sábado, 28 de junio de 2014

CRISIS HUMANITARIA

Por Armando Maya Castro
Centro de detención para niños migrantes en Estados Unidos

Barack Obama jamás imaginó que en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos iba a enfrentar uno de los problemas más grandes en la historia de la migración: la oleada de niños migrantes menores de 18 años que saturan los centros de detención en la frontera sur de esa nación, un fenómeno que ha sido calificado por algunos como una crisis humanitaria.

De octubre de 2013 a la fecha, el gobierno de Estados Unidos detuvo a 47 mil niños sin la documentación requerida y sin la compañía de un adulto, situación que convierte a estos menores en seres altamente vulnerables. Se trata de un 92% más que en 2013, anunció el gobierno estadounidense el pasado 17 de junio.

Diversos analistas han señalado que este titánico problema es consecuencia del endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, cuyo propósito principal es sellar su frontera con México para impedir el paso de las drogas y también de los migrantes. Esta política ha ocasionado que los migrantes que llevan tiempo viviendo en la Unión Americana decidan permanecer en territorio estadounidense. Por temor a que se les impida volver, ya no vienen a México, ni los centroamericanos viajan a sus países, como lo hacían en el pasado; prefieren mandar por sus familiares, algunos de los cuales son menores de edad.

Aparte de las precarias condiciones del largo viaje que estos niños emprenden, varios de ellos niños han sido sometidos a abusos y maltratos por parte de los agentes fronterizos. Las denuncias revelan que se trata de atropellos constantes y de diversa naturaleza: aislamiento, discriminación, golpes y abusos sexuales y verbales. 

El maltrato, crueldad y racismo que estos menores experimentan en suelo norteamericano merece recibir de parte nuestra la más enérgica condena, como también es digna de condena la insensibilidad y falta de voluntad de los gobiernos centroamericanos, quienes han sido incapaces de construir un entorno de posibilidades y bienestar social que ponga fin a la desigualdad económica y logre arraigar a sus gobernados –incluidos niños y niñas– en sus países de origen.

Es reprobable asimismo el proceder indolente de los gobiernos de los países y estados de la ruta migratoria, en donde hacen falta políticas públicas orientadas a prevenir, atender y reparar los atropellos a los derechos humanos en agravio de los menores migrantes. México, que es un país de origen, tránsito y destino de migrantes, ha desatendido muchos de estos aspectos, permitiendo así que el crimen organizado e integrantes de diversas corporaciones policiacas se aprovechen impunemente de los migrantes.

Estados Unidos, México y las naciones centroamericanas deberían formular políticas efectivas para ayudar y proteger a los niños migrantes, tal como lo expone el Artículo 2.1 de la Convención de los Derechos del Niño, el cual estipula: “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales”.

Estoy consciente que Estados Unidos no ha ratificado la Convención en cuestión. La firmó en 1995, pero nunca la ha enviado al Senado para que sea ratificada. Pese a lo anterior, el vecino país del norte respalda dicho documento, lo que nos permite asegurar que seguirá trabajando con las naciones de la región para solucionar una crisis humanitaria que no admite demora.


Twitter: @armayacastro  


jueves, 26 de junio de 2014

SÄMANN, SU EXPANSIÓN Y LOGROS EN EL CAMPO ACADÉMICO



Por Armando Maya Castro


Desde su fundación, en 2003, la USJ ha seguido la ruta trazada por su fundador, el Doctor Samuel Joaquín Flores, logrando a través de su oferta académica el reconocimiento del estudiantado y de diversas universidades de México y el mundo
Guadalajara se ha distinguido por ser una ciudad de gran tradición académica; ha sido casa de estudios de personajes ilustres como Valentín Gómez Farías, Enrique Díaz de León, Ignacio Luis Vallarta Ogazón, Agustín Yáñez Delgadillo, entre muchos otros.


Actualmente, La Perla de Occidente cuenta con una amplia oferta de universidades públicas y privadas, entre las que figura la Universidad Sämann de Jalisco (USJ), fundada en 2003 por el Doctor Honoris Causa y Patriarca Iberoamericano de la Educación Samuel Joaquín Flores, director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, quien se ha distinguido por su permanente impulso a la educación, siendo un convencido de que “el único camino para que el ser humano erradique la marginación, la pobreza y la ignorancia es la educación”.


Esta casa de estudios firmó, desde hace más de un año, un convenio de intercambio académico con la Montana State University Billings (MSUB). Los resultados y beneficios de este convenio impulsaron a los directivos de la USJ a establecer un convenio similar con una de las universidades más prestigiosas de América Latina: la Universidad de Antioquia de la ciudad de Medellín, Colombia, la institución académica de educación superior más importante del departamento de Antioquia, y la universidad estatal más antigua de Colombia, fundada en 1803. Se trata, en suma, del alma mater de miles de colombianos, una institución que ha dejado un enorme legado en el terreno cultural, económico, social y político de Colombia.


La firma del convenio antes mencionado se realizó en las instalaciones académicas de la USJ; contó con la presencia de la maestra Yolanda Almaguer Esparza, rectora de la USJ; del doctor David Hernández García, decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia; del pastor evangelista Eliezer Gutiérrez Avelar, quien acudió al evento con la honrosa representación del Apóstol de Jesucristo, doctor Samuel Joaquín Flores, entre otras distinguidas personalidades de los ámbitos académico y gubernamental del estado de Jalisco.


Durante el desarrollo del evento se proyectaron dos videos relativos a la historia, cobertura, logros y oferta académica de ambas universidades, dedicadas en distintas latitudes a formar profesionales destacados por su visión, liderazgo e iniciativa en los diferentes campos de acción. 


Respecto a la Universidad de Antioquia, el doctor David Hernández comentó que se trata de una institución con más de 210 años de historia, que cuenta con 56 mil estudiantes en territorio colombiano, desde el caribe hasta la costa sur de esa nación sudamericana. Al referirse a la Facultad de Comunicaciones de su casa de estudios, el decano explicó que actualmente cuenta con 5 licenciaturas, maestrías como la de Estudios Cinematográficos y 18 convenios con universidades internacionales, al que se suma el convenio recientemente firmado entre esta universidad y la USJ.


En el caso específico de la Universidad Sämann de Jalisco, es oportuno reconocer la entrega y esfuerzos de sus directivos y personal docente, quienes han trabajado en la formación académica de 39 generaciones: 1 en Administración; 10 en Ciencias de la Comunicación; 5 en Derecho; 11 en Diseño Gráfico, y 12 en Pedagogía. Estos logros se han obtenido siguiendo el ejemplo y directrices de su fundador, un humanista cuya preocupación por la superación académica de los niños y jóvenes de su pueblo lo ha llevado a fundar diversas instituciones de educación en varias ciudades y poblaciones de México y el mundo: jardines de niños, escuelas primarias y secundarias, preparatorias y universidades.


En la parte final del evento, la rectora Yolanda Almaguer Esparza y el decano David Hernández García firmaron el convenio de colaboración, siendo testigos de honor el maestro Héctor Hugo Gómez Cruz, coordinador de Instituciones de Educación Superior Incorporadas; el maestro Heleodoro Mora Mares, Director de Control Escolar de Educación Normal y Superior; el maestro Felipe de Jesús Oceguera Barragán, Director de Profesiones del Estado de Jalisco; y el maestro Luis Gustavo Padilla Montes, Director General de Educación Superior SICYT. 


El convenio refrenda el compromiso de ambas universidades con la educación y formación de profesionales de alto nivel, preparados, cultos y capaces de dar respuesta a las necesidades de México y Colombia.


Tenemos que reconocer que este logro es una prueba más del avance que han experimentado las Instituciones Educativas Hermosa Provincia, creadas por el doctor Samuel Joaquín Flores pensando en el desarrollo social y cultural de la ciudad de Guadalajara, así como de las ciudades y poblaciones donde estas instituciones tienen presencia. ¡Enhorabuena!



Twitter: @armayacastro


sábado, 21 de junio de 2014

ESTADO LAICO, ELEMENTAL PARA CONTRARRESTAR LA INTOLERANCIA RELIGIOSA

Por Armando Maya Castro

La llamada santa inquisición, que en su vigencia persiguió y asesinó a las personas que profesaban una religión distinta a la católica, fue suprimida dos veces en México: la primera, el 22 de febrero de 1813; la segunda y definitiva, el 10 de junio de 1820. A pesar de lo anterior y de las leyes que prohíben terminantemente la discriminación religiosa, este fenómeno social sigue ocasionando severos estragos en el estado de Chiapas. El pasado 15 de junio, “los ejidatarios de Nuevo Las Tacitas de Ocosingo, realizaron la retención ilegal y arbitraria en contra del misionero Remigio Rodríguez, vecino de Monte Líbano y perteneciente a la Iglesia Presbiteriana”, informó este 19 de junio NoticiaCristiana.com.

El anterior caso de intolerancia religiosa es uno más de los muchos que han tenido lugar en Chiapas, donde las autoridades federales y estatales han sido incapaces de detener los actos de violencia religiosa que se vienen dando desde el 29 de julio de 1962. De entonces, hasta diciembre de 1993, más de 34 mil evangélicos habían sido expulsados arbitrariamente de sus comunidades por los católicos tradicionalistas. Un alto porcentaje de estos desplazados se estableció en las áreas periféricas de San Cristóbal de las Casas, Teopisca y Comitán, donde la situación ha sido complicada para todos ellos.

En mi opinión, los ataques contra los evangélicos son la reacción de la Iglesia católica al crecimiento que la comunidad evangélica ha experimentado en el estado gobernado por Manuel Velasco Coello. Desde hace varias décadas, la tendencia del romanismo en esa entidad de la República mexicana es a la baja. Los resultados del Censo de Población y Vivienda del año 2000 revelan esta realidad. Chiapas apareció ese año como la entidad federativa con menor porcentaje de católicos (63%) y mayor número de evangélicos (22%). El resto se declaró sin religión. En el censo más reciente –realizado en 2010–, sólo el 58% de los chiapanecos manifestó ser católico. Según el INEGI, el número de protestantes se incrementó de un 24 al 27%. Estas cifras revelan que la intolerancia religiosa desplegada contra quienes decidieron profesar la religión evangélica en lugar de la católica, no ha logrado frenar el crecimiento de los evangélicos establecidos en Chiapas.

Aunque este fenómeno tiene presencia en diversas comunidades chiapanecas, el municipio que presenta mayor número de casos de intolerancia religiosa es San Juan Chamula, donde se vienen dando, desde hace varias décadas, graves violaciones a los derechos humanos. El 90% del total de los expulsados son, justamente, de San Juan Chamula, municipio donde a los católicos tradicionalistas les cuesta bastante trabajo aceptar que sus semejantes tienen el derecho a profesar una creencia religiosa distinta a la de ellos.

La confrontación por motivos religiosos que se vive en Chiapas afecta seriamente a los hijos de padres evangélicos, a muchos de los cuales se les ha negado el ingreso a los establecimientos de educación básica, sin que la Segob y las autoridades chiapanecas hayan hecho lo suficiente para evitarlo. El problema es añejo pero se incrementó en el sexenio de Juan Sabines Guerrero, quien permitió –junto con Felipe Calderón Hinojosa– el agravamiento del problema en varias comunidades chiapanecas.

La intolerancia religiosa afecta también a los alumnos cuyos padres pertenecen a la organización religiosa conocida como Los Testigos de Jehová, quienes han llegado a ser sancionados por su negativa a participar en los honores a la bandera. En el caso específico de los problemas de esta organización se ha dado la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, gracias a la cual el problema ha disminuido.


Uno de los aspectos más preocupantes es la multiplicación de las violaciones del Estado laico, lo que se traduce, inevitablemente, en la propagación de los casos de intolerancia religiosa. Antes lo he dicho y esta vez lo repito: “Para evitar la multiplicación de los casos de intolerancia religiosa es necesario multiplicar esfuerzos en pro del fortalecimiento del Estado laico, el cual brinda a todas las iglesias el debido reconocimiento, así como igualdad ante la ley, obligando a las autoridades de Gobierno a mantener una postura de imparcialidad hacia las distintas convicciones religiosas y modos de pensar. México ya tiene suficiente con la violencia causada por la delincuencia organizada, como para provocar el incremento de la intolerancia religiosa, una forma de violencia que sólo puede erradicar el Estado laico. Nuestro deber es trabajar más y mejor en el fortalecimiento de la laicidad, evitando que ésta sea embestida por los políticos partidarios del Estado confesional. Tenemos que hacerlo si es que no queremos que la intolerancia religiosa –que ha lastimado por décadas a estados como Oaxaca y Chiapas– se extienda a los 32 estados de la República Mexicana”.

jueves, 19 de junio de 2014

EL BULLYING Y LA FALTA DE VALORES

Por Armando Maya Castro

En México, el bullying sigue ocasionando miedo, dolor y deterioro de la autoestima en los menores que son objeto de agresión en el entorno escolar. Rebeca Pelayo González, directora de Comunicación, Respeto y Tolerancia (Coreto), acaba de dar a conocer estadísticas recientes que colocan a nuestro país en primer lugar en bullying en Latinoamericana. Explicó que el 25% de estos casos suceden dentro del salón de clases, en presencia de los maestros, quienes ni siquiera se enteran de lo que sucede mientras imparten sus clases.

La especialista se refirió también al ciberbullying, es decir, al acoso anónimo o abierto que se da a través de mensajes escritos en celulares, chats y redes sociales. Indicó que dos de cada 10 alumnos han usado el teléfono celular para grabar a sus compañeros en situaciones comprometedoras, y estas imágenes son subidas a las redes sociales.

El presidente Enrique Peña Nieto, que conoce la gravedad de este lamentable problema, se comprometió a que el gobierno de la República combatirá el acoso escolar, señalando que se trata de un tema que “no puede esperar”, por lo que –dijo– “desde ahora debemos tomar acción y definiciones que permitan combatir este acoso”.

El bullying es un problema en ascenso, en el que han influido factores como los programas de televisión con contenido violento, así como los videojuegos que incluyen violencia física capaz de intensificar la excitación física y las ideas agresivas en los menores de edad. Esta situación ha sido materia de estudio por parte de diversos psicólogos de nuestro tiempo, quienes se han mostrado hondamente preocupados por la nueva generación de realidad virtual y de juegos de Internet. 

En los años setentas, Gerbner y Liebert analizaron las emisiones infantiles de la televisión americana. De acuerdo con el primero, el 80% de dichas emisiones contenían episodios violentos. En 1976, Liebert “contó en programas destinados a los niños un promedio de seis agresiones por media hora, contra un solo acto de apaciguamiento luego de una agresión, en ese mismo lapso”. Huesmann afirma que “el hecho de ver mucha violencia en la televisión está asociado al aumento de la agresión, sobre todo de los niños menores”.

En 2009, la encuesta Internacional de Docencia y Aprendizaje (TALIS, por sus siglas en inglés), elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ubicó a México en el primer lugar en los casos de violencia verbal, física y sicológica entre alumnos de educación básica de 23 países”.

Pero no todo es culpa del Internet, la televisión y los videojuegos. Aparte de estas influencias socializantes, la familia y la escuela son determinantes en la formación de los niños, que a la postre pueden convertirse en una amenaza para el alumnado y, más tarde, para la sociedad en general, algo que debe preocuparnos si se toman en cuenta los altos e históricos índices de criminalidad que enfrentamos. Se afirma, y con no poca razón, que los padres agresivos y proclives al castigo tienen hijos agresivos.

En el libro que coordina Marta Sadurni i Brugué, titulado El desarrollo de los niños, paso a paso, se señala que “el niño que ofende o maltrata a sus compañeros es generalmente un niño que sufre, él mismo, maltrato en el seno de su familia. El perfil característico de este tipo de niños responde al de un sujeto que tiene poco control sobre sus emociones, no sabe canalizar sus sentimientos negativos; la frustración y la baja autoestima que tiene de sí mismo hacen que necesite demostrarse que es superior a los otros en algún sentido. Otras veces lo que ocurre es que aplican en sus relaciones con otros niños el único modelo de convivencia que han aprendido: el de la fuerza y la intimidación”.

Si queremos escuelas libres de acoso escolar, empecemos por educar y transmitir valores en nuestros hijos e hijas, buscando desterrar así las prácticas y expresiones violentas arraigadas en nuestras vidas y en nuestras familias. Sólo así lograremos ponerle fin al sufrimiento y a los problemas que el bullying está ocasionando en las escuelas de nuestro país. 

sábado, 14 de junio de 2014

LIBERTAD DE EXPRESIÓN: UN DERECHO FUNDAMENTAL BAJO AMENAZA

Por Armando Maya Castro

El pasado sábado se cumplieron 63 años de que el presidente Miguel Alemán Valdés estableciera el 7 de junio como Día de la Libertad de Expresión. De entonces a la fecha han tenido lugar un sinnúmero de acontecimientos relacionados con la libertad de expresión, de la que deriva la libertad de imprenta, es decir la libertad de prensa, garantizada por el artículo 7° de nuestra Carta Magna.

Respecto a este derecho fundamental, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Por su parte, el artículo 6° de la Constitución General de la República establece: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Para Eduardo Andrade Sánchez, la libertad de pensamiento es “una de las libertades básicas del ser humano y constituyó un punto esencial de la ideología liberal del siglo XVIII que la plasmó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789 en Francia, cuyo artículo 10 expresaba que ninguno debía ser molestado por sus opiniones, aun las religiosas, mientras que la manifestación de ellas no perturbara el orden público establecido".

Como se puede ver, en materia de ordenamientos jurídicos todo parece estar muy bien en México. ¿Dónde está entonces el problema? En el ejercicio de la libertad de expresión, que sigue enfrentando un sinnúmero de obstáculos y restricciones ilegítimas, más allá de las declaraciones mediáticas formuladas por funcionarios públicos que, ante la primera condena por la falta de libertad de expresión, salen a reiterar el compromiso del gobierno con la libertad de expresión. Si lo duda, analice usted lo que declaró en el marco del Día de la Libertad de Expresión el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong: "La Secretaría de Gobernación destaca la labor de todos quienes ejercen como profesión el periodismo y la comunicación, porque su trabajo incide en el proceso de formación de la opinión pública".

Si la garantía de libertad de expresión dependiera de declaraciones como las de Osorio Chong, créame, estimado lector, que los profesionales de la comunicación no tendrían de qué quejarse. Pero si se quejan es porque a la par de estas declaraciones se producen lamentables ataques a la libertad de expresión. Ahí está, por ejemplo, el asesinato del periodista guerrerense, Jorge Torres Palacios, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado 2 de junio, tres días después de haber sido privado de su libertad por un comando armado cuando llegaba a su domicilio en la colonia El Coloso, en la zona conurbada del puerto de Acapulco.

Este caso generó, entre otras, las siguientes reacciones: El 6 de junio, la delegación de la Unión Europea en México condenó el “vil” asesinato del comunicador y pidió a las autoridades mexicanas esclarecer los hechos y aplicar el peso de la ley a los responsables. Ese mismo día, las oficinas en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) condenaron también el asesinato de Torres Palacios. Irina Bokova, directora general de este último organismo, pidió investigar el crimen y juzgar a los culpables, pues, indicó, las autoridades “deben enviar un mensaje claro a los criminales”, y mostrar que no se puede tolerar el empleo de la violencia “para intimidar y matar periodistas y acallar el debate en el seno de la sociedad civil”.  

La Unesco, que considera al periodismo como el oxígeno de la democracia, se ha referido en algunos de sus obras al asesinato de periodistas, calificando tales acciones como la peor forma de censura. También se ha referido al tema de la impunidad que rodea estos casos, afirmando que ésta "ocurre cuando no se investigan los actos de violencia en contra de los periodistas, y los autores no son llevados ante la justicia" (Libertad de expresión, caja de herramientas: guía para estudiantes, Unesco, 2013).

Entiendo perfectamente bien que el tema del respeto a la libertad de expresión involucra a las autoridades de los tres niveles de gobierno, no sólo a la administración federal. Todos, incluida la sociedad, tenemos el deber de realizar acciones orientadas a terminar con el manto de impunidad que cubre los crimines de los enemigos de la libertad de expresión. Dejémonos de declaraciones y pasemos a las acciones.