sábado, 29 de marzo de 2014

EL EDICTO DE TESALÓNICA Y LA INTOLERANCIA RELIGIOSA

Por Armando Maya Castro
Los edictos de Milán (313) y de Tesalónica (380), promulgados por Constantino y Teodosio, respectivamente, colocaron a la Iglesia católica en una posición de privilegio. Desde entonces, las demás religiones fueron acosadas y perseguidas por el Estado y por la misma Iglesia católica

El 27 de marzo del año 380 d. C., el emperador Teodosio I promulga el Edicto de Milán, que decreta el catolicismo como religión oficial del Imperio romano. En dicho decreto, conocido también como "Cunctos Populos", el emperador ordenaba: "Mandamos que todos los pueblos sujetos a nuestra autoridad observen la religión que el apóstol Pedro anunció a los romanos, la religión profesada por el pontífice Dámaso y el obispo Pedro de Alejandría" (José Orlandis, La conversión de Europa al cristianismo, Rialp, Madrid, 1988, p. 20).

Tras la promulgación del citado edicto el poder de la Iglesia católica se extendió y la intolerancia religiosa se incrementó a lo largo y ancho del imperio romano. En junio de 391, Teodosio prohibió mediante otro decreto la apertura de los templos paganos, así como la realización de sacrificios y cultos religiosos en honor de los dioses de la antigua religión romana.

Las nuevas disposiciones imperiales abrieron el camino para la destrucción y/o clausura de los lugares de adoración que en la vigencia de la religión romana fueron dedicados a la práctica del culto pagano. A partir de los edictos de Teodosio a favor del catolicismo, la religión pagana de la antigua Roma se convirtió en un delito de Estado y comenzó a practicarse –por temor a los severos castigos que se imponían a los no católicos– en la más absoluta clandestinidad. Los adoratorios que no fueron demolidos comenzaron a ser utilizados en actividades de carácter secular.

La antigua religión romana comenzó a perder algunos de sus privilegios en junio del año 313. En esa fecha, el emperador Constantino el Grande firmó con el tetrarca Licinio el Edicto de Milán, en el que los dirigentes de los imperios romanos de Occidente y Oriente proclamaron: "Habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse al arbitrio y libertad de cada cual se ejercite en las cosas divinas conforme al parecer de su alma, hemos sancionado que, tanto todos los demás, cuanto los cristianos, conserven la fe y observancia de su secta y religión [...] A los cristianos y a todos los demás se les conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan; a fin de que quienquiera que fuere el numen divino y celestial pueda ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Así, pues, hemos promulgado con saludable y rectísimo criterio esta nuestra voluntad, para que a ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y religión cristiana. Antes bien sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare convenirle" (Juan Carlos Rivera Quintana, Breve Historia de Carlomagno y el Sacro Imperio Romano Germánico, Nowtilus, Madrid, 2009, p. 21).

¿Fue éste en realidad un edicto de tolerancia? Diversos autores sostienen que no. Y no lo fue porque a partir de su promulgación se otorgó a la Iglesia católica –por encima de las demás religiones– una serie de prerrogativas y privilegios especiales. Al respecto, Edward Gibbon escribe en su obra Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano: "El edicto de Milán, la gran cédula de la tolerancia, había confirmado a todo individuo del mundo romano el privilegio de elegir y profesar su propia religión. Pero este inestimable privilegio pronto fue violado: con el conocimiento de la verdad el emperador asimiló las máximas de la persecución, y las sectas que discrepaban de la Iglesia católica fueron acosadas y oprimidas por el triunfo del cristianismo".

La historia demuestra que Constantino y Teodosio se dedicaron –cada uno en su tiempo y gestión– a favorecer a la Iglesia católica. El escritor Manolo García Álvarez sostiene que Teodosio creó la figura del hereje y decretó que “el propio Estado debía ocuparse de hacer cumplir la voluntad celestial. Esto es, instauraba el principio por el cual el Estado actuaba en nombre de la Iglesia. Si con Constantino la Iglesia se había romanizado, con Teodosio el Estado se cristianizaba. La Edad Media había comenzado".

Y ya que el autor antes mencionado nos sitúa en el medievo, aprovecho para evocar los excesos que en ese tiempo se cometieron en nombre de la fe y la religión. Me refiero, evidentemente, a la inquisición, a las cruzadas, al antisemitismo y a muchas otras prácticas que hicieron de la Edad Media un periodo de crueldad, oscurantismo, intolerancia religiosa y tiranía papal.


Lamentablemente, después de mil seiscientos treinta y cuatro años de la promulgación del Edicto de Tesalónica, la intolerancia religiosa sigue generando lamentables episodios en varios países del mundo. Aunque la Edad Media pertenece a un pasado distante que no volverá, la intolerancia que inauguraron Constantino y Teodosio sigue ocasionando segregación, dolor y muerte en varios países de la tierra, incluido nuestro querido México.


Twitter: @armayacastro

miércoles, 26 de marzo de 2014

REFORMA MIGRATORIA EN EU, ¿DE QUIÉN SERÍA EL MÉRITO?

Por Armando Maya Castro
De lograrse la reforma migratoria en Estados Unidos, el mérito será de los millones de inmigrantes que realizan  importantes esfuerzos para lograr su legalización en esa nación

Desde hace algunas décadas, millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos realizan importantes esfuerzos para lograr una reforma migratoria que les permita vivir y trabajar legalmente en esa nación.

Hasta ahora, la respuesta del gobierno estadounidense a los esfuerzos y acciones de los grupos que se han organizado para conseguir dicha reforma ha sido el endurecimiento racista de los controles fronterizos: la construcción de una serie de muros, la militarización de su frontera con México, la criminalización de la migración, las deportaciones masivas y la descalificación de los inmigrantes.

Los esfuerzos de los interesados en la reforma migratoria se intensificaron luego de que la Cámara de Senadores del Congreso federal estadounidense aprobara (con 68 votos a favor y 32 en contra) el proyecto de ley S. 744, el cual abre el camino para modificar las leyes de inmigración y regularizar a poco más de 11 millones de inmigrantes indocumentados.

Lamentablemente, el proyecto de ley avalado por el Senado el 27 de junio de 2013 está estancado en la Cámara de Representantes, donde los republicanos –que son mayoría–  se oponen a que se proporcione a los inmigrantes indocumentados una vía para la ciudadanía.
Me interesa señalar que el proyecto de ley en cuestión está enfocado más a la seguridad de Estados Unidos que a favorecer a quienes permanecen en la Unión Americana en calidad de indocumentados. No olvide usted que el proyecto aprobado por el Senado lleva el nombre de Acta para la Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización Migratoria.

Alejandra Gordillo, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) señala al respecto: “La simple aprobación del proyecto con ese nombre denota cuáles van a ser las prioridades”. Abundando en el tema, la funcionaria de Conamigua indica: “No se está discutiendo una reforma migratoria integral, sino que tiene más tinte de seguridad, y no va a beneficiar a los 11 millones de migrantes para nada”.

Existe sin embargo la confianza de que el presidente del Congreso, el republicano John Boehner, negocie este año una reforma migratoria integral, pese a que sus actitudes y declaraciones indican lo contrario. No olvidemos que en enero pasado, Boehner entregó una lista de principios de la reforma migratoria que incluyó una dura vía de legalización para indocumentados con antecedentes criminales y que pagaran importantes multas, pero una semana más tarde dijo que el partido Republicano no debatiría la reforma en el presente año.

Ante la negativa de la Cámara de Representantes, algunas voces han propuesto una nueva solución para detener la ola de deportaciones. No es necesario –afirman– aprobar una ley que otorgue acceso a la ciudadanía: “basta con aprobar algo que les permita a los indocumentados trabajar y vivir en Estados Unidos sin temor a ser deportados”.

Esta propuesta resulta cómoda para el presidente Barack Obama, quien ha dicho más de una vez que no quebrantó su promesa de promover una reforma migratoria, asegurando que ha hecho “bastante” para mitigar los efectos de las deportaciones.

Más allá de Obama y de la renuente actitud de los republicanos, los mexicanos esperamos que prosperen los esfuerzos de nuestros hermanos en el vecino país del norte. Cuando esto ocurra –porque confiamos que ocurrirá– deberá darse el mérito a quienes lo tienen, no a los ruegos e intervención del papa. Menciono esto porque un grupo de mexicanos radicados en Estados Unidos tendrán el día de hoy una audiencia con el papa Francisco para pedirle que, durante la visita de Barack Obama al Vaticano, no deje fuera de la agenda el tema de la inmigración, como se había anunciado. Esta delegación confía que la “autoridad moral” del papa puede generar el movimiento para desatorar el empantanamiento parlamentario con respecto a la reforma.

Entre los activistas que pretenden entrevistarse con Jorge Mario Bergoglio figuran Jerzy Vargas, de 10 años de edad, y Carla Pérez, de 15, cuyos padres, Claudia Navarro y Daniel Pérez, afrontan actualmente un proceso de deportación. Estos pequeñines solicitarán al pontífice romano que interceda por una reforma migratoria cuando se entreviste con Obama. 

Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que de lograrse la tan anhelada reforma, los indocumentados que viven en Estados Unidos deberán tener la madurez para darle el mérito a quien lo tiene: a sus propios esfuerzos, así como a las valientes acciones de millones de personas y activistas que se han expuesto a ser deportados y encarcelados por lograr una reforma migratoria que beneficie a los indocumentados que viven en territorio estadounidense.

Twitter: @armayacastro

sábado, 22 de marzo de 2014

SEMANA CONTRA EL RACISMO

Por Armando Maya Castro

El 15 de noviembre de 1979, como parte de su programa para el primer Decenio de la lucha contra el racismo y la discriminación racial, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió que todos los años, en todos los Estados, la semana comprendida del 21 al 28 de marzo fuera declarada "Semana de la solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial" (resolución A/RES/34/24).

Esta resolución, y otras que sería imposible mencionar en este espacio, dejan constancia de los esfuerzos que ha venido realizando la ONU para acabar con la discriminación étnico-racial. Desde su fundación, este organismo internacional se ha ocupado de este problema, consagrando la prohibición de la discriminación racial en todos los instrumentos principales de derechos humanos. 

A pesar de que la ONU establece obligaciones concretas para los Estados y les encomienda la tarea de erradicar la discriminación étnico-racial, los prejuicios raciales siguen teniendo dañina presencia en varias naciones del mundo.

Lamentablemente los esfuerzos y acciones contra el racismo son recientes. Comenzaron a darse después de la Segunda Guerra Mundial, en cuyo marco se perpetró el genocidio nazi, uno de los mayores en la historia de la humanidad.

La historia demuestra que la mayor parte de los crímenes de lesa humanidad, las prácticas racistas y las persecuciones antisemitas han estado ligadas –directa o indirectamente– a fuertes prejuicios étnicos o raciales.

Si desde los primeros brotes de racismo la humanidad hubiera realizado una labor similar a la que la ONU ha efectuado en las últimas seis décadas, los prejuicios raciales, la xenofobia y las demás formas de violencia e intolerancia serían inexistentes.

Entiendo perfectamente bien que nada podemos hacer para corregir las masacres y horrores del pasado. Sin embargo, todos podemos contribuir en nuestro entorno a la construcción de un mundo mejor, libre de prácticas violatorias a los derechos humanos, tales como el maltrato al diferente y la discriminación en sus distintas expresiones.

Nuestra contribución puede evitar que se repitan genocidios como los perpetrados por Leopoldo II de Bélgica (responsable de la muerte de más de 8 millones de congoleños) y Adolfo Hitler en la Alemania Nazi, donde el racismo hitleriano –perpetrado en nombre de la supuesta superioridad de la “raza aria”– llevó a la muerte a seis millones de judíos.

Los seres humanos de hoy debemos aceptar que todas las personas tienen derecho a una protección igual y efectiva contra cualquier tipo de discriminación. Deben admitirlo los habitantes de Estados Unidos, donde los estereotipos y prejuicios raciales siguen generado dolor y exclusión en millones de mexicanos y centroamericanos.

La encuesta que Sergio Bendixen realizó en 2007 para el Banco Interamericano de Desarrollo demuestra esta dolorosa realidad: una tercera parte de los mexicanos y centroamericanos que fueron encuestados aseguró que el principal problema de Estados Unidos es la discriminación. La encuesta reveló, además, que el 83 por ciento de los mexicanos y el 79 por ciento de los centroamericanos consideran que la discriminación va en aumento en ese país.

El proceder racista y el sentimiento antiinmigrante que predomina en varios estados de la Unión Americana ha erosionado la imagen positiva de defensa de los derechos humanos que esa nación ha venido construyendo. Afortunadamente no toda la población estadounidense es racista. Millones de norteamericanos consideran que las segregaciones raciales, las leyes discriminatorias y las actitudes en contra de determinadas nacionalidades deben ser suprimidas. El problema es que esas voces casi no se escuchan, ya que quienes ejercen el poder en Estados Unidos se ocupan más de los derechos humanos en el exterior.

¿Y cómo estamos en México en materia de discriminación racial? ¿Existe o vivimos en un paraíso libre de este fenómeno? La respuesta a estas interrogantes nos la da Ricardo Bucio Mújica, presidente del CONAPRED: "El racismo se ensaña mayormente con la población indígena. Ser o parecer indígena es motivo de racismo y discriminación. Algunas de las condiciones estructurales que se presentan con el fenómeno de la discriminación son la pobreza, la desigualdad social, la falta de oportunidades y la impunidad. Afecta principalmente a grupos o personas en situación de vulnerabilidad como: mujeres, jóvenes, niñas y niños, personas adultas mayores, indígenas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y afrodescendientes”.


La Semana de la solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial es una buena oportunidad para que las naciones de la tierra recuerden que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 1948, prohibió terminantemente todo acto de racismo, xenofobia o discriminación que pudieran impedir el desarrollo de las personas. La eliminación o reducción de los prejuicios raciales es una tarea compleja y sólo se logrará con nuestra contribución perseverante. Hagamos lo que corresponde y marca la ley cada vez que estemos ante un brote o manifestación de racismo.


Twitter: @armayacastro

jueves, 20 de marzo de 2014

ESTADO LAICO, A 208 AÑOS DEL NACIMIENTO DE JUÁREZ

Por Armando Maya Castro



“La sociedad libre y abierta de la que gozamos en la actualidad se la debemos al liberalismo, por ello, su obra no puede ser clasificada como simple anticlericalismo, pues la desamortización de los bienes de la Iglesia, el hacer civil el matrimonio, el nacimiento y la muerte, el afirmar el Estado laico, el suprimir el fuero eclesiástico, constituyen elementos que conformaron 'la secularización de la sociedad', según la expresión del presidente Benito Juárez, estadista cuya mayor virtud fue la constancia heroica, a la que ineludiblemente ciñó todos sus actos, a la que irreductiblemente atrajo el talento, la capacidad y la vocación republicana de sus contemporáneos; de esa enorme generación de treinta hombres que escribieron la brillante página de la Reforma".

El párrafo anterior es de la autoría de Enrique Peña Nieto; forma parte del prólogo que redactó para el libro “Benito Juárez y la transcendencia de las Leyes de Reforma”, escrito por Víctor Humberto Benítez Treviño, quien –nos dice– se abocó a integrar diversos documentos para elaborar su libro, “realizando una interpretación histórica, sobre el contexto en que aconteció la Reforma, a la luz de los testimonios que a través de tres siglos se han elaborado sobre la vida del Benemérito de las Américas…”.

Corría el año 2006 cuando Peña Nieto prologó la obra antes mencionada; se desempeñaba como gobernador del Estado de México, cargo que le sirvió de trampolín para sus aspiraciones presidenciales. Al leer el prólogo de principio a fin podemos observar la admiración y el respeto que inspiraban en el mexiquense la obra de Juárez y de los hombres de la reforma, forjadores de la verdadera independencia de México.

Después de haber presenciado el desaseado proceso de reforma del artículo 24 constitucional y las diversas violaciones al Estado laico en su primer año de gobierno, los mexicanos nos preguntamos: ¿es real la admiración de Peña Nieto hacia la figura de Juárez? Y si lo es, ¿por qué no ha salido a defender el legado juarista cada vez que la clase gobernante ha tenido la osadía de violentar el Estado laico? ¿Por qué no ha girado instrucciones a la Secretaría de Gobernación en el sentido de aplicar las sanciones correspondientes a los políticos que promueven el catolicismo, atropellando así la laicidad del Estado mexicano? ¿Por qué permite el activismo de los clérigos que se conducen sin respeto a las instituciones del Estado?

Al margen de que su admiración por Juárez sea real o no, el presidente de la República tiene el deber de mantener el carácter laico del Estado porque así lo dispone el artículo 40 de la Constitución y el 3° de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Tiene la obligación de respetarlo y hacer que se respete por su promesa de campaña, y porque México le dijo no al Estado confesional desde hace poco más de 150 años. Su deber es evitar retrocesos históricos y procurar la consolidación del Estado laico y del conjunto de libertades que de él emanan.

Para lograr esto último, los mexicanos tenemos el deber de involucrarnos, de alzar la voz, de exigir la aplicación de la ley. Lamentablemente hemos ido perdiendo la capacidad de reacción frente a los constantes atropellos al Estado laico por parte de la clase política y de los jerarcas católicos, quienes se niegan a aceptar que en México, muy a su pesar, sigue vigente el principio de separación del Estado y las iglesias.

El involucramiento de la sociedad puede evitar que se sigan presentando situaciones como las que se han dado en Michoacán y Morelos, donde el activismo social de algunos clérigos de la iglesia mayoritaria se realiza fuera del marco de la ley y sin respeto a las instituciones del Estado. En Morelos, la Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos (ALEDIAC) alertó sobre el riesgo de que en ese estado se esté violentando el Estado laico por parte del obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro y otros dirigentes de iglesias evangélicas.

Entiendo perfectamente bien la postura de los jerarcas católicos frente a un tema tan sensible como el aborto. Nadie espera ni les pide que cambien su respetable postura, sino que se conduzcan con respeto a las instituciones y dentro del rol que les corresponde como ministros de culto.


Los mexicanos celebraremos mañana el 208 aniversario del nacimiento de Don Benito Juárez García, el estadista que –bajo el impulso de su amor por México– expidió las Leyes de Reforma, nacionalizó los bienes eclesiásticos, separó la Iglesia y el Estado, exclaustró monjes y frailes, concedió el registro civil a las actas de nacimiento, matrimonio y defunción, secularizó los cementerios y las fiestas públicas y promulgó la libertad de cultos. Coincido totalmente con quien ha señalado que “no podemos permitir un retroceso en esta  conquista histórica que inició el Benemérito de la Américas, y que ha costado sangre mantener a través de nuestra historia”. ¡Viva Juárez!


Twitter: @armayacastro



miércoles, 19 de marzo de 2014

"EL PETRÓLEO HA SIDO NACIONALIZADO"

Por Armando Maya Castro

El general Lázaro Cárdenas del Río, rodeado de sus colaboradores, anuncia la nacionalización del petróleo mexicano


Ayer se cumplieron 76 años de la nacionalización de la industria petrolera, un hecho histórico que reviste gran importancia y el más alto interés nacional. La celebración del suceso me impulsó a escribir sobre la polémica reforma energética, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 20 de diciembre de 2013.

Diversos analistas han aplaudido dicha reforma, pues la consideran necesaria para generar crecimiento económico y para una mejor distribución del ingreso con los recursos provenientes de la industria petrolera. Esas voces aseguran que la modificación en cuestión se traducirá en la creación de cientos de miles de empleos y, por ende, en mejores condiciones de vida para la ciudadanía.

Pero no todos son de la misma opinión. Hay voces que aseguran que la reforma energética responde a las exigencias de Washington y a los intereses de un grupúsculo de empresarios mexicanos y extranjeros. Los que así piensan sostienen que la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política Mexicana representa la entrega del país a intereses ajenos, lo que asesta un golpe contundente al decreto expropiatorio emitido por el General Lázaro Cárdenas del Río, la noche del 18 de marzo de 1938.

Este hecho nos lleva a recordar que la nacionalización del petróleo intentó ponerle fin a la intolerable actitud de las compañías petroleras frente al país y al gobierno constituido. John Mason Hart nos dice que esa fecha [la de la expropiación] "fue recordada durante décadas por los dueños, administradores y empleados de las compañías estadounidenses como una jornada de 'hurto' y 'robo'. Poco después, Cárdenas ofreció pagar a las compañías con base en la cláusula de compensación de diez años inscrita en la ley de expropiación de 1936".

Para entender la necesidad de la expropiación petrolera, me remontaré a los últimos 20 años del siglo XIX. Por concesiones que Porfirio Díaz les concedió, se establecieron en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz diversas empresas petroleras procedentes de Inglaterra, Estados Unidos y Holanda. Estas compañías eran la "Pearson Son. Ltd" (de donde surge "El Águila"), la "Huasteca Petroleum Co" y la Trascontinental de Petróleo, S. A.". Tiempo después se instalaron en territorio mexicano la "San Mateo, S. A." y "Álamo de Pánuco, S. A.", entre otras. Durante su permanencia en nuestro país, estas empresas adquirieron terrenos a precios irrisorios, procedieron con prepotencia, defraudaron al fisco y adeudaron casi 30 millones de sueldos a sus trabajadores.

Gustavo Vidal Manzanares nos presenta una anécdota que demuestra la prepotencia de lo que él llama "mastodónticas compañías del crudo": "Cuando Lázaro Cárdenas, al mando de un destacamento, se propuso cruzar los pozos petroleros de Cerro Azul y Potrero del Llano, se encontró vallas de hierro que cerraban los caminos. ‘Prohibido el paso’. Tras identificarse, hubo de esperar más de una hora para que le franquearan el paso". Esto sucedió cuando Cárdenas se desempeñaba como Jefe de Operaciones Militares en la zona de las Huastecas y el Istmo, años antes de que ascendiera a la Presidencia de la República.

Desde su establecimiento en territorio mexicano, el actuar de estas compañías fue arbitrario y en perjuicio de los intereses de México. El autor antes mencionado, basado en un informe que los juristas Efraín Buenrostro, Mariano Moctezuma y Jesús Silva Herzog presentaron en 1937, señala:Los peritos descubrieron que [las compañías] evadían impuestos al registrar ganancias anuales de 22 millones de pesos cuando en realidad superaban cincuenta”. Entre agosto y octubre de 1937, Cárdenas buscó un acuerdo con las petroleras, las cuales se mantuvieron en la postura de no pagar, pese a que la Suprema Corte de Justicia falló a favor de los trabajadores.

Esta negativa hizo que el presidente de México tomara la decisión que ayer celebramos. A las 11 de la noche del 18 de marzo de 1938, a través de la radio, se escuchó decir al presidente Lázaro Cárdenas: "El petróleo ha sido nacionalizado". Con excepción de ciertos sectores de derecha y anticardenistas, la medida gubernamental fue aplaudida y respaldada por la totalidad de los ciudadanos, quienes se desprendieron de dinero, anillos de bodas, brazaletes y pendientes para pagar los bienes petroleros expropiados.

El pueblo de México ya pagó, pero volverá a pagar –nos dice John M. Ackerman–, “pero en esta ocasión el monto será mucho mayor, las contribuciones serán obligatorias y no serán motivo de orgullo, sino de indignación”. El columnista del diario La Jornada y del semanario Proceso tiene razón, como también la tiene cuando afirma que con la reforma  en comento “se allana el camino para el saqueo de la riqueza nacional por las empresas petroleras trasnacionales”.


Con la patriótica decisión de Cárdenas, al menos a 17 empresas extranjeras se les quitó poder para explotar el petróleo. En lo sucesivo, el petróleo sería para beneficio exclusivo de los mexicanos, algo que no ha ocurrido debido a la corrupción que ha imperado en Pemex, así como a los constantes gasolinazos que nos impuso el tristemente célebre Felipe Calderón Hinojosa. ¿Logrará la reforma energética el fin de los gasolinazos y que los mexicanos disfrutemos –como es justo– de la riqueza petrolera de México? Ojalá que así sea, pero temo que esto no suceda. 

sábado, 15 de marzo de 2014

AVANCES Y REZAGOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Por Armando Maya Castro

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, reconoció las acciones del Gobierno Federal para el fortalecimiento de una mayor cultura de la legalidad y de respeto a los derechos humanos

Con un llamado a los servidores públicos para que defiendan y hagan respetar los derechos humanos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, expuso el pasado miércoles los avances de su administración en dicha materia. Durante la ceremonia de entrega del informe de trabajo 2013, por parte del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Jefe del Ejecutivo Federal reconoció la disminución de quejas en materia de violaciones a los derechos humanos, sobre todo por el nuevo enfoque de seguridad que se centra en proteger la integridad física de los ciudadanos.

El primer mandatario de la nación pidió a la clase gobernante no caer en triunfalismos, pues la tarea –reconoció– es permanente, y un compromiso irrenunciable del Gobierno federal para responder a una sociedad que exige mejores esfuerzos.

El que existan avances en materia de protección a las libertades fundamentales no significa que se haya terminado la pobreza, la intimidación, el maltrato, el bullying, la discriminación y la intolerancia religiosa, formas de violencia que urge erradicar de nuestro querido México.
El discurso de Peña Nieto nos lleva a recordar que un 10 de diciembre de 1948 fue promulgada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer documento redactado por la Comisión de Derechos Humanos, órgano normativo que fue creado en 1946 para elaborar los documentos relativos a la defensa y protección de los derechos humanos de los habitantes de nuestro planeta.

Tras el Holocausto Nazi, en el que fueron exterminados sistemáticamente seis millones de judíos, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la citada Declaración “como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”.

Esta resolución, que consta de 30 artículos, surgió no sólo por el rechazo generado por la política hitleriana de exterminio de razas que incluía a judíos, gitanos, testigos de Jehová, homosexuales, vagabundos y comunistas, sino para frenar también los abusos perpetrados por algunos Estados en agravio de sus propios ciudadanos.

Cuando se habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es obligado destacar que se trata del primer documento que logró abordar en detalle “la noción de que existe un conjunto de derechos internacionales y libertades fundamentales que los gobiernos están obligados a garantizar a sus ciudadanos”.

El tema obliga a plantearnos las siguientes preguntas: ¿Cómo estamos en materia de derechos humanos 65 años después de la proclamación de la citada Declaración? ¿Han cesado del todo las violaciones a las libertades fundamentales en las últimas seis décadas, al grado de que los seres humanos puedan considerar superada la amenaza de nuevas violaciones a sus garantías individuales? Veamos algunas de las respuestas a estas interrogantes.

En las últimas seis décadas se han dado importantes avances jurídicos en materia de derechos humanos. Nadie en su sano juicio puede negarlos, como tampoco nadie puede negar que a pesar de dichos avances los derechos humanos están lejos de convertirse en realidad para millones de mexicanos.

Los esfuerzos de las últimas décadas, encaminados a proteger y promover las libertades fundamentales, son innegables, como también es innegable que en los últimos tiempos se han producido innumerables atropellos en agravio de las minorías. Estas violaciones han sido perpetradas, entre otros, por los miembros del credo que ha alcanzado el estatus de religión mayoritaria, pero también por las religiones que han alcanzado similar categoría en las naciones pertenecientes al mundo musulmán.

La importancia de los esfuerzos realizados por la comunidad internacional en materia de derechos humanos es que a través de ellos se intenta corregir la larga, dolorosa e interminable historia de atropellos y violaciones, atribuible a la falta de respeto de las personas y grupos cuyo fanatismo los lleva a excluir y maltratar a quienes profesan un credo diferente al suyo.

Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que es bueno celebrar los avances, pero es mejor reconocer que se necesita mucho más para acabar con este tipo de prácticas y con los demás rezagos existentes en materia de derechos humanos.


Twitter: @armayacastro


ANA FRANK, LA VÍCTIMA MÁS CONOCIDA DEL ANTISEMITISMO

Por Armando Maya Castro
A sesenta y nueve años de su muerte, Ana Frank sigue siendo leída por millones de seres humanos. Su obra sigue denunciando la crueldad del nazismo, al tiempo de crear conciencia sobre las prácticas inhumanas que jamás se deben repetir

El pasado jueves se cumplieron 69 años del fallecimiento de Annelies Marie Frank Hollander, conocida mundialmente desde la publicación de su famoso diario, en el que relata la historia de más de dos años de encierro que vivió junto a su familia durante la ocupación nazi en Holanda.

Ana Frank, como todo mundo la conoce, nació en Frankfurt, Alemania, el 12 de junio de 1929. Cuando los nazis comenzaron a perseguir judíos, la familia de la adolescente se exilió en Ámsterdam. Su escondite –al que tiempo después  llegó la familia Van Daan– fue la parte trasera de una casa oculta por una estantería giratoria.

El 4 de agosto de 1944, los ocho ocupantes de ese refugio fueron arrestados por la Grüne Polizei, la policía auxiliar holandesa que por aquellos años comenzó a practicar “razzias” (redadas) en algunas áreas de las ciudades importantes como Ámsterdam, obligando a los judíos a salir de sus casas. La adolescente murió de tifoidea el 12 de marzo de 1945, en el campo de concentración de Bergen-Belsen, cuando tenía 15 años de edad.

La angustia de esta adolescente y de sus familiares fue experimentada por varias familias judías de la época, las cuales buscaban ponerse fuera del alcance de la brutalidad nazi, causante de la muerte de poco más de 6 millones de judíos durante la segunda guerra mundial.

El escritor Carlos Golberg relata que las dos familias “fueron desmembradas y enviadas a distintos campos de concentración. El diario, con sus hojas desparramadas por el piso, fue recuperado y guardado por dos de los fieles holandeses que habían protegido a los Frank, pero nadie pudo evitar que Ana fuera enviada a Auschwitz el 2 de septiembre de 1944. Luego los prisioneros fueron separados por sexo, y Ana no volvió a ver nunca más a su padre". El autor antes mencionado nos dice que Ana "fue apartada del grupo destinado a ser ejecutado, siendo forzada a desnudarse para ser desinfectada. Le raparon el cabello y le tatuaron una cifra, para clasificarla y demostrarle que, a despecho de su diario y de sus sueños, que eran los de cualquier muchacha de la época, para los profetas del odio no era más que un número" (Carlos Golberg, Cazando hienas: Simón Wiesenthal, el Mossad y los crminales de guerra, Lectorum, 2010, México, D. F., p. 109).

El antisemitismo, definido como el “conjunto de sentimientos, prejuicios, ideologías y prácticas xenófobas contra los judíos”, cometió sus primeros excesos en el siglo IV de nuestra era, luego de que el catolicismo fuera oficializado como religión del Imperio romano. Esta oficialización comenzó a gestarse con el Edicto de Milán, promulgado por Constantino y el coemperador Licinio, en 313 d. C., y se consumó con el Edicto de Tesalónica, promulgado por el emperador Teodosio, el 28 de febrero de 380.

¿Practicaron los primitivos cristianos alguna forma de antisemitismo? La respuesta a esta interrogante es no. En el auténtico cristianismo, fundado por Jesucristo y difundido por él y sus apóstoles en los siglos I y II de nuestra era, nunca se presentaron sentimientos ni prácticas antijudías. En el Nuevo Testamento no se encuentran expresiones que estimulen el rencor hacia el pueblo judío, al que pertenecían Jesús de Nazaret y sus apóstoles.

¿Cuál es, entonces, el origen de estos sentimientos? Para algunos autores, el antisemitismo comienza en el año 150 d. C., cuando Melito habla de la muerte del Señor Jesús en los siguientes términos: “Dios ha sido asesinado, el Rey de Israel fue muerto por una mano israelita”. El también obispo de Sardis se apoyaba en un texto del Evangelio de Mateo, donde los judíos, en referencia al sacrificio del Hijo de Dios, expresaron: “Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos”. La incorrecta interpretación de este texto de la Biblia dio origen a las persecuciones que amargaron la vida de los judíos por más de 18 siglos.

Durante las cruzadas –la  primera de las cuales fue convocada por el papa Urbano II, en 1095– esta animadversión creció tanto que, al pasar los cruzados por los pueblos y ciudades donde vivían judíos, descargaban contra ellos su furor y los asesinaban con crueldad excesiva. Simón Wiesenthal, el “cazanazis” austriaco de origen judío, refiere en El libro de la memoria judía: calendario de un martirologio: “Los judíos soportan lo que llamamos antisemitismo, desde hace más de dos mil años, desde que fueron echados o deportados del país que les pertenecía”. Wiesenthal, que logró sobrevivir al Holocausto nazi, asegura que “la persecución de los judíos fue siempre dirigida por los cristianos, primero por la Iglesia católica romana, luego por la Iglesia ortodoxa”.

El teólogo Juan Crisóstomo –autor de ocho homilías contra los judíos– inventó la noción de culpabilidad que responsabiliza a la nación judía de la muerte del Señor  Jesús. Los llamó “judíos deicidas” (asesinos de Cristo), “una maliciosa etiqueta de la que los judíos nunca pudieron escapar”, afirma el escritor John Hagee. Los clérigos antes mencionados nunca imaginaron que su errada interpretación de las Sagradas Escrituras iba a ser la causa de millones de crímenes, sobre todo en la vigencia del holocausto nazi, en el marco del cual se produjo el fallecimiento de Ana Frank, cuyo aniversario luctuoso inspiró mi columna de hoy. 


Twitter: @armayacastro



jueves, 13 de marzo de 2014

EL ESTADO CONFESIONAL Y SUS PARTIDARIOS

Por Armando Maya Castro
Como se hacía en la vigencia del Estado confesional, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, consagró ese estado de la República al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús

Mucha tinta ha corrido ya sobre la laicidad del Estado, y el tema sigue sin ser comprendido por varios políticos y gobernantes mexicanos. Me refiero a esos que, habiendo jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos y las leyes que de ella emanan, no cesan de atropellar al Estado laico con sus declaraciones y acciones en favor de la iglesia mayoritaria.

Algunos de esos políticos aseguran tener pleno conocimiento del tema. Sin embargo, su insolente inclinación hacia el catolicismo los evidencia ante la sociedad como neófitos en la materia, o –peor aún– como enemigos de la laicidad. La preferencia de éstos indica que en México se está dando un proceso de regresión, lo que obliga a redoblar esfuerzos en defensa del Estado laico.

Nuestro país está urgido de políticos capaces de comprender que el Estado no puede comprometer recursos para cumplir los proyectos de asistencia social que llevan a cabo determinados grupos religiosos. Nadie cuestiona la importancia y nobleza de estas acciones, pero estará de acuerdo conmigo que la asistencia social del Estado debe darse con estricto apego a la ley, respetando en todo momento el principio histórico de separación del Estado y las iglesias.

Me parece una contradicción que algunos gobernantes hayan prometido en sus campañas electorales mantener una actitud de respeto y defensa hacia el Estado laico, y que más tarde, ya en el ejercicio de sus funciones, se les vea destinando partidas millonarias a ciertas congregaciones religiosas para la puesta en marcha de determinados programas de asistencia social.

Seré específico: contra lo que establece nuestra Carta Magna, el DIF Nacional destinó casi 13 millones de pesos para la ampliación y equipamiento de un Centro de Atención a Niñas y Adolescentes Embarazadas, cuyas instalaciones –recién inauguradas– se sitúan en la colonia Constitución de Zapopan, Jalisco, dentro del Instituto Médico Social “El Refugio”, operado por una congregación de monjas franciscanas.  

Durante la inauguración de dicho centro, la presidenta del Consejo Consultivo del Sistema DIF Nacional, Angélica Rivera de Peña, señaló: "Me da mucho gusto ayudar a las mujeres embarazadas en esta etapa tan bonita y tan difícil en su vida, porque lo que necesitan en este momento es apoyo, orientación y compañía; aquí las vamos a cuidar, las vamos a proteger, para que se puedan sentir queridas y sobre todo, que ellas sepan que no se encuentran solas" (El Informador, 5 de marzo de 2014).

Nadie en su sano juicio cuestiona las bondades de este tipo de programas sociales, pero debe quedar claro que en un Estado laico estas actividades se deben realizar bajo el marco de la ley y al margen del quehacer eclesial. No digo ni sugiero que las iglesias suspendan su trabajo de asistencia social, sino que lo realicen con las donaciones que captan de sus fieles y de los diferentes grupos y personas que se identifican y simpatizan con su labor. 

Este ilegal proceder no es nuevo en nuestro país. Se acordará usted, estimado lector, que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa abundaron este tipo de prácticas violatorias de la ley. En ese tiempo, la Secretaría de Gobernación (Segob) entregó 413 mil 840 pesos en diversos bienes a los Hermanos Misioneros de la Caridad, una orden fundada por Teresa de Calcuta para asistir a enfermos mentales en condición de calle (La Jornada, 15 de julio de 2009).

Este atropello no lo cometió cualquier institución del Estado; lo perpetró la Segob, la instancia encargada de "vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas". Así de grave.

Es evidente que varios actores de la clase política mexicana desean ardientemente el retorno del Estado confesional. Lo desean los gobernadores que han consagrado sus entidades al Sagrado Corazón de Jesús, las autoridades que han destinado partidas millonarias para apoyar el trabajo asistencial de la Iglesia católica, los funcionarios que han facilitado al clero católico dinero, inmuebles y terrenos, así como aquellos legisladores que promueven y aprueban reformas constitucionales que favorecen los intereses de la jerarquía católica.

Son los ciudadanos los que no quieren el retorno del Estado confesional, el cual considera que determinada religión es la única válida, por lo que se identifica con ella, la protege y la difunde entre la ciudadanía. Los amantes de las libertades y del respeto a los derechos humanos no desean su retorno porque en la vigencia del Estado confesional se discrimina a quienes no profesan un credo religioso, así como a quienes tienen una creencia religiosa que diverge de la que el Estado considera válida. No se equivoca Óscar Celador Angón cuando sostiene que “La confesionalidad del Estado supone la quiebra del principio de igualdad entre los individuos, ya que los únicos que van a disfrutar de libertad religiosa son aquellos que practican la religión oficial, mientras que los demás, bien serán objeto de persecución por sus creencias, bien podrán disfrutar de cierta tolerancia religiosa o incluso de libertad religiosa, pero siempre limitada por la religión oficial”. Más claro, ni el agua.  

sábado, 8 de marzo de 2014

MUJERES, POCO QUE CELEBRAR EN SU DÍA

Por Armando Maya Castro
A 100 años del establecimiento del Día Internacional de la Mujer, millones de mujeres siguen siendo objeto de maltrato, discriminación y explotación. La celebración obliga a los Estados y a las sociedades a redoblar esfuerzos para erradicar de una vez por todas esta lacra social

Hoy es el Día Internacional de la Mujer, celebración que se estableció en Dinamarca en 1910, como homenaje y reconocimiento a las mujeres que se han esforzado a través de los tiempos por alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo del género femenino. Esta celebración es aprovechada también para recordar y difundir que todas las mujeres –independientemente de su edad o estatus social– tienen el derecho fundamental a vivir libres de violencia.

El primer Día Internacional de la Mujer se conmemoró el 19 de marzo de 1911. Participaron en dicha celebración más de un millón de mujeres, quienes demandaban el fin de la discriminación en el trabajo, el derecho al voto y a ocupar cargos públicos, así como el derecho a trabajar y a tener acceso a la enseñanza vocacional.

En los primeros años se festejó en fechas diferentes, según resolvía cada país. Fue en 1914, a propuesta de las mujeres de Alemania, cuando se conmemoró por primera vez un 8 de marzo. Esto significa que esta fecha emblemática cumple el día de hoy 100 años, lapso durante el cual las mujeres de México y el mundo han librado grandes batallas en su afán por alcanzar el derecho a la equidad, desde la diferencia.

Pese a los avances alcanzados en materia de derechos femeninos, la discriminación de género sigue siendo una dolorosa realidad en nuestro tiempo. Millones de mujeres siguen sin tener acceso a la justicia en condiciones de equidad, además de sufrir el atropello de sus derechos humanos en el hogar y en los centros de trabajo. En el caso particular de México, las cifras son escalofriantes: cinco de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, afirma ONU-Mujeres.

Estas cifras son altamente alarmantes, pero lo son más cuando los números indican que muchas de estas cobardes agresiones son perpetradas por la pareja. La Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestra que en México más del 46% de mujeres mayores de 15 años sufrió algún incidente por parte de su pareja (esposo o pareja, ex esposo o ex pareja, o novio).

Por lo regular, el silencio de las víctimas ocasiona que los agresores sigan agrediendo a su pareja, impidiendo que las autoridades apliquen las sanciones que establece la ley. Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que la cultura de la no denuncia favorece la impunidad de la violencia y del autor de la misma. También la favorece el desdén o la falta de una atención adecuada por parte de las autoridades competentes.

Los datos que hemos mencionado, y la dolorosa situación de segregación que enfrentan las mujeres en México, nos llevan a plantearnos la siguiente pregunta: ¿tienen algo que celebrar las mujeres este 8 de marzo? Alguien podrá responder que sí al tomar en consideración que hoy –como nunca antes en el pasado– los derechos de las mujeres se encuentran plenamente reconocidos en la legislación nacional e internacional. En mi opinión, estos avances deben celebrarse con la debida sobriedad, advirtiendo a la sociedad y a las instituciones públicas la necesidad de redoblar esfuerzos para lograr la erradicación de este lamentable mal.

Respecto a los feminicidios, deseo recordar que este problema no es privativo de un solo estado de la República Mexicana. Actualmente estos asesinatos se producen en diversas partes de México, ya no sólo en la fronteriza Ciudad Juárez, que se hizo tristemente famosa por las llamadas “muertas de Juárez”. Recordará usted que muchos de estos asesinatos quedaron en la más completa impunidad debido a la incapacidad de las autoridades para esclarecer la responsabilidad de dichos delitos. No olvidemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegó a considerar al Estado Mexicano como uno de los principales responsables de estos hechos. En 1998, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 44/98 al gobernador de Chihuahua y al presidente municipal de Juárez, recomendando iniciar procedimientos administrativos a varios servidores públicos por omisiones y actos de negligencia durante la indagatoria.

La celebración del Día Internacional de la Mujer representa una magnífica oportunidad para considerar lo que debe hacerse contra la discriminación, la explotación y la violencia, males que degradan y denigran la dignidad de las mujeres. Por la enorme deuda que México tiene con las mujeres, la celebración de este día no debe ser para pronunciar discursos cargados de jactancia por los avances en materia de derechos femeninos. Ojalá que, por respeto a las mujeres, las disertaciones de nuestros políticos y gobernantes sean lo suficientemente mesuradas.

Twitter: @armayacastro




viernes, 7 de marzo de 2014

VENEZUELA, A UN AÑO DE LA MUERTE DE HUGO CHÁVEZ

Por Armando Maya Castro
A un año de su muerte, millones de venezolanos lo recuerdan

En un ambiente de marcada polarización, Venezuela celebró este 5 de marzo el primer aniversario de la desaparición física del comandante Hugo Chávez Frías, un líder polémico pero carismático, con gran arrastre y un impresionante poder de convocatoria.

Para entender el carisma de Chávez conviene preguntarnos: ¿qué es un líder carismático? La respuesta nos la da el sociólogo e historiador estadounidense Immanuel Wallerstein: “Es alguien que tiene una muy fuerte personalidad, una visión política relativamente clara y una gran energía y persistencia en impulsar esta visión. Los líderes carismáticos atraen gran respaldo, primero que nada en su país. Pero los mismos rasgos de su persona que atraen respaldo son también los que movilizan una oposición profunda hacia sus políticas” (La Jornada, 30 de marzo de 2013).

En Venezuela, ni los numerosos enemigos que tuvo Hugo Chávez discuten el carisma y liderazgo de este controvertido personaje. Tampoco niegan su capacidad de gestión, esa que le permitió canalizar ingresos de la industria petrolera a rubros como la salud, la educación y el combate a la pobreza, medidas que le permitieron multiplicar las escuelas y los hospitales, erradicar el analfabetismo y disminuir la mortalidad infantil, además de facilitar el acceso a la vivienda, al trabajo y a la alimentación.  Algunas voces sostienen que esa vocación de ayudar a los desprotegidos llevó a la ruina la economía venezolana.

Pese a su sensibilidad y cercanía con el pueblo venezolano, Chávez fue acusado –desde su aparición pública en 1992– de “golpista”, “dictador”, “autoritario”, “antidemocrático” e “intolerante”. En más de una ocasión fue señalado de asumir una postura de agresiva confrontación frente a los defensores de los derechos humanos, a quienes acusó de recibir financiamiento y cumplir órdenes del gobierno estadounidense, con quien tuvo una relación tormentosa.

Debe admitirse que algunos de estos señalamientos no eran del todo infundados. Chávez sí fue autoritario, a pesar de haber declarado en su tiempo que no había país más democrático que Venezuela. Es importante aclarar, sin embargo, que el autoritarismo chavista no fue mayor que el que practicaban varios de los líderes políticos que lo censuraban.

Aunque el expresidente venezolano afirmó no haber violado las libertades fundamentales, lo cierto es que en Venezuela sí se cometieron atropellos contra la dignidad de las personas. Pero dígame usted, amable lector, ¿acaso George W. Bush, que acusó reiteradamente a Hugo Chávez de violar los derechos humanos, no cometió peores atropellos en el marco de su lucha contra el terrorismo? Prueba de ello son los esfuerzos que realiza Amnistía Internacional para que el ex mandatario estadounidense rinda cuentas ante la justicia por su implicación en violaciones de derechos humanos.

No existe el gobernante perfecto. Hugo Chávez no lo fue, a pesar de la mitificación de su persona. Cometió muchos errores, pero también tuvo aciertos que le significaron el reconocimiento y simpatía de millones de venezolanos que siguen amándole y extrañando sus discursos y su forma de gobernar y hacer política.

El legado y pensamiento del líder venezolano, cuya muerte colapsó hace un año la ciudad de Caracas, siguen siendo recordados en Venezuela y en varias partes del mundo. El gran problema es que estos dos elementos no le han sido de mucha utilidad a Nicolás Maduro, quien “no ha podido lidiar con la ya elevada inflación que se aceleró al 56% anual, y la escasez de productos básicos como la leche o el papel higiénico se ha acentuado en los últimos meses, irritando a chavistas y opositores por igual”, se afirma en una nota de Diego Oré de Reuters. Por el bien de los venezolanos, la humanidad espera que los males que aquejan a esa gran nación se resuelvan en el marco de la ley.

Twitter: @armayacastro