, pues estaban convencidos de que una sana distancia entre ambas instituciones es necesaria para lograr la verdadera independencia, así como una República donde reine la igualdad y se acaben los privilegios para unos cuantos.

Es una verdadera pena que los esfuerzos legislativos de los liberales del siglo XIX hayan sido minimizados por la clase política que gobernó México del año 2000 al 2012, dos sexenios en los que el Estado laico fue atropellado impunemente por varios funcionarios panistas, comenzando por Vicente Fox Quesada, quien no fue capaz de respetar el Estado laico, pese a que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan.

No está por demás recordar que Vicente Fox, el primer día de su mandato, acudió a la Basílica de Guadalupe para demandar la ayuda de la imagen que se venera en ese santuario. Así comenzó la administración foxista, que se caracterizó por su opacidad y por los constantes atropellos a las leyes que establecen el carácter laico del Estado.

Fue en ese tiempo cuando el presidente de origen guanajuatense “comprometió a los panistas a impulsar una reforma que le quite todos los candados constitucionales a la Iglesia [católica]…”. Aunque en su sexenio no logró su propósito, sus esfuerzos prepararon el camino para que en la administración de Felipe Calderón Hinojosa comenzara el proceso de reforma del artículo 24 constitucional, cuya finalidad es el otorgamiento de privilegios y prerrogativas a la Iglesia católica, lo que se traduce en discriminación para las demás asociaciones religiosas y, por ende, en un sinnúmero de obstáculos e inequidades para el ejercicio pleno de la auténtica libertad religiosa.

El Estado laico tampoco fue respetado por Felipe Calderón Hinojosa, pese a que como candidato presidencial se comprometió a respetarlo y fortalecerlo. Lo hizo así el 31 de mayo de 2006, en una reunión con integrantes de la comunidad judía, ante quienes señaló: “No se debe confundir religión y política. No debe trasladarse el credo propio a la actividad del servicio público, tiene que distinguirse”.

En esa administración, los sectores más retrógrados de la ultraderecha mexicana procuraron el tránsito de México hacia un Estado confesional, basándose en el argumento de que la mayoría de los mexicanos son católicos y guadalupanos. Los políticos que trabajaron en dicho proyecto minimizaron en hecho de que la confesionalidad estatal es incompatible con el trato igualitario, equitativo y justo que merece una sociedad religiosamente plural como la nuestra.

Fue en ese sexenio cuando Calderón intentó “guadalupanizar” por decreto a todos los mexicanos, afirmando sin mesura que “la señora de Guadalupe es un signo de identidad y de unidad”. Y prosiguió: “Somos guadalupanos independientemente, incluso me atrevería a decir, mucho de la fe, de las creencias y las no creencias y, desde luego, lo es para quienes profesamos la fe católica, a quienes congrega desde luego esta imagen tan representativa de México y de los mexicanos”.

Las declaraciones del entonces presidente de México violentaron el carácter laico del Estado mexicano, intentado establecer prejuiciosamente su fe guadalupana a la totalidad de los mexicanos, lo que resulta anticonstitucional y violatorio de nuestros derechos, toda vez que, por mandato constitucional, no se pueden “dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna” (artículo 24 constitucional).
Ya no están Fox ni Calderón, pero muchos funcionarios federales, estatales y municipales de nuestro tiempo siguen atropellando impunemente el principio de separación iglesias-Estado. El problema es que lo hacen a pesar de la reforma del artículo 40 constitucional, que reafirma el carácter laico del Estado.

El ejemplo más reciente en ese sentido lo tenemos en Gabino Cué Monteagudo, quien ha participado, en su carácter de gobernador constitucional del estado de Oaxaca, en actividades religiosas, poniendo en riesgo el principio de laicidad que caracteriza al Estado mexicano.

El mandatario oaxaqueño asistió a la ceremonia de coronación pontificia de la Virgen de Juquila que se celebró en el cerro de “El Azufre”; acompañó al arzobispo José Luis Chávez Botello y al nuncio apostólico, Christophe Pierre, participando en una ceremonia cien por ciento religiosa, en la que participaron diversos servidores públicos y funcionarios del gobierno del estado, entre ellos el secretario de salud, Germán Tenorio Vasconcelos, el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, los senadores del PRD y PRI, Benjamín Robles Montoya y Eviel Pérez Magaña.

Esta vez fueron los funcionarios antes mencionados, mañana serán otros, pero lo cierto es que esto de los atropellos al Estado laico parece ser un cuento de nunca acabar, con repetidas violaciones a las leyes mexicanas, sin que la Secretaría de Gobernación inicie el procedimiento administrativo al que se refiere el artículo 30 de la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público.

Twitter: @armayacastro

jueves, 9 de octubre de 2014

CLIMA DE DIVISIÓN EN EL SÍNODO DE LA FAMILIA

Por Armando Maya Castro

Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones y articulista del diario La Jornada, se refiere en su más reciente artículo al "ambiente enrarecido" que existe en el Vaticano, donde –asegura– “las tensiones se han vuelto a crispar”, como lo demuestra la “insurrección de sectores tradicionalistas que ya no toleran los contenidos ni las insinuaciones del papa Francisco, así como su forma de gobernar, respaldada en una enorme popularidad”.

¿A qué y a quiénes se refiere el experto en religiones cuando escribe sobre lo anterior y asegura que la insubordinación conservadora ha iniciado una campaña contra Francisco, a través de medios de comunicación, sitios web, redes sociales, edición de libros y declaraciones periodísticas que reprueban la actitud reformista del Papa argentino? (La Jornada, miércoles 8 de octubre de 2014).

Se refiere, sin lugar a dudas, a los cinco cardenales que escribieron el libro “Permanecer en la verdad de Cristo: Matrimonio y comunión en la Iglesia Católica”, en el que hacen un llamado a no flexibilizar las reglas por las que se excluye del sacramento de la comunión a los divorciados que se vuelven a casar. Entre los autores de la citada obra –a la venta desde el 1 de octubre en Italia y Estados Unidos– destaca Gerhard Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un dicasterio que estuvo a cargo del conservador Joseph Ratzinger de 1993 al día que fue elegido como pontífice romano, el 19 de abril de 2005.

Barranco se refiere también al intelectual y periodista católico Antonio Socci, autor del libro titulado Non è Francesco: la Chiesa nella grande tempesta (No es Francisco: la Iglesia en la gran tempestad), en el que cuestiona la legitimidad de la elección al papado de Jorge Mario Bergoglio, acaecida el 13 de marzo de 2013, así como la histórica renuncia de Benedicto XVI, el 11 de febrero de  ese año. Socci,  quien pertenece al movimiento laico Comunione e Liberazione, argumenta que “en el cónclave no se respetaron las reglas de la constitución apostólica Universi Dominici Gregis”, además de poner en duda “la legitimidad jurídica del pontificado de Francisco, concluyendo que Benedicto XVI declara renunciar al ministerium, no al papado. Por tanto, Benedicto XVI sigue siendo el legítimo romano pontífice, aunque sin el ejercicio activo del ministerio petrino” (Ibíd).

Se refiere, en definitiva, a los sectores conservadores que le han mostrado los dientes al papa argentino, llamándole de izquierda y presionándole para que el Vaticano no haga cambios en su tradicional postura sobre temas espinosos. El papa ha respondido a este tipo de presiones llamando a los disidentes a “no ser indiferentes a la suerte de muchos de nuestros hermanos, sino abiertos y solidarios hacia ellos”, y a “rechazar siempre las posiciones parciales, unilaterales, que nos encierran en nosotros mismos”.

En este clima de alta tensión por las divisiones entre tradicionalistas y conservadores de un lado, y aperturistas y progresistas del otro, se desarrolla en la sede papal la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de obispos sobre la Familia, en la que participan 253 personas, entre obispos, presidentes de Conferencias Episcopales del mundo entero, jefes de iglesias católicas orientales o miembros de la Curia Romana.

Al referirse a las divisiones existentes en la Iglesia católica, el cardenal canadiense Marc Ouellet señaló que obispos “divididos según partidos no es algo propio de la Iglesia y por eso debe ser evitado durante el próximo sínodo”. Este purpurado manifestó su preocupación de que “los ecos mediáticos de estas últimas semanas de preparación al Sínodo podrían dejar creer que los obispos y cardenales están también ellos divididos en partidos y que el Papa se identifica con uno de ellos, pero esta lógica de debate, propia del campo político, es extraña al modo de pensar de Cristo y de la Iglesia y como consecuencia debe ser evitada si se quiere responder adecuadamente a los objetivos de la asamblea sinodal” (Vatican Insider La Stampa, 2 de octubre de 2014).


Por lo pronto, y de acuerdo con las posturas externadas hasta el momento en el sínodo, “no se ve ninguna posibilidad de que sean aprobadas las familias formadas entre personas del mismo sexo”, refiere una nota publicada ayer en proceso.com.mx. En este sentido, se señala en la citada publicación, la Iglesia católica mantiene su postura tradicional.

Twitter: @armayacastro

miércoles, 8 de octubre de 2014

LA VIOLENCIA Y SUS CAUSAS

Por Armando Maya Castro
Las manifestaciones de los mexicanos piden justicia en el caso Ayotzinapa, y que se ponga el fin a la ola de violencia que azota al país


Las acciones del gobierno han intentado pero no han podido acabar con la violencia que lastima a nuestro querido México de norte a sur; tampoco han podido reducir los altos índices de delincuencia, ni siquiera con la participación activa del Ejército, una institución que sigue gozando de la confianza del pueblo de México, independientemente de que algunos de sus integrantes estén señalados de haber participado en las ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar en Tlatlaya, Estado de México.

Desde el sexenio de Vicente Fox Quesada, nuestro país tiene presencia constante en las portadas de los principales diarios del mundo por el número de asesinatos, secuestros y ejecuciones, algunas de éstas perpetradas por los miembros de las instituciones encargadas de mantener el orden y brindar protección a los mexicanos. Debo dejar en claro que el propósito de mi columna no es responsabilizar exclusivamente al gobierno en turno de la preocupante situación que se vive en México, pues de todos es sabido que la falta de una estrategia de combate al crimen organizado en administraciones anteriores favoreció el incremento de la corrupción y creó un ambiente propicio para su proliferación.

Duele decirlo, pero por el momento no se vislumbra una solución inmediata que nos permita pensar en la disminución de los estragos que este flagelo social está ocasionando a lo largo y ancho de México. En estados como Tamaulipas, Michoacán y, recientemente, Guerrero la violencia ha rebasado todos los límites y todas las alarmas, sembrando el miedo y la indignación por doquier, incluso entre la clase estudiantil. El mejor ejemplo de lo antes señalado son los 43 estudiantes desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, Guerrero, un hecho que ha sido enérgicamente condenado por la sociedad y por diversos organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas.

La solución inmediata al problema nadie la tiene. Lo que sí tenemos es conocimiento de algunos de los factores generadores de la actual situación de violencia que enferma a nuestra actual sociedad: la creciente corrupción política, la crisis de valores en la familia, los modelos agresivos que propugnan algunos medios de comunicación, el desempleo y la pobreza que de éste se deriva, entre muchas otras causas.

No podemos esperar la desaparición de este fenómeno mientras persistan factores como los antes mencionados. En el caso concreto de la pérdida de valores, miles de padres de familia están en deuda con sus propios hijos, a quienes han descuidado por sus legítimos anhelos de progreso, por sus afanes y por sus preocupaciones cotidianas. Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que en muchas familias mexicanas la formación de valores como la honestidad y el respeto es urgente y no admite más demora.


Quisiéramos que las cosas fuesen diferentes, pero es obligado reconocer que esta importante labor no se realiza en muchos hogares mexicanos; de ahí que muchos jóvenes y niños hayan crecido sin la instrucción y ejemplo que les permita transitar por el sendero de la legalidad y del bien hacer.

sábado, 4 de octubre de 2014

RESPETO A LA DIVERSIDAD RELIGIOSA

Por Armando Maya Castro
Chiapas, el estado con mayor diversidad religiosa; el 44 por ciento de su población no profesa el catolicismo

A pesar de los avances legislativos en materia de libertad religiosa, qué difícil es encontrar en nuestra sociedad el respeto pleno a la diversidad religiosa, esa que en nuestro querido México es una realidad innegable desde hace ya varias décadas, tal como lo demuestran las ocho mil 54 asociaciones religiosas registradas ante la Secretaría de Gobernación (Segob) a nivel nacional.

Lo que sí encontramos en nuestra actual sociedad es tolerancia religiosa, pero racionada, no plena, como si viviéramos aún en el siglo XVI, en el que tuvieron lugar las llamadas Guerras de Religión de Francia, como resultado del recrudecimiento de las disputas entre católicos y hugonotes (calvinistas franceses).

En ese siglo, los esfuerzos calvinistas prosperaron de tal manera que lograron cierto grado de libertad religiosa a través de la promulgación del Edicto de Tolerancia de Nantes, proclamado por el monarca francés Enrique IV, el 13 de abril de 1598.

Las estipulaciones de este edicto, que concedía libertad de conciencia a los protestantes y ponía fin a las ya mencionadas guerras de religión, nunca gozó de la aceptación y beneplácito de Clemente VIII, en ese tiempo pontífice romano al frente de la Iglesia Católica, quien calificó al Edicto de Nantes como “la cosa más maldita del mundo” (Henry H. Helley., Compendio Manual de la Biblia, Publicaciones Portavoz Evangélico, EUA, 1955, p. 693).

En la obra Historia temática de los Derechos Humanos se señala que el de Nantes “no es un edicto de plena tolerancia, menos aún de libertad religiosa propiamente dicha. Esto es así, porque no es permitido el ejercicio público de la religión reformada en todo el territorio, sino en los lugares donde en años anteriores había tenido lugar dicha práctica, que eran zonas determinadas y acotadas. Expresamente se prohíbe el culto protestante en París y aledaños (art. XIV del edicto)”. Otros autores han señalado que durante la vigencia del edicto en cuestión los protestantes no podían “celebrar sus cultos en las ciudades arzobispales y episcopales, ni en las residencias reales, ni en un radio de cinco millas alrededor de París”.

En 1685, el rey Luis XIV de Francia promulgó el edicto de Fontainebleau (1685), que significó la supresión y revocación del dicto de Nantes, cediendo a los parlamentos “la represión de la herejía, a cargo de las autoridades eclesiásticas”. Esto representó el incremento de la intolerancia religiosa y el exilio de miles de calvinistas honestos y productivos a Berlín, Prusia y Holanda.

Así eran las cosas en Francia hace más de trescientos años y, por desgracia, así siguen siendo en muchos países de mayoría católica y musulmana, donde se sigue tolerando de mala gana a las minorías religiosas, algunas de las cuales han levantado la voz en diversos foros exigiendo que se dé el anhelado tránsito de la tolerancia al respeto de la diversidad religiosa.

A estas alturas, con tantas disposiciones legales en materia derechos humanos y libertades fundamentales, resulta inadmisible que las minorías religiosas tengan que seguir esperando tolerancia religiosa de los grupos religiosos mayoritarios, en vez de recibir el debido respeto a sus convicciones religiosas.

La falta de respeto a la diversidad religiosa se traduce en actos de discriminación e intolerancia religiosa en China, Corea del Norte, Nigeria, Sudán, Siria, Irak y Pakistán, países donde el aumento de las hostilidades por motivos religiosos debería obligar a sus gobernantes a una intervención más decidida en la defensa de las minorías religiosas.

En el caso particular de México, tenemos un sinnúmero de casos sin solución en el estado de Chiapas, donde prevalece un conflicto que se ha caracterizado por los actos de crueldad en agravio de los evangélicos de la región de Los Altos de Chiapas, tales como expulsiones masivas, violaciones, asesinatos y otros crímenes basados en motivaciones de índole religiosa. Esto sucede en esa entidad de la República Mexicana hasta el día de hoy, a pesar de que la Secretaría de Educación estatal desplegó –con el apoyo de diversos grupos religiosos– el programa “Educar para el respeto, la tolerancia y la paz”, el cual busca proteger y fomentar la libertad de culto, así como prevenir todas las formas de discriminación.

La mañana del jueves pasado, cientos de católicos tradicionalistas de la comunidad Mitzitón destruyeron y quemaron un campamento ocupado por unas 27 familias evangélicas, además de retener a Óscar Ventana Heredia, Vicente Fernando Hernández Heredia, Refugio, Cristóbal y Rodrigo Jiménez Gómez, Juan Jiménez Díaz, Fausto Jiménez López y Julio Jiménez Jiménez, informó proceso.com.mx.

Este medio informativo consignó asimismo la detención de dos periodistas que cubrieron el evento que se registró a un costado de la carretera federal, sólo por haber tomado fotos y video “sin pedir permiso de la autoridad local”. Los católicos tradicionalistas despojaron a estos comunicadores de sus equipos y les decomisaron la camioneta en que se transportaban, procediendo con absoluto desprecio a las leyes que garantizan las libertades de religión y de expresión.

Por salud de México, ojalá que este caso de intolerancia religiosa no quede impune y se castigue a los responsables con todo el rigor de la ley.

Twitter: @armayacastro