Por Armando Maya Castro
Con
la reforma del artículo 24 constitucional, que provocó la inconformidad de
cientos de miles de mexicanos, ha quedado claro que los legisladores de nuestro
tiempo, salvo honrosas excepciones, tienen preocupaciones e intereses distintos
a los que tuvieron los 209 diputados que formaron el Congreso Constituyente de
1917, que dio a luz nuestra actual Constitución.
En
la elaboración de esta Carta Magna tuvieron una destacada participación 209
diputados, que abarcaban desde obreros de las minas y textiles, hasta maestros,
pequeños empresarios y terratenientes. ¿Qué temas preocuparon a la Asamblea
Constituyente reunida en la ciudad de Querétaro? Fueron primordialmente cuatro:
"la reforma agraria, el status legal de los depósitos del subsuelo, las
relaciones civiles y militares, y las relaciones entre la Iglesia y el
Estado".
La
legislación sobre este último tema se realizó produciendo la insatisfacción del
clero, que inició una campaña inmediata e intensa contra lo que llamó
"leyes injustas y contrarias al derecho natural".
Mario
Ramírez Rancaño, en su obra "El patriarca Pérez: la Iglesia católica
apostólica mexicana" refiere que, "como las restricciones impuestas a
la Iglesia católica en la Constitución de 1917 no fueron fácilmente aceptadas,
el episcopado entró en los terrenos de la disputa y la sedición". Respecto
a las acciones del Gobierno, el citado autor afirma: "exigió el
cumplimiento de la Constitución", aunque la Iglesia "se empecinó en
desconocerla".
Años
antes, estando todavía vigente la Constitución de 1857, el Gobierno de
Venustiano Carranza mostró similar firmeza. El Ministro de Hacienda de su
Gobierno, en defensa de la legislación entonces vigente, hizo saber a través de
un folleto, la firme decisión del Gobierno del llamado Barón de Cuatro
Ciénegas: "El propósito del Gobierno Constitucionalista con respecto a la
Iglesia católica mexicana, es procurar que se cumplan estrictamente las
llamadas Leyes de Reforma, que hasta ahora no se habían venido
cumpliendo...".
La
primera embestida clerical contra la Carta Magna entonces promulgada ocurrió el
24 de febrero de 1917. En una publicación de desacuerdo, publicada en el diario
El Universal, el Episcopado Mexicano protestó en los siguientes términos:
"Ese Código hiere los derechos sacratísimos de la Iglesia católica, de la
sociedad mexicana y los individuales de los cristianos; proclama principios
contrarios a la verdad enseñada por Jesucristo, la cual forma parte del tesoro
de la Iglesia y el mejor patrimonio de la humanidad; y arranca de cuajo los
pocos derechos que la Constitución de 1857... reconoce a la Iglesia como
sociedad y a los católicos como individuos".
Esa
misma protesta se publicó en 1926, durante el mandato de Plutarco Elías Calles,
quien intentó que la Iglesia católica se sometiera a la Constitución vigente.
Tras la citada publicación "aparecieron nuevas declaraciones del arzobispo
José Mora y del Río, donde protestaba contra los artículos de la Constitución
que se oponían a sus prácticas religiosas. Más aún, el Arzobispo postuló que
iniciarían una campaña contra las leyes injustas y contrarias al derecho
natural", afirmando que el Episcopado, clero y católicos no reconocían los
artículos 3°, 5°, 27 y 130 de nuestra actual Constitución.
Treinta
y cuatro años después de la expedición de dicho ordenamiento jurídico, Ángel
María Garibay, historiador y escritor católico, afirmaba que leyes como el
artículo 130 Constitucional "retroceden a la época de los faraones, o de
los tiranos de la Roma decadente". Respecto al artículo 3°, que establece
el carácter laico de la educación, el clérigo antes citado, decía: "con
todo y sus reformas, son puros paños calientes que a nadie satisfacen y ninguna
función llenan. La mejor manera de vivir es no hacer caso de estas
leyes...". Este sacerdote, como los
clérigos del tiempo de la cristiada, era partidario de promover la
desobediencia civil en caso de que las leyes no le sean favorables.
De
1926 a 1929, diversas organizaciones católicas y grupos conservadores, siguiendo
el ejemplo de Mora y del Río, apoyaron con todo a los cristeros y promovieron
boicots y campañas de desobediencia civil al Gobierno federal, a la
Constitución General de la República y a la llamada Ley Calles. Aquellas
campañas desencadenaron, como lo demuestra nuestra historia, la Guerra
Cristera, cuya violencia provocó el despojo, la muerte y la polarización de
innumerables familias.
@armayacastro
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