domingo, 26 de febrero de 2012

EL LEGISLATIVO Y EL ESTADO LAICO


 Por Armando Maya Castro

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) admitió el pasado 7 de febrero que “la Iglesia católica ha estado impulsando la reforma [del artículo 24] constitucional”, pero niega que lo esté haciendo “para sacar prerrogativas”. En el mismo sentido, la Arquidiócesis de México, en el editorial del semanario católico Desde la Fe, titulado “México, un país de libertades”, aseguró que no tiene “ningún sustento” afirmar que la Iglesia católica busque a través de dicha modificación nuevos privilegios.
Las reformas constitucionales que diversos jerarcas católicos han propuesto al Legislativo prueban fehacientemente que la Iglesia católica sí busca privilegios: en julio de 2007, el obispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco planteó la reforma del artículo 130 constitucional, a efecto de ampliar la “libertad religiosa” en México y quitar los candados para que se imparta educación religiosa en las escuelas públicas, así como para posibilitar la participación de los clérigos en cargos públicos y de representación popular. Meses después, el presidente de la CEM, Carlos Aguiar Retes, propuso la reforma del artículo 24 constitucional. Pidió sustituir el término de “libertad de culto y creencias” por el de “libertad religiosa”, argumentando sin prueba alguna “que es un concepto más amplio y respetuoso de los derechos humanos”.
Los obispos que aglutina la Conferencia del Episcopado Mexicano han negado que la Iglesia católica intenté enseñar religión en las escuelas públicas. Sin embargo, en la Carta Pastoral que la CEM emitió el 25 de marzo del año 2000, bajo el título: “Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos”, se dice: “Es una obligación del Estado proveer los mecanismos necesarios y gestionar para que, quienes deseen para sus hijos educación religiosa, la puedan obtener con libertad en las escuelas públicas y privadas” (parágrafo 281).
El problema no es que en México haya un clero que exija la suma de los privilegios y favores que la Iglesia católica tenía cuando el Estado mexicano era confesional. El problema es que haya un Legislativo que, olvidando que México se proclamó como un Estado laico hace más de 150 años, sea condescendiente con las exigencias clericales.
Es evidente que el clero católico se acostumbró al poder y a los privilegios que tuvo en aquellos tiempos. Esto explica la actual insatisfacción de la Iglesia católica, misma que se manifiesta no sólo entre los jerarcas mexicanos, sino también entre los miembros del clero católico de las naciones donde esta institución disfrutó alguna vez de una posición de privilegio.
A diferencia del cristianismo de los siglos I y II, “el catolicismo se organiza a partir de la autoridad y del poder”. La búsqueda de los ministros de la Iglesia primitiva se centraba sólo en las cosas espirituales, restándole importancia al poder, a los honores y a las riquezas temporales. Todo cambió en el año 312 d. C., cuando Constantino implementó una política a favor del catolicismo: “ordenó restituir a la Iglesia los bienes que le habían sido confiscados, y se extendió a favor del clero el privilegio de exención de impuestos de que gozaban los sacerdotes paganos. Después, mandó lucir signos cristianos en monedas, medallas y estandartes, que mostraban la vinculación del emperador con el Dios de los cristianos, vínculo que equivalía a una señal de identidad”. Fue así como surgió una Iglesia distinta, en la que los obispos y el clero comenzaron a recibir diversos privilegios legales y múltiples beneficios económicos.
Sobre el caso específico de México, el libro “Las Relaciones Iglesia-Estado durante el Segundo Imperio”, escrito por Patricia Galeana de Valadés, nos permite una comprensión correcta sobre la antigua situación de privilegio que la Iglesia católica tenía antes de la Reforma liberal: “la Iglesia constituyó una especie de Estado dentro de otro, y además, un Estado rico dentro de uno pobre, ya que se ha calculado que las tres cuartas partes de la tierra laborable del país estaban en sus manos”.
La búsqueda de privilegios por parte del clero católico no ha cesado ni cesará. El problema en realidad no es ese, sino que la Cámara de Diputados haya actuado complacientemente con las exigencias del Episcopado, aprobando la reforma del artículo 24 constitucional cuyo dictamen nos advierte que después de la misma se “requerirá” revisar los artículos 3° y el 130 de nuestra Carta Magna. Tengamos presente que la demanda de reforma de estos dos artículos proviene de la jerarquía católica, no el pueblo de México.
El pasado domingo, la Arquidiócesis de México hizo un llamado al Senado de la República para que garantice la “libertad religiosa”. Su obsesión por recuperar el poder político no es lo que preocupa a los mexicanos, sino que la Cámara de Senadores, soslayando el carácter laico del Estado, y el compromiso de todos ellos con la ciudadanía, vaya a satisfacer las demandas del clero y de la derecha en el poder. Esto representaría un golpe mortal a la enseñanza laica y abriría la puerta para imponer educación católica en las escuelas públicas, lo que resultaría discriminatorio y perjudicial para las minorías religiosas del país.

Twitter: @armayacastro

sábado, 25 de febrero de 2012

LA IGLESIA CATÓLICA EN LA ARENA POLÍTICA

Por Armando Maya Castro

La Secretaría de Gobernación acaba de informar que en el presente proceso electoral, las iglesias deberán promover “entre sus feligreses el derecho al sufragio libre, secreto y universal”. ¿Es esta la respuesta al reciente exhorto que el pleno de la Cámara de Diputados hiciera al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, en el sentido de evitar que las asociaciones o líderes religiosos emitan declaraciones relacionadas con el proceso electoral?
El llamado a promover el voto entre los fieles ocasionará que los clérigos de la Iglesia católica, interesados en llevar al triunfo electoral a determinados candidatos, violen los artículos 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que prohíben terminantemente a los ministros de culto realizar actividades proselitistas a favor o en contra de algún candidato, partido o asociación política alguna.  
Desde hace mucho tiempo, la Iglesia católica ha realizado sutilmente actividades de proselitismo político. En marzo de 2003, los obispos que aglutina la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) publicaron los siguientes documentos con “criterios orientadores”: “¿Por quién votar? Criterios ante las próximas elecciones” (diócesis de Jalapa); “Por un voto responsable” (diócesis de Morelos); “Un católico vota así” (diócesis de Querétaro) y, el principal de ellos, “Votemos con responsabilidad”, mensaje pastoral de la CEM dirigido al pueblo de México, cuyo contenido “podía interpretarse como una velada inducción al voto en contra de algunas posiciones u opciones políticas”. En el parágrafo 14 de dicho documento, la CEM recuerda a los sacerdotes y a los religiosos que como pastores están "llamados a ser factores de unidad y de comunión, de reconciliación y de paz, por lo que no es nuestro papel hablar en favor o en contra de ningún candidato o partido político en particular; hemos de respetar la libertad de los fieles laicos en sus opciones políticas, dentro de un pluralismo de partidos”.
En ese mismo punto, la Conferencia del Episcopado Mexicano refiere que “su misión” consiste en “orientar con los principios éticos de la doctrina social cristiana sobre los derechos y deberes políticos de los fieles laicos, ayudando a formar una conciencia social”. Esta supuesta misión orientadora evidenciaba que los obispos y demás clérigos de la Iglesia católica iban a desplegar un trabajo proselitista a favor del candidato o partido que respondiera mejor a sus convicciones personales. 
Al respecto, Roberto Blancarte, especialista en los temas de sociología de las religiones y laicidad, opina: “…un obispo puede tener sus convicciones políticas personales, pero no debe utilizar el púlpito para avanzarlas, tampoco un legislador católico, o de cualquier otra religión, puede utilizar su representación para llevar adelante un proyecto individual o de una asociación religiosa, ni imponer su visión doctrinal, por encima del interés colectivo”. 
La invitación que la Segob hace a las asociaciones religiosas para que promuevan el voto le cae de perlas a la Iglesia católica, obsesionada en sacar adelante su propio proyecto de nación, según lo establece el documento “Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos” -emitido por la CEM en marzo del año 2000-, del que “se desprendía la necesidad de tener un Estado acorde con esa supuesta identidad cultural del país”. 
A partir de ahora, quedarán sin sanción las acciones proselitistas como las que en el 2003 realizara el obispo de Querétaro, Mario de Gasperín, quien prohibió a los católicos de su diócesis "votar por quien se oponga o niegue el derecho inalienable de los padres de familia a escoger el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, quieran para sus hijos”. 
El episcopado en su conjunto pretende que el voto de los fieles de la Iglesia católica favorezcan a los “políticos católicos” que han propuesto aquellas reformas constitucionales que son acordes con los intereses del clero. O bien, que el sufragio de aquéllos sea a favor de los políticos que han coadyuvado con su voto a lograr el avance de modificaciones legislativas como la reforma del artículo 24 constitucional, tan anhelada por una Iglesia que pretende recuperar los privilegios que tuvo cuando México era un Estado confesional.
La mayoría de los mexicanos no creen en la palabra de aquellos obispos que han dicho que la Iglesia católica se autolimitará y no permitirá que sus sacerdotes inciten a la feligresía a votar por tal o cual partido o candidato. Mi opinión al respecto es que la jerarquía católica le tomará la palabra a la Segob, y a partir de ahora se intensificará la intromisión clerical en el actual proceso electoral. La Iglesia católica sabe que su presencia en dicho proceso le permitirá promover y exigir a los líderes políticos un compromiso con su fe, lo “que en la práctica equivale al compromiso con las disposiciones del Vaticano. La pregunta obligada es esta: ¿dónde queda entonces el compromiso de estos políticos con México?

Twitter: @armayacastro

LA INTOLERANCIA RELIGIOSA SÓLO QUIERE UN PRETEXTO



Por Armando Maya Castro

Entre las personas y grupos intolerantes, cualquier pretexto puede desencadenar actos de violencia como los sucedidos en Alemania a partir del 7 de noviembre de 1938. Ese día, Hershl Grynszpan, indignado por la expulsión de su familia de la Alemania nazi, disparó una arma de fuego contra Ernst vom Rath, funcionario de la embajada alemana en París.  
Esta injustificable acción, fue el pretexto para que la violencia antijudía se intensificara en territorio alemán, con consecuencias desastrosas para los judíos ahí establecidos. En una sola noche fueron destruidas más de mil sinagogas, saqueadas miles de tiendas y hogares judíos, capturados más de 30 mil judíos que fueron conducidos luego a los campos de concentración. El suceso era “un siniestro anuncio del Holocausto que habría de venir a continuación”.
Esa noche, “muchos miembros de las Juventudes Hitlerianas andaban por allí, vitoreando y chillando ‘Raus mit den Juden’ (Fuera los judíos)”. Pero no todo quedó en gritos y alaridos. Martin Gilbert, autor del libro “La Noche de los Cristales Rotos”, nos regala los pormenores de aquel pogromo, enumerando las brutales acciones que desplegaron las Juventudes Hitlerianas: arrojaban estiércol y piedras a la cabeza y cuerpo de los judíos, destrozaban y prendían fuego a las sinagogas, arrojaban los libros y las Toras de los judíos a los arroyos, allanaban las casas y negocios de los judíos y demolían todo su mobiliario, además de insultarlos y apalearlos. Cerca de cien judíos murieron, decenas de ellos se suicidaron y miles más huyeron aterrados de aquel infierno.
El reciente brote de intolerancia religiosa en agravio de los miembros de la Iglesia La Luz del Mundo tiene como pretexto el cambio de circulación de las calles Esteban Alatorre y Pablo Valdez. En abierta provocación, los inconformes se han manifestado en varias ocasiones en la colonia Hermosa Provincia, y pocas veces han protestado frente a las instalaciones de las autoridades municipales y estatales que, con base en los estudios y dictámenes técnicos de infraestructura vial, autorizaron el reordenamiento del flujo vehicular en las citadas calles.  
Ante esto, surge una pregunta: ¿contra qué protestan estas personas? Si lo hacen contra la medida, su inconformidad tendrían que manifestarla ante las instancias de gobierno que autorizaron el cambio de sentido de las vías ya mencionadas, pero no en la colonia Hermosa Provincia. La presencia de los inconformes en este lugar indica que estamos ante una evidente manifestación de intolerancia religiosa, fenómeno que –por cierto– en los inicios de los años cincuenta obligó a los fieles de la Iglesia La Luz del Mundo a adquirir los terrenos donde se sitúa actualmente la colonia Hermosa Provincia. El objetivo de esta adquisición: vivir en un lugar que les permitiera estar en paz, sin ser acosados ni discriminados por causa de sus convicciones religiosas.
Lo sucedido el pasado jueves al filo de las 18:30 horas debe alertar a las autoridades municipales y estatales sobre la necesidad de ponerle un alto al vandalismo de los inconformes, quienes se dirigieron ese día a la colonia Hermosa Provincia con el propósito de apedrear a los fieles de esta comunidad, así como a los vehículos de su propiedad. Se debe investigar, asimismo, qué personas están instigando, alentando o promoviendo la violencia en agravio de los miembros de una Iglesia que es amante de vivir en paz.
Es preocupante que los inconformes intenten extender su intolerancia religiosa a la totalidad de los habitantes de Guadalajara a través de las redes sociales y mediante un desplegado publicado el pasado 15 de febrero en un diario de circulación local, llamando a la opinión pública para que se solidarice con ellos. La estrategia de este grupo es clara: convertir a los miembros de la Iglesia La Luz del Mundo en blanco de los ataques de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. 
Confiamos en el quehacer gubernamental de nuestras autoridades para que en lo sucesivo no se repita un acto vandálico como el del jueves, mismo que alteró la tradicional paz que se vive en Hermosa Provincia, interrumpiendo el Servicio de Adoración, una las actividades religiosas más importantes de la semana, en donde los fieles de la Iglesia se reúnen para adorar a Dios y recibir instrucción cristiana, misma que les permite mantener una relación de respeto y concordia con todas las personas que viven en esta zona de la ciudad.


Twitter: @armayacastro

¿DEFIENDE LA IGLESIA CATÓLICA LOS DERECHOS HUMANOS?



Armando Maya Castro

El pasado 7 de febrero, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) publicó un comunicado titulado “El poder de la mentira; ofuscación a la verdad”, descalificando a través del mismo a quienes rechazan la reforma del artículo 24 constitucional. Una de las cosas que llama mi atención sobre este pronunciamiento es cuando la CEM –tras reconocer que es la Iglesia católica la que ha estado impulsando dicha reforma– afirma que su misión “no es otra que defender los Derechos Humanos”.
Ante esto, uno se pregunta: ¿De veras es esta su misión? Si es así, qué mal han cumplido su misión a lo largo de su historia. Observe los siguientes eventos históricos y se dará cuenta del porqué de mi afirmación. Tras la publicación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada el 26 de agosto de 1789, el rechazo de la Iglesia católica fue inmediato. En 1791, el papa Pío VI, a través de la bula “Quod aliquanttum”, condenó dicho documento, que “hace un reconocimiento general, restrictivo e individualista de la libertad religiosa”. Antonio Osuna Fernández-Largo, asevera que esta bula condenó también a los redactores de dicha Declaración por promulgar “un derecho monstruoso de libertad natural de todo hombre”.
J. Gimbernat afirma que la condena papal fue en razón del artículo 10: “Nadie será inquietado a causa de sus opiniones, ni siquiera religiosas, con tal de que su manifestación no perturbe el orden establecido por la ley”; así como del artículo 11: “La libre comunicación de las ideas y las opiniones es uno de los más preciados derechos del hombre; todo ciudadano, por consiguiente, puede hablar, escribir, imprimir libremente, pero a condición de responder del abuso de esta libertad en los casos establecidos por la ley”.
Décadas después, el papa Gregorio XVI condenó la libertad de conciencia: “Es un principio falso y absurdo, o más bien disparatado, el afirmar que hemos de asegurar y garantizar a todo el mundo la libertad de conciencia. Este es uno de los errores más peligrosos” (Cfr. Encíclica “Mirari Vos” del 15 de agosto de 1832). Sobre la libertad de opinión, dijo que “es la ruina de la sociedad religiosa y civil”. Su condena se extendió a la libertad de retórica, así como a la libertad de imprenta, entendida ésta como “el  derecho de dar a luz pública toda clase de escritos”. La encíclica califica esta libertad como “un monstruo de doctrina, origen de un sinnúmero de errores”, comparable a la libre venta de venenos en una sociedad.
J. Gimbernat añade que durante la Edad Media, la Iglesia romana se opuso a lo que hoy llamamos derechos del hombre, “en los que veía el impulso a la mentira, al error, a un protagonismo usurpador que negaba el orden querido por Dios”. Sostiene, además, que la imagen plástica de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el catolicismo para defender su identidad, fue el establecimiento de la inquisición, “responsable entre 1480 y1834 de aproximadamente cien mil muertes y de millares de hogueras encendidas para aniquilar a las brujas, como chivos expiatorios…”.
El comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano, intenta convencernos de que con la reforma del artículo 24 constitucional se adecuará “nuestro marco constitucional a los requerimientos internacionales…”. Ante esta afirmación, nos preguntamos: ¿De cuándo acá le han importado a la Iglesia católica los tratados internacionales sobre derechos humanos? Si dichos acuerdos fueran importantes para ella, el Vaticano habría suscrito la totalidad de los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, algo que no ha hecho.
“De las 72 convenciones con unos 130 protocolos suscritos por las Naciones Unidas […] para el cumplimiento de los Derechos Humanos, la Santa Sede ha suscrito solo diez. Ha ratificado algunas convenciones (sobre los refugiados, derechos del niño y discriminación racial), pero no las convenciones generales sobre derechos civiles, políticos, económicos y socioculturales y algunas que conciernen a discriminaciones, como, por ejemplo, las basadas en el sexo, la enseñanza, el empleo, crímenes de guerra, tortura, pena de muerte, etc.” (Cfr. Javier Quezada del Río, “Diversidad cultural en el mundo del nuevo testamento”, en “Desafíos del pluralismo a la unidad y catolicidad de la Iglesia, Universidad Iberoamericana”, 2001, p. 110).
Lo anterior deja en claro que el comunicado de la CEM intenta presentarnos un rostro que no le conocemos a la Iglesia católica, institución que figura en diversas etapas de la historia de la humanidad con un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos. 

Twitter: @armayacastro