NUEVAS EMBESTIDAS AL ESTADO LAICO

Por Armando Maya Castro

La alcaldesa Margarita Arellanes Cervantes, en franco desafío al Estado laico, entregó simbólicamente a Jesucristo las llaves de la ciudad de Monterrey (Imagen: YouTube).

El pasado sábado, Margarita Arellanes Cervantes, alcaldesa de Monterrey, participó en un evento evangélico denominado “Monterrey ora”, organizado por la Alianza de Pastores de Monterrey. Durante el desarrollo del acto, la alcaldesa entregó las llaves de la ciudad a Jesucristo, acción que constituye una violación a los artículos 1°, 24, 40 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 1°, 3°, 25 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP).

Ante unas 3 mil personas, la edil regiomontana, católica y de extracción panista, expresó las siguientes palabras: "Reconociendo que la participación humana es indispensable, sabemos que por sí sola no tiene la capacidad de revertir las tinieblas que sólo la luz de la fe de Dios puede desvanecer. Es por eso que hoy estamos aquí reunidos y yo, Margarita Alicia Arellanes Cervantes, entrego la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a nuestro Señor Jesucristo, para que su reino de paz y bendición sea establecido”. 

No lanzaré calificativos contra la alcaldesa blanquiazul, como los que circulan en su contra en las redes sociales, o como aquellos que han utilizados sus adversarios políticos, algunos de los cuales se han atrevido a calificar de patológica su conducta. Me interesa, por encima de todo, insistir en el respeto que merece la Constitución General de la República, esa que las autoridades juraron cumplir y hacer cumplir al tomar posesión de sus cargos.

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Subsecretaría de Asuntos Religiosos tienen el deber de iniciar un expediente respecto a la participación oficial de Arellanes Cervantes en el referido evento religioso. Esta acción ilegal, realizada en connivencia con un grupo de pastores ansiosos de notoriedad mediática, desafía la histórica separación del Estado y las iglesias, además de atentar contra el principio de libertad religiosa, que consiste en respetar la convicciones religiosas de los demás. 

El temor de millones de mexicanos es que la Segob vaya a actuar en este caso como actuó en el pasado reciente, cuando dejó impunes diversos atropellos al Estado laico. El más sonado de ellos, la “macrolimosna” que el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, entregó a la Arquidiócesis de Guadalajara para la edificación de un templo cristero en el cerro del tesoro, municipio de Tlaquepaque. En aquella ocasión, la Segob dio carpetazo al acuerdo de la Cámara de Diputados relativo a la solicitud que se hizo a la dependencia del Ejecutivo federal para que investigara y determinara la legalidad de un donativo que se hizo con recursos del erario. Gobernación debe poner fin a este tipo de impunidad, sancionando conforme a la ley a los funcionarios que, en franco desacato, han desafiado el Estado laico.

Es preocupante que la Segob no haya hecho nada hasta este momento en relación a los actos en que los gobernadores César Duarte Jáquez, de Chihuahua, y Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, consagraron sus estados al sagrado corazón de Jesús y al doloroso e inmaculado corazón de María. Esta impunidad no le hace ningún bien al Estado laico ni a las libertades que de él emanan, por el contrario las perjudica, ya que alienta a otras autoridades a proceder como lo hicieron los mandatarios antes mencionados. 

Para el analista en asuntos religiosos, Bernardo Barranco Villafán, el epicentro de esta nueva actitud “radica en el propio presidente de la República, que no ha escondido su trayectoria y fervor religioso”. El periodista explicó vía telefónica al diario El País que estos cambios comenzaron a darse con Vicente Fox y el panismo, que lleva en su ideario la doctrina social de la Iglesia católica. Sobre el proceder de los gobernadores y alcaldes que han participado oficialmente en actos religiosos, Barranco Villafán explicó que es Enrique Peña Nieto quien “propicia” dicha actitud desde el Gobierno.

Nadie está coartando la libertad religiosa de los gobernadores que han consagrados sus estados a la virgen. Tampoco cuestionamos la fe de la alcaldesa de Monterrey, ni la de los alcaldes Rodolfo Ambriz Oviedo de Benito Juárez, Nuevo León (PAN), César Garza Villarreal de Guadalupe, Nuevo León (PRI), y Enrique Pelayo Torres de Ensenada, Baja California (PRI), quienes entregaron a Jesucristo las llaves de sus municipios. Cuestionamos que estas autoridades pasen por alto la ley que prohíbe a los funcionarios públicos participar con carácter oficial en actos religiosos (Artículo 25, LARCP).

Las autoridades civiles, pero sobre todo los ministros de culto de las iglesias, deben tener presente que fue Jesucristo quien estableció, con palabras sabias y memorables, la sana separación que debe existir entre la política y la religión: “Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”.