Por
Armando Maya Castro
Las leyes de México no han logrado erradicar la discriminación religiosa, un flagelo que el Estado y la sociedad deben combatir con mayor firmeza |
Aunque el derecho a la
libertad religiosa está consagrado en el artículo 18 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, la discriminación por motivos religiosos sigue siendo
un problema grave en nuestro país. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en
México (Enadis 2010) reveló que “cuatro de cada diez personas que viven en
comunidades mayoritariamente católicas, consideran que la religión es un
importante factor de división en la comunidad”.
La discriminación en general
es un problema que se halla presente en todo el mundo, y que se niega a
desaparecer a pesar de las leyes y de los esfuerzos que los Estados despliegan en
su afán por erradicarla. Su gravedad es de tal magnitud, que en 1995 la UNESCO
se manifestó alarmada ante “la intensificación actual de los actos de
intolerancia, violencia, terrorismo, xenofobia, nacionalismo agresivo, racismo,
antisemitismo, exclusión, marginación y discriminación perpetrados contra
minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, refugiados,
trabajadores migrantes, inmigrantes y grupos vulnerables de la sociedad...”.
A través de los siglos, la
discriminación religiosa ha ocasionado muchísimo dolor y ha sido la base de varios
conflictos sangrientos. Por ejemplo, las guerras de religión francesas, que en
el siglo XVI enfrentaron a los católicos con los hugonotes, teniendo como
desenlace la masacre de la noche de San Bartolomé (24 de agosto de 1572). Pero veamos
el caso específico de México, donde la discriminación religiosa sigue violando
los derechos humanos básicos y desafiando todas las normas de las leyes
democráticas.
En el México actual, existen
personas y grupos que se niegan a aceptar la realidad de nuestra nación en
materia religiosa. Son mentes que quisieran el retorno de los viejos tiempos,
en los que la religión única era el catolicismo, sin tolerancia para ninguna
otra. Con este tipo de mentalidad resulta complicado admitir que los seres humanos
tienen el derecho inalienable de escoger su religión y conducirse conforme a sus
principios.
Para resolver este problema debe
aceptarse que México es un país religiosamente plural, tal como lo demuestran las
7,790 asociaciones religiosas registradas ante la Segob. Este dato es
contundente y corrobora que la pluralidad religiosa en nuestro país es una
realidad innegable.
Por desgracia, algunos
medios han contribuido a magnificar el problema de la discriminación religiosa.
Lo han hecho al exhibir la diversidad religiosa como algo extravagante y como
un peligro que atenta contra la unidad de las familias y de la nación. Esta
actitud no ayuda a que nuestra sociedad vea la pluralidad religiosa como un
valor social que merece ser justipreciado. Tampoco coadyuva a que se le valore como
una expresión de la riqueza cultural e identitaria de una sociedad moderna y
desarrollada como la nuestra.
Las declaraciones
intolerantes e irresponsables de algunos clérigos han contribuido también al
agravamiento del problema. Me refiero a esas campañas de odio en contra de las
minorías religiosas, despectivamente llamadas sectas por sus detractores. El
ejemplo más claro lo tenemos en el otrora nuncio apostólico en México, Girolamo
Prigione, quien describió así a los grupos religiosos minoritarios: “"las
sectas son moscas que hay que matar a periodicazos".
México ha definido un marco
jurídico de lucha contra la discriminación que es bastante claro: el artículo
1° de nuestra Carta Magna consagra el principio universal de prohibir todo tipo
de discriminación: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Por su parte, la Ley de Asociaciones Religiosas
y Culto Público dispone en su artículo 2°, inciso c): “El Estado mexicano
garantizará a favor del individuo, los siguientes derechos y libertades en
materia religiosa: no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por
causa de sus creencias religiosas…”.
No podemos soslayar la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyo objeto es “prevenir y
eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier
persona…” (Artículo 1°). Este ordenamiento jurídico establece como conducta
discriminatoria, entre otras: “Limitar la libre expresión de las ideas, impedir
la libertad de pensamiento, conciencia o religión, o de prácticas o costumbres
religiosas, siempre que éstas no atenten contra el orden público” (Artículo 9,
fracción XVI).
A pesar de la claridad de
nuestro marco jurídico, la mayoría de las veces éste no resulta especialmente útil
para las minorías religiosas, quienes lamentan que la mayoría de los casos de
intolerancia y discriminación religiosa queden en la más absoluta impunidad. Lo
que sucede en Los Altos de Chiapas es, en mi opinión, el mejor ejemplo.
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