Por Armando Maya Castro
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| El extinto obispo Primatesta junto al dictador Videla |
El pasado
5 de julio, el Tribunal Oral Federal No. 6 de Buenos Aires, Argentina, condenó a
50 años de prisión al ex dictador Jorge Rafael Videla, por el robo sistemático
de bebés a mujeres embarazadas detenidas durante la dictadura militar. La de
Videla es una historia de terror que se remonta al 24 de marzo 1976, fecha en que
él y los militares Emilio Eduardo Massera y Héctor Agosti encabezaron el golpe
de Estado que llamaron Proceso de Reorganización Nacional.
Es
importante recordar que el citado golpe de Estado derrocó a Isabel Perón,
presidenta de Argentina y viuda del líder histórico Domingo Perón, derrocado
también por un golpe militar, el 16 de septiembre de 1955. Con la instauración
del duro régimen dictatorial, el poder quedó, hasta el 10 de diciembre de 1983,
en manos de una junta militar integrada por los jefes del ejército y la
aviación, y presidida por Videla, quienes aplicaron “una política económica
liberal, estrechamente ligada con los centros financieros internacionales”.
La junta
militar desplegó una estrategia de dominio sobre la población bajo la forma de
terrorismo de Estado; suprimió los sindicatos, prohibió los partidos políticos,
al tiempo que anunciaba una guerra contra los adversarios políticos del nuevo
régimen. Entre las víctimas de la dictadura militar se cuentan artistas,
empleados, periodistas, obreros, estudiantes, amas de casa, etcétera.
Antes de
la condena del pasado jueves, Videla había sido sentenciado a cadena perpetua
por delitos de lesa humanidad. Esta sentencia tuvo lugar el 22 de diciembre de
2010, generando la alegría de los organismos de derechos humanos que habían denunciado
la desaparición de al menos 30 mil personas durante el régimen de facto.
La reciente
condena del dictador Videla ha generado diversas reacciones en el mundo. El
juez español, Baltasar Garzón, se declaró “contento” por la sentencia, la cual
–dijo- debe ser considerada “un ejemplo para otros países”. Señaló, además, que
la sentencia “reconforta a las víctimas, al Estado de Derecho y, sobre todo, a
la justicia”. Amnistía Internacional, por su parte, calificó el hecho como un
“paso histórico hacia la justicia en Argentina”.
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| El dictador Videla comulgando |
Adolfo
Pérez Esquivel, prologuista del libro “El papel de la Iglesia católica en la
Argentina durante la dictadura militar”, sostiene que la historia de la Iglesia
católica en esa época específica es “de contradicciones, negaciones y
complicidades”. El 14 de octubre de 1976, mientras los atropellos a los
derechos humanos eran una constante en Argentina, monseñor Tortolo, arzobispo
de Paraná, faltando a la verdad, hizo la siguiente declaración mediática: "Yo
no conozco, no tengo prueba fehaciente de que los derechos humanos sean
conculcados en nuestro país. Lo oigo, lo escucho, hay voces, pero no me
consta".
En 1977,
cuando en Argentina y en el extranjero eran conocidas las acciones inhumanas de
la dictadura, el mencionado clérigo insistió en su apoyo al régimen militar:
"La Iglesia piensa que el gobierno de las fuerzas armadas es una exigencia
de la coyuntura... Por lo tanto se tiene la convicción de que las fuerzas
armadas, aceptando la responsabilidad tan grave y seria de esta hora, cumplen
con su deber".
Pero
Tortolo no era el único religioso que apoyaba las acciones criminales de
Videla. Pueden mencionarse también al nuncio Pío Laghi, al arzobispo Raúl
Primatesta, al cardenal Jorge Bergoglio, etcétera. Algunos autores han escrito
sobre Monseñor Victorio Bonamín, quien en vez de condenar la crueldad de la
dictadura, la elogiaba. Así se expresó el 5 de enero de 1976: "Estaba
escrito, estaba en los planes de Dios, que la Argentina no debía perder su
grandeza y la salvo su natural custodio: el ejército".
Al clero no le
preocupaban las violaciones a los derechos humanos; tampoco los crímenes
perpetrados por la junta militar. Para la Iglesia lo importante eran las leyes con
que la dictadura la colmó de privilegios: sueldo para el cardenal Jorge
Bergoglio y becas para los futuros sacerdotes católicos porteños. Los autores
del libro “Guía de la Diversidad Religiosa de Buenos Aires”, Volumen 2, afirman
que estas prerrogativas no vienen de toda la vida, “sino que se hizo ley con un
decreto del dictador […] de asignación mensual a dignatarios católicos (ley
21.950 firmada en 1979 junto a José Martínez de Hoz), la ley 22.161 de 1980
sobre asignación mensual a curas párrocos de frontera y la 22.950 de octubre de
1983 firmada por el dictador Reynaldo Bignone a fin de apoyar el «sostenimiento
para la formación del clero de nacionalidad argentina»”. Esto último será
siempre lo más importante para el clero católico de cualquier nación.
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