sábado, 1 de junio de 2013

EN LOS TERRENOS DE LA DISPUTA

Por Armando Maya Castro
En lugar de combatir pacíficamente en contra de las "restricciones" que la Constitución de 1917 impuso a la Iglesia católica, el episcopado optó por entrar en los terrenos de la disputa y la sedición. Se suscitó así la Guerra Cristera, que ocasionó un innecesario e inútil baño de sangre

Con la reforma del artículo 24 constitucional, que provocó la inconformidad de cientos de miles de mexicanos, ha quedado claro que los legisladores de nuestro tiempo, salvo honrosas excepciones, tienen preocupaciones e intereses distintos a los que tuvieron los 209 diputados que formaron el Congreso Constituyente de 1917, que dio a luz nuestra actual Constitución.
En la elaboración de esta Carta Magna tuvieron una destacada participación 209 diputados, que abarcaban desde obreros de las minas y textiles, hasta maestros, pequeños empresarios y terratenientes. ¿Qué temas preocuparon a la Asamblea Constituyente reunida en la ciudad de Querétaro? Fueron primordialmente cuatro: "la reforma agraria, el status legal de los depósitos del subsuelo, las relaciones civiles y militares, y las relaciones entre la Iglesia y el Estado".

La legislación sobre este último tema se realizó produciendo la insatisfacción del clero, que inició una campaña inmediata e intensa contra lo que llamó "leyes injustas y contrarias al derecho natural".

Mario Ramírez Rancaño, en su obra "El patriarca Pérez: la Iglesia católica apostólica mexicana" refiere que, "como las restricciones impuestas a la Iglesia católica en la Constitución de 1917 no fueron fácilmente aceptadas, el episcopado entró en los terrenos de la disputa y la sedición". Respecto a las acciones del Gobierno, el citado autor afirma: "exigió el cumplimiento de la Constitución", aunque la Iglesia "se empecinó en desconocerla".

Años antes, estando todavía vigente la Constitución de 1857, el Gobierno de Venustiano Carranza mostró similar firmeza. El Ministro de Hacienda de su Gobierno, en defensa de la legislación entonces vigente, hizo saber a través de un folleto, la firme decisión del Gobierno del llamado Barón de Cuatro Ciénegas: "El propósito del Gobierno Constitucionalista con respecto a la Iglesia católica mexicana, es procurar que se cumplan estrictamente las llamadas Leyes de Reforma, que hasta ahora no se habían venido cumpliendo...".

La primera embestida clerical contra la Carta Magna entonces promulgada ocurrió el 24 de febrero de 1917. En una publicación de desacuerdo, publicada en el diario El Universal, el Episcopado Mexicano protestó en los siguientes términos: "Ese Código hiere los derechos sacratísimos de la Iglesia católica, de la sociedad mexicana y los individuales de los cristianos; proclama principios contrarios a la verdad enseñada por Jesucristo, la cual forma parte del tesoro de la Iglesia y el mejor patrimonio de la humanidad; y arranca de cuajo los pocos derechos que la Constitución de 1857... reconoce a la Iglesia como sociedad y a los católicos como individuos". 

Esa misma protesta se publicó en 1926, durante el mandato de Plutarco Elías Calles, quien intentó que la Iglesia católica se sometiera a la Constitución vigente. Tras la citada publicación "aparecieron nuevas declaraciones del arzobispo José Mora y del Río, donde protestaba contra los artículos de la Constitución que se oponían a sus prácticas religiosas. Más aún, el Arzobispo postuló que iniciarían una campaña contra las leyes injustas y contrarias al derecho natural", afirmando que el Episcopado, clero y católicos no reconocían los artículos 3°, 5°, 27 y 130 de nuestra actual Constitución.

Treinta y cuatro años después de la expedición de dicho ordenamiento jurídico, Ángel María Garibay, historiador y escritor católico, afirmaba que leyes como el artículo 130 Constitucional "retroceden a la época de los faraones, o de los tiranos de la Roma decadente". Respecto al artículo 3°, que establece el carácter laico de la educación, el clérigo antes citado, decía: "con todo y sus reformas, son puros paños calientes que a nadie satisfacen y ninguna función llenan. La mejor manera de vivir es no hacer caso de estas leyes...".  Este sacerdote, como los clérigos del tiempo de la cristiada, era partidario de promover la desobediencia civil en caso de que las leyes no le sean favorables. 

De 1926 a 1929, diversas organizaciones católicas y grupos conservadores, siguiendo el ejemplo de Mora y del Río, apoyaron con todo a los cristeros y promovieron boicots y campañas de desobediencia civil al Gobierno federal, a la Constitución General de la República y a la llamada Ley Calles. Aquellas campañas desencadenaron, como lo demuestra nuestra historia, la Guerra Cristera, cuya violencia provocó el despojo, la muerte y la polarización de innumerables familias. 


@armayacastro

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