Por Armando Maya Castro
Los evangélicos de Chiapas han hecho innumerables llamados a las autoridades federales y estatales para que erradiquen de esa entidad la intolerancia religiosa |
Desde
mediados de los años sesenta, el estado de Chiapas, como ninguna otra entidad de
la República mexicana, ha sido escenario de innumerables casos de intolerancia
religiosa. Lo triste del caso es que no se vislumbran soluciones que erradiquen
del territorio chiapaneco la violencia religiosa que ha afectado, en mayor
medida, a las personas y grupos que no profesan el catolicismo.
En
las zonas rurales de Chiapas, la intolerancia religiosa sigue produciendo asesinatos,
violaciones, expulsiones, quema y destrucción de casas, cortes de agua y
energía eléctrica, amenazas y despojos. Estos atropellos han sido en agravio de
las minorías religiosas establecidas en ese estado de la República, quienes han
tenido que soportar la pasividad de la Secretaría de Gobernación, instancia que
parece no haber dimensionado la gravedad de dicho problema.
Los
autores de estos lamentables casos se niegan a reconocer que hoy por hoy nuestra
sociedad es más plural y diversa. Se trata de personas que les cuesta aceptar que
el catolicismo dejó de ser, desde hace muchas décadas, la religión dominante y
única que fue a lo largo del México colonial y durante buena parte del siglo
XIX. Estas personas han sido y seguirán siendo férreos opositores al Estado
laico, el cual surge como una necesidad para garantizar la libertad de
conciencia y religión. La convivencia pacífica y armónica de las distintas
confesiones religiosas sólo puede darse en la vigencia del Estado laico, garante
de la imparcialidad y neutralidad de éste en materia religiosa.
La
intolerancia religiosa creció en Chiapas en los dos sexenios anteriores, pero sobre
todo en el de Felipe Calderón Hinojosa, quien permitió que el problema se acrecentara
al grado de colocar a Chiapas (con 30 mil desplazados por motivos religiosos) en
la entidad de mayor expulsión de evangélicos en el mundo. Calderón buscó la
manera de satisfacer la demanda de libertad religiosa como la concibe la
jerarquía católica, olvidando que se trata, no de otorgamientos de privilegios,
sino de un derecho humano que todo gobierno tiene el deber de respetar,
proteger y garantizar.
El
gobierno calderonista aceptó la existencia de estos casos, pero ignoró las
demandas de los evangélicos, quienes llegaron a solicitar a la Subsecretaría de
Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob, la creación de una
fiscalía para estos casos, dependiente de la PGR. La Segob fue omisa e insensible
a la demanda de los evangélicos, demostrando así su menosprecio hacia las
minorías religiosas. Este proceder, impropio de un gobierno que proclamó a los
cuatro vientos su compromiso con los derechos humanos, permitió que los casos
de intolerancia religiosa de ese tiempo quedaran en la impunidad. El desdén del
gobierno hizo que los solicitantes denunciaran mediáticamente la existencia de
inequidad religiosa, poniendo como ejemplo que cuando el cardenal Juan Jesús
Posadas Ocampo fue asesinado, se instauró una fiscalía para la investigación.
“¿Por qué rechazan nuestra petición?, ¿cuántos muertos tenemos que poner para
que se abra una fiscalía?”, preguntaban los demandantes, evidenciando el trato
discriminatorio del que eran objeto.
Isaín
Mandujano, corresponsal del semanario Proceso en Chiapas, nos informa que diversas
organizaciones civiles, preocupadas por el estado que guardan los conflictos ya
“añejos”, enviaron una carta al gobernador Manuel Velasco Coello, exigiéndole
“poner fin a la intolerancia religiosa en la entidad”, y no dejar impunes estos
atropellos: “Derivado de la administración anterior (de Juan Sabines), en los
últimos años han ido creciendo los casos de intolerancia religiosa en Chiapas,
sin que algún funcionario público haya tomado en serio la atención de esta
problemática que lastima de manera considerable a la sociedad chiapaneca. En
muchos de los casos se han esperado acciones concretas para la atención y la
aplicación de la ley para el restablecimiento del Estado de Derecho, pero esto
nunca ha sucedido”.
Este
requerimiento deja en claro dos cosas: que Chiapas sigue siendo un estado
conflictivo en el ámbito religioso; y que falta a la verdad el director general
de Asociaciones Religiosas cuando asegura que, salvo un caso, no ha recibido
más denuncias sobre intolerancia religiosa.
La
única verdad es que en Chiapas, y en diversos estados de la República mexicana,
los casos de intolerancia religiosa son el pan nuestro de cada día. Un ejemplo
de lo antes dicho es la actitud intolerante que asumieron el pasado martes los
católicos tradicionalistas de la comunidad de Los Llanos, municipio de San
Cristóbal de las Casas, impidiendo el retorno de un grupo de protestantes que
permanecían en el destierro desde enero de 2010. Este grupo volvió a sufrir el
rigor de la intolerancia que experimentaron hace tres años, cuando fueron
privados arbitrariamente de su tierra, familia y propiedades, por el único
delito de no profesar la fe católica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario