Por Armando Maya Castro
El pasado 25 de junio, el presidente Enrique Peña Nieto
presentó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, que busca proteger
las garantías fundamentales y combatir la tortura, las desapariciones forzadas
y la trata de personas, prácticas que en la administración de Felipe Calderón
Hinojosa se volvieron rutinarias contra cualquier persona percibida con alguna
conexión, cierta o no, con la delincuencia.
No está por demás recordar que el gobierno de Calderón
Hinojosa defendió con pasión la forma en que las instituciones de seguridad
enfrentaron al crimen organizado, afirmando que su sangrienta guerra contra el
narcotráfico era una demanda del pueblo de México.
En noviembre de 2012, durante una reunión de trabajo con la
Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, el presidente de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva,
expresó que el gobierno calderonista se caracterizó por el incremento en la
violación de las garantías individuales: los casos de tortura crecieron 500 por
ciento y aumentaron de forma exponencial las desapariciones forzadas y las
detenciones arbitrarias.
Ese día, el ombudsman nacional pidió a las autoridades
responsables someterse al imperio de la ley y ser garantes de la observancia
del debido proceso y del respeto a los derechos de libertad, intimidad,
privacidad e inviolabilidad del domicilio.
En el caso específico de la tortura, Plascencia Villanueva
señaló: “Es un tema tan dramático como que en 2005 la CNDH registró un caso de
tortura y unos 400 de tratos crueles; sólo en 2011 se registraron 2 mil 40
casos, esto es un 500 por ciento más”.
Entiendo perfectamente bien que los casos de tortura de esa administración,
perpetrados por las distintas corporaciones policiacas y por algunos miembros
del Ejército Mexicano, no son responsabilidad única del gobierno, sino también
de nosotros como sociedad, pues, sabiéndolo, lo permitimos en aras de esa
pretendida seguridad que parecía justificarlo todo.
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes define la tortura como “todo acto por el cual
se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean
físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o
una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que
ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por
cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos
dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra
persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su
consentimiento o aquiescencia” (http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm).
Todos sabemos que la tortura no es una práctica reciente.
Fue utilizada desde épocas muy remotas por la mayoría de los pueblos de la
tierra; empleada en algunas naciones católicas que establecieron el tribunal de
la inquisición con el propósito de erradicar las doctrinas religiosas que la
Iglesia católica calificaba como herejes, utilizando métodos crueles para
conseguir la confesión de los herejes y/o de los protectores de éstos.
Pero no hay necesidad de ir a la Edad Media ni al sexenio de
Felipe Calderón para encontrar la tortura, pues ésta tiene presencia actual en
varios estados de la República mexicana. Hoy por hoy, la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Durango investiga alrededor de 25 quejas de tortura en esa
entidad. Se trata de casos actuales, que se han presentado en lo que va del
presente año y en contra de autoridades policiacas de esa entidad. Casos de
tortura se han registrado también en el Distrito Federal, Guerrero, San Luis
Potosí, Campeche, Jalisco, entre otros estados de la República.
A pesar de las acciones gubernamentales y de las que
realizan las personas y organismos dedicados a la defensa de los derechos
humanos, la tortura no ha logrado ser erradicada de nuestro país. Así lo revelan
los casos de tortura en diferentes estados de la República, así como los
temores de miles de mexicanos que han sido consultados sobre el tema.
Amnistía Internacional informó que entre diciembre
del 2013 y abril del 2014 entrevistó presencial o telefónicamente a un total de
21,221 personas en 21 naciones. Los números arrojaron que los países donde el
temor a la tortura está más elevado son Brasil, con un 80%, seguido de México,
donde el 64 por ciento de las personas entrevistadas respondieron no sentirse a
salvo de la tortura si las pusieran bajo custodia (Ana Langner/El Economista,
13 mayo, 2014).
México, como
país signatario de la Convención de Ginebra –que prohíbe el trato cruel, la tortura
y el ultraje a la dignidad personal de los presos– está obligado a hacer mucho
más para erradicar la tortura; deberá hacerlo con apego a la ley y
privilegiando el respeto a los derechos humanos.
Twitter: @armayacastro
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