miércoles, 13 de septiembre de 2017

POR HURACANES, PELIGRA POBLACIÓN EN ZONAS DE RIESGO

16 mil personas bajo amenaza en Los Cabos

Por huracanes, peligra población en zonas de riesgo

  • Habitantes exigen a las autoridades reubicación seria, no promesas. Temen quedar sin viviendas

Por Armando Maya Castro
Septiembre 13, 2017

San José del Cabo, Baja California Sur. La llegada de la tormenta tropical "Lidia" a San José del Cabo, el pasado 31 de agosto, trajo consigo lluvias torrenciales, anegaciones, daños materiales y pérdidas humanas, al tiempo de poner en alerta a Protección Civil de Baja California Sur y a las autoridades municipales de Los Cabos, quienes evacuaron rápidamente a cientos de familias que viven en zonas de riesgo y alto riesgo.

El director de Protección Civil del municipio de Los Cabos, Marco Antonio Vázquez Rodríguez, habla de 15 mil afectados y confirma la muerte de siete personas por la tormenta tropical, así como la evacuación de 16 mil personas que viven en zonas de riesgo, muchos de los cuales fueron trasladados a los refugios temporales que se implementaron para salvaguardar vidas humanas.


Lluvias afectan viviendas en zonas de riesgo
Aunque se viene trabajando con las autoridades del Ejido San José del Cabo para dar alternativas de vivienda a las personas que viven en vados, orillas de cauces de ríos y otros asentamientos irregulares, hasta ahora la evacuación es el protocolo de trabajo de Protección Civil, señaló Vázquez Rodríguez.

Por su parte, el Ejido de San José ha señalado desde hace algún tiempo que se encuentra en la mejor disposición de llevar a cabo la reubicación de las familias que viven en zonas de riesgo y alto riesgo y que requieren desplazarse a un lugar más seguro.

Gilberto Miranda Ceseña, comisariado del Ejido de San José del Cabo, explicó que la reubicación no ha sido posible porque algunas familias que viven en zonas irregulares como Nueva Esperanza se aferran a permanecer en la invasión, dejándose llevar por promesas e intereses de algunos líderes, esto a pesar de la propuesta del Ejido de ser reubicadas a sitios donde sus vidas no corran peligro en temporada de lluvias y huracanes como la presente.

Los habitantes de Nueva Esperanza esperan que la propuesta ejidal de reubicación sea seria y no una promesa más de las autoridades, pues su temor es quedar sin vivienda en un lugar donde el pago de la renta es elevadísimo, manifestó Ambrosio Villalba uno de los habitantes del lugar.  

Demanda similar es la de los vecinos del fraccionamiento Puerto Nuevo, donde se derrumbó un edificio habitacional por los efectos de la tormenta tropical “Lidia”. La mayoría de sus habitantes exigen la reubicación total, y que las autoridades que otorgaron licencias para construir dicha zona habitacional respondan por su bienestar y el de sus familias. 

Twitter: @armayacastro 

martes, 12 de septiembre de 2017

EL CIBERACOSO, UNA AMENAZA PARA LA NIÑEZ

Por Armando Maya Castro
Abundan los adultos que se hacen pasar por niños para ganarse la confianza de menores en redes sociales. Su propósito: obtener imágenes o videos de desnudos o actitudes sexuales explícitas. Viene luego el chantaje a la víctima para perpetrar un abuso en la realidad (Foto: Voltaico).

Hablar de grooming es hablar de una práctica delictiva que afecta la seguridad de los menores de edad que tienen acceso a redes sociales, chats y foros, donde cada día se multiplican las amenazas y su peligrosidad, algo que deberían saber perfectamente bien los padres de familia. 

El grooming es el acoso de un adulto a un menor de edad mediante el uso de las tecnologías antes mencionadas, sobre todo en Facebook y WhatsApp, donde el ciberacosador adquiere cada vez mayor fuerza. Los adultos que practican esta inmoral forma de acoso en agravio de niños y niñas son llamados groomers, cuyo campo de acción es el Internet, donde suelen hacerse pasar como menores de edad. Su objetivo: “ganarse su confianza, y lograr que les envíen fotos o videos comprometidos: con desnudos o actitudes sexuales explícitas, con las que luego chantajeará online a la víctima para conseguir un abuso en la realidad” (El Mundo, 26/09/2017).

Una descripción sobre estos delincuentes que conviene tener presente es la que nos proporciona Casas (2017) en su obra “La red oscura: En las sombras de Internet: el cibermiedo y la persecución de los delitos tecnológicos”:

"El groomer es un auténtico depredador y a menudo su crueldad es inaudita, superior a la de los pederastas, en sentido estricto, que buscan racionalizar una conducta no violenta, al menos desde su particular punto de vista y excepción hecha de aquellos que tienen comportamientos sádicos”. 

Del perfil psicológico de los groomers, el autor en referencia nos dice: "Suelen ser muy activos y sus víctimas se cuentan por centenares o miles". Añade que un practicante del grooming "tiene creados múltiples perfiles en las redes sociales que frecuentan los niños, Tuenti, Facebook, etc. En aquel lugar donde haya menores, allí estará. Usa fotos del chico o chica que atraiga al segmento de población al que desee atacar".

Para el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), el ciberacoso representa un riesgo para las víctimas que incluye enfermedades, embarazos no deseados, trastornos psicológicos, estigma, discriminación, dificultades en la escuela, y hasta el suicidio en caso extremo" (Ávila, 2016).
La buena noticia para el estado de Jalisco es que recientemente el Congreso local penalizó el grooming, el sexting y los retos suicidas. Observe usted lo que al respecto publicó el portal web del Congreso del Estado de Jalisco, el pasado 7 de septiembre:

“Respecto a la modificación al Artículo 142-A [del Código Penal del Estado de Jalisco] se impondrán de tres a seis años de prisión a aquel adulto que con propósitos sexuales se haga pasar por un niño o adolescente para engañar a una persona menor de edad, cuando el depredador haga uso de las tecnologías de la información la pena irá de los seis a los 12 años y si la víctima es menor de 12 años la pena podría alcanzar hasta los 15 años” (Congreso del Estado de Jalisco, 2017). 

Para entender la importancia de que en Jalisco se castigue con multas y cárcel esta deliberada forma de acoso, es necesario saber qué es lo que está pasando en ese estado en materia de grooming. Me apoyaré para ello en un extracto de la conferencia Riesgos y seguridad infantil en un mundo virtual, presentada por la diputada panista María Arámbula, el pasado 24 de junio: 

“En Jalisco, sobre todo en Vallarta, estamos entre los primeros lugares en pederastia y pornografía infantil, por lo que consideró que hace falta conjuntar esfuerzos entre padres de familia, maestros, sistema educativo y sistemas de gobierno, para establecer mecanismos de protección y seguridad, tanto para padres como para los propios niños, a propósito de los riesgos que corren nuestros hijos cuando navegan en la red”. 

Luego de reconocer la situación de Jalisco en materia de pederastia y pornografía infantil, la legisladora blanquiazul continuó explicando el modus operandi de los groomers: “Una vez que los acosadores consiguen que la víctima acepte un encuentro en el mundo real, entonces se configuran delitos más serios, como trata infantil, pornografía, violaciones y abuso infantil”.

Por la amenaza que estos depredadores representan para los menores que navegan en la red, es digno de aplaudir el trabajo de las y los legisladores del estado de Jalisco. Y lo digo porque estoy totalmente convencido de que las sanciones que incorpora el Código Penal del Estado de Jalisco han de contribuir a disminuir esta modalidad de acoso en prejuicio de los niños.  

Twitter: @armayacastro 

Publicado en la edición impresa de El Mexicano, el 12 de septiembre de 2017.






jueves, 7 de septiembre de 2017

EL PATRIOTISMO ES SIEMPRE, NO SÓLO EN SEPTIEMBRE

Por Armando Maya Castro
Patriota es el que entrega cotidiana y desinteresadamente sus energías por amor a México  (Foto: yoinfluyo.com).

Septiembre es un mes en que los mexicanos conmemoramos varios acontecimientos sobresalientes de la historia de México: el inicio de la independencia; la consumación de la gesta independentista; la defensa del castillo de Chapultepec, custodiado con heroísmo por los cadetes del Colegio Militar ante los embates de las fuerzas norteamericanas, y donde murieron los llamados Niños Héroes, el 13 de septiembre de 1847.

Desde el comienzo del llamado “mes de la patria”, las muestras de patriotismo -que no siempre lo son- empiezan a aflorar en la mayoría de los mexicanos. En estos treinta días, las principales calles y avenidas de las grandes ciudades de México se visten de verde, blanco y rojo, los denominados colores patrios, por ser los que luce con orgullo nuestra bandera nacional.

En este mes, los tradicionales vendedores de banderitas y artículos con los colores patrios acaparan la atención de un importante número de mexicanos, quienes adquieren de los comerciantes en cuestión accesorios y objetos alusivos a las fiestas que conmemoran el inicio de la independencia de México, una gesta libertaria que encabezó Miguel Hidalgo y Costilla con el Grito de Dolores, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, y que culminó el 27 de septiembre de 1821, día en que el Ejército Trigarante al mando de Agustín de Iturbide desfiló victorioso por las calles de la ciudad de México.

¿Puede llamarse patriotismo a la costumbre de celebrar de esta manera el movimiento que logró materializar una nación libre e independiente? No necesariamente, como tampoco se le puede dar el nombre de patriotismo al supuesto fervor patrio de este mes, ni al estar orgullosos de la tierra que nos vio nacer, de nuestras costumbres y tradiciones. 

Ser patriota es mucho más que hacer alarde de nuestro amor por México; patriotismo es el sentimiento de compromiso y solidaridad con nuestro país y su gente, que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros en pro de la grandeza de México. 

El patriota no se limita a quejarse de las cosas malas que suceden en nuestro país en materia de economía y seguridad pública; es el que entrega cotidiana y desinteresadamente sus energías por amor a México, procurando su engrandecimiento los 365 días del año, no sólo en el presente mes.

El sentimiento de nacionalismo es mucho más mucho más que las vivas que políticos y ciudadanos lanzan a nuestra independencia, a Miguel Hidalgo y Costilla, a José María Morelos y Pavón, a Josefa Ortiz de Domínguez y a los demás héroes que nos dieron patria y libertad. 

El patriotismo va también más allá de las vestimentas típicas, vestidos coloridos y trajes de charro, así como del grito septembrino ¡Viva México!, una exclamación de supuesto orgullo nacional que el 15 de septiembre aparece en la boca de prácticamente todos los mexicanos, incluso de aquellos para los cuales independencia y patria son sólo pretextos para quemar cohetes, banquetear y beber bebidas embriagantes. 

Tampoco es la remembranza eventual de los héroes que nos dieron patria y libertad, sino el valor que nos impulsa a imitar la admirable entrega de los grandes hombres de la historia de México, así como la de los hombres y mujeres que en el tiempo actual se esfuerzan diariamente para hacer de México un país mejor en todos los sentidos.

Coincido con De Hostos (2014) cuando señala que patriotismo es “el deber de trabajar asidua y concienzudamente, en cuerpo y alma, con músculo y nervios, con razón y sentimiento, y con toda la fuerza de la conciencia por el más alto desarrollo posible de la patria nacional".

Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que lo demás es mero patrioterismo. 

Twitter: @armayacastro

Publicado en la edición impresa de El Mexicano, el 7 de septiembre de 2017

martes, 5 de septiembre de 2017

TRIBULACIÓN Y DECEPCIÓN EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Por Armando Maya Castro
Continúan en México los ataques a la libertad de expresión, lo que ha generado críticas de famosos en varias partes del mundo (Foto: Animal Político).

México, al igual que muchos países del mundo, ha reconocido los derechos fundamentales tutelados jurídicamente, entre los que figura la libertad de expresión, “un elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo”, señala la Unesco, quien agrega que sin dicha libertad “ninguna de estas palabras podría funcionar o prosperar”.

Sobre este derecho fundamental, la paquistaní Malala Yousafzai, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2014, señaló este 3 de septiembre en entrevista con El Universal que se siente "muy decepcionada" por la situación de los derechos humanos en México y, especialmente, por lo que ella considera una "negación" de la libertad de expresión. 

Otro famoso que lamentó este 4 de septiembre la situación de los periodistas en nuestro país es Emmanuel Carrère, quien fue designado como el ganador del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2017. El literato francés declaró a El Universal que se siente "atribulado por la situación de los periodistas en México y admiro que a pesar de estas amenazas sigan haciendo su trabajo", señaló el también periodista, considerado “heredero de Michel de Montaigne y de Jean-Jacques Rousseau”.

Pero no todo es decepción y lamentos tocante al tema de la libertad de expresión. Por fortuna, existen también noticias buenas en la materia, una de ellas es la publicación de "Estándares internacionales de libertad de expresión: Guía básica para operadores de justicia en América Latina", un manual didáctico de 39 páginas presentado el pasado 29 de agosto en la Fundación Nacional para la Democracia (NED) de Washington. 

Esta guía "incluye temas como la violencia contra los periodistas, el acceso a la información y los retos de internet", además de intentar "traducir de manera concisa y clara más de 70 años de jurisprudencia internacional en materia de libertad de expresión”. Asimismo, define "cuáles con las limitaciones legítimas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión", señala una nota de la agencia noticiosa EFE. 

Estoy convencido que estas acciones han de coadyuvar a conservar y fortalecer las conquistas de la humanidad en materia de libertad de expresión, un derecho plasmado en varios instrumentos, entre ellos los siguientes: Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; (numerales 10o. y 11o.); Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (artículo 19); Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 4); Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión; Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 19).

El aporte de nuestro querido México es valioso en la materia: la libertad de expresión y de imprenta ha sido consagrada por los siguientes textos constitucionales: el Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana de 1814 (artículo 40); el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de 1823 (artículos 17, 18 y 19); el Acta Constitutiva de la Federación de 1824 (artículo 31); la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 (numeral 161); las Bases y Leyes Constitucionales de la República Mexicana de 1836; las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843; el Acta Constitutiva y de Reforma de 1847 (artículos 5o. y 27); la Constitución Federal de 1857 (artículos 6o. y 7o.); el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 1865 (artículo 76) y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (artículos 6o. y 7o.) (Decisiones Relevantes de la SCJN. Serie 68). 

Para conservar los anteriores logros legislativos, que cubren más de doscientos años, es necesario que las autoridades de los tres niveles de gobierno redoblen esfuerzos y realicen acciones a fondo para acabar de una buena vez con los hostigamientos, malos tratos e intimidaciones contra los periodistas que se dedican a investigar y denunciar los actos de corrupción y abuso de las autoridades, así como las actividades delictivas de las bandas criminales, las atrocidades y las violaciones a los derechos humanos. México exige que se ponga fin a los ataques contra la libertad de expresión. 

Publicado en la edición impresa de El Mexicano, el 5 de septiembre de 2017

martes, 27 de junio de 2017

LA LUCHA CONTRA LA TORTURA

Por Armando Maya Castro
La aplicación de electroshocks, uno de los métodos de tortura que actualmente es utilizado por diversas corporaciones policiacas, y hasta por la CIA (Foto: ABC) 

Este 26 de junio se cumplieron 30 años de la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El artículo 1º de este importante documento define la tortura de la siguiente manera: 

“…todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.

La tortura que, según Amnistía Internacional (2014), se emplea en nuestro tiempo para "obtener confesiones o incriminar a otras personas", así como para “castigar, obtener dinero mediante extorsión, controlar, intimidad y humillar", es un mal que data de la más remota antigüedad. 
Estuvo presente en el sistema legal de Grecia y de Roma, donde “fue ejercida ampliamente contra los esclavos como forma diaria de obligarlos a obedecer y a temer a sus dueños”, refiere Pareja (2013).

En el Imperio Romano, señala Figueroa (2012), “la tortura estaba institucionalizada y las declaraciones de los esclavos obtenidas bajo tortura eran aceptadas judicialmente en el tribunal”. Al referirse a los castigos de ese periodo histórico, el autor antes mencionado apunta: "En materia de castigos existía la pena de muerte; la hoguera; la lapidación; la crucifixión; la furca; el devoramiento por animales; y las multas”.

Aristóteles consideraba la tortura en La Retórica “dentro de las 5 pruebas extrínsecas utilizables en los procesos legales: las leyes, la costumbre, los testigos, la tortura y los juramentos”, expone Alfredo Jadresic Vargas, quien trae a la memoria lo que Edward Peters escribía sobre el flagelo que nos ocupa: "...la cuestión del sadismo entre los torturadores es compleja. La institución de la tortura crea tantos sádicos como los que atrae."

Morris (1996) refiere que en la Edad Media "la tortura fue realmente legal. Era un medio autorizado para obtener confesiones en tiempos en que las confesiones, de súbito, cobraron importancia crucial". En más sobre la tortura que imperó en el medievo, Pareja (2013) afirma que este bárbaro y monstruoso mal “era parte del ritual común y corriente utilizado por la inquisición para obtener la 'confesión del hereje'. La Bula papal "Ad extirpanda" de Inocencio IV, expedida en 1252, justificó el uso de la tortura por parte de la Inquisición", contradiciendo los métodos de amor con que Cristo y sus apóstoles predicaron el Evangelio en el siglo I de nuestra era. 

“A partir del siglo XVIII la tortura comienza a perder su carácter legal, judicial y público y empiezan los procesos que tratarán de derogarla, al menos, en teoría”, nos dice Barros (2014), quien en seguida hace públicos los logros de los países que trabajaron decididamente en la erradicación de este penoso mal: “…fue prohibida en Austria (1776), en Suecia (1734), en Toscana (1786), en Francia (1789), en Hungría (1776), en Prusia (1754). Al inicio del siglo XIX había sido eliminada del procedimiento legal en prácticamente toda Europa Occidental".

A pesar de esos avances, y de las leyes que han sido creadas para abatir la tortura, los casos en la materia son una práctica cotidiana en nuestro país. La cifras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) diera a conocer en el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, conmemorado este lunes 26 de junio, dejan constancia de la gravedad del problema: En México, "del 2000 a mayo de 2017 el organismo ha recibido 417 quejas por tortura y ha emitido 100 recomendaciones, una de ellas por un caso de violaciones graves a derechos humanos; en 17 casos hubo desistimiento y en 47 se acumularon" (El Universal, 26 de junio de 2017).

Por la cantidad y gravedad de los casos de tortura en México, la CNDH pidió ayer “intensificar las acciones de prevención generando garantías de no repetición frente a estas lesivas violaciones a los derechos humanos”. El organismo encargado de la protección y defensa de los derechos humanos en México aprovechó el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura para instar a las autoridades a “combatir la impunidad, sancionar a aquellos que conciben o autorizan cualquier forma de tortura o trato cruel, inhumano o degradante enfatizando que esta práctica es inaceptable” (Proceso, 26 de junio de 2017). 

Los mexicanos esperamos que el llamado de la CNDH, así como la publicación, este lunes, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, logren debilitar significativamente el flagelo de la tortura en México. 


jueves, 22 de junio de 2017

IMÁGENES RELIGIOSAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS

Por Armando Maya Castro

Misas e instalación de imágenes religiosas en los espacios públicos, una constante en Orizaba, Veracruz, un municipio donde el Estado laico se violenta con impunidad frecuentemente (Foto: El Mundo de Orizaba)

El Estado laico mexicano es objeto de diversas violaciones por parte de una clase política que no termina de aceptar que México es un país con diversidad religiosa, en el que, por mandato de ley, no se pueden instalar en los edificios públicos imágenes religiosas del catolicismo.

Y no se puede porque las instituciones públicas de nuestro país son frecuentadas no sólo por miembros de la Iglesia católica, sino por personas que, por profesar otras religiones, no se identifican con las imágenes de la iglesia mayoritaria, quien puede usarlas en sus propios espacios, mas no en los sitios donde convergen personas con distintas creencias religiosas.

Es posible que haya políticos que piensen que la solución salomónica a este tipo de problemas sería la creación de oficinas de gobierno exclusivas para evangélicos, judíos, musulmanes, ateos y demás religiosos, pues, existiendo tales dependencias, no tendrían necesidad de ir a las oficinas donde se exhiben las imágenes católicas, que ahora alternan con las de los héroes que nos dieron patria y libertad.

No necesitamos una solución con alta dosis de discriminación como esta, sino que las autoridades de gobierno se ciñan a los principios constitucionales de laicidad y separación del Estado y las iglesias, los cuales han sido quebrantados por muchos de los funcionarios públicos que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Cada que se produce una violación contra el Estado laico, como las que actualmente se presentan en Orizaba, Veracruz, y de las que enseguida les contaré, nos vemos en la necesidad de remitirnos al gran legado de Juárez, el estadista que promulgó en Veracruz las Leyes de Reforma (1855-1861), un conjunto de leyes que fueron elevadas a rango constitucional el 25 de septiembre de 1873, durante el régimen de Sebastián Lerdo de Tejada, mediante la Ley de Adiciones y Reformas de 25 septiembre de 1873, postulando, entre otros, el siguiente principio: “El Estado y la Iglesia son independientes entre sí. El congreso no puede dictar leyes, estableciendo o prohibiendo religión alguna” (Artículo 1).

A pesar de este principio histórico, plasmado en el artículo 130 constitucional, y no obstante que el artículo 40 de nuestra Carta Magna define a la República Mexicana como “laica”, las violaciones a la laicidad estatal se han convertido en México en el pan nuestro de cada día.

El caso que hoy preocupa, y por ello me ocupa, es el de Orizaba, un municipio veracruzano que se encuentra “violando el Estado laico y la Constitución mexicana al ceder un espacio público para la realización de actos de culto religioso como la celebración de una misa católica el domingo pasado” denunció Ángel Aburto Valencia, líder evangélico de esa región (El Mundo de Orizaba, 20 de junio de 2017).

El problema va más allá de las misas que se celebran en los inmuebles municipales, ya que el ayuntamiento orizabeño ha introducido imágenes de devoción católica en varios espacios públicos, situación que la próxima semana será llevada a la tribuna del Congreso local, indicó el diputado Rogelio Rodríguez García, quien lamentó el desconocimiento de la ley por parte de las autoridades municipales que cometen estas violaciones.

Libni Zuriel de la Cruz, estudiante de la carrera de Sociología de la Universidad Veracruzana, señala que al alcalde Diez Francos se le ha hecho común violentar las leyes en materia de laicidad, y explica el porqué de su señalamiento: “Fue durante su primera administración (2008-2010) que ‘puso el dedo en la llaga’ al instalar la estatua de San Miguel Arcángel en Los Arcos que limitan las ciudades de Orizaba y Rio Blanco, con cargo al erario público”. En su segunda administración (2014-2017), añade el también defensor del Estado laico, “ha inundado los espacios públicos de Orizaba de monumentos religiosos: la virgen de Guadalupe, en Plaza Bicentenario; la instalación de otra estatua de San Miguel Arcángel, en contra esquina del Palacio de Hierro, frente a la Catedral que lleva su mismo nombre; la instalación de una capilla en el expo parque de Dinosaurios”, entre otros.

Algo debe hacer Gobernación para acabar con la impunidad en materia de laicidad. Lo digo porque, al paso que vamos, a cualquiera de nuestros flamantes diputados se le puede ocurrir un proyecto de ley para autorizar la instalación de imágenes religiosas en espacios públicos, como lo hizo el pasado mes de mayo un legislador de la República de Uruguay, en un lamentable ataque a la laicidad y al espacio público.

El proyecto de ley en cuestión es del diputado uruguayo Pablo Abdala, quien lo presentó luego de “la votación negativa de parte de la Junta Departamental de Montevideo a la instalación de un monumento a la Virgen María en la rambla del Buceo, impulsada por la Iglesia Católica” (Sociedad Uruguaya, 6 de junio de 2017).

Si no queremos que en México suceda algo similar, debemos comenzar a realizar acciones firmes, orientadas a proteger al Estado laico, cuyo desmantelamiento equivaldría a restablecer el Estado confesional y, con él, la indeseable intolerancia religiosa.

Publicado en la edición impresa de El Mexicano de Tijuana, el 22 de junio de 2017

http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Tijuana/062217/22-06-2017_TIJ_13AA.pdf

jueves, 18 de mayo de 2017

LAICIDAD, EN ESTADO DE INDEFENSIÓN POR LA IMPUNIDAD

Por Armando Maya Castro
El gobernador Miguel Márquez Márquez, violentando las leyes que establecen el carácter laico del Estado mexicano y la separación de éste y las iglesias, consagró en ceremonia religiosa el estado de Guanajuato a la virgen María.

¿Se puede hablar de un Estado laico cuando las autoridades gobiernan con base en sus creencias religiosas, en lugar de privilegiar con sus acciones y decisiones gubernamentales los intereses del pueblo que los eligió?

La respuesta al anterior cuestionamiento es un NO rotundo, más allá de lo que en materia de separación del Estado y las iglesias establezca la Constitución General de la República y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. 

El verdadero Estado laico, que se caracteriza por ser independiente de cualquier confesión religiosa, es incapaz de otorgar privilegios a una religión en particular; tampoco los otorga a los ministros de culto al servicio de dicho credo. 

Esto último ocurre únicamente en un Estado confesional, cuya principal característica es la adopción oficial de una religión o la adhesión a ésta, ya sea a través de su Constitución, o bien, mediante los usos y costumbres, como ocurre en varios países de América Latina. 

Y menciono usos y costumbres porque las autoridades de México, con cinismo e impunidad, se han acostumbrado a incurrir en prácticas violatorias del Estado laico en los artículos 24, 40 y 130 constitucionales, así como de los artículos 1°, 3°, 25 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que es el ordenamiento jurídico reglamentario de las disposiciones constitucionales “en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público”. 

Y hablo de impunidad porque es la verdad. O dígame usted, ¿se impuso alguna sanción a los Duarte, ex gobernadores de triste memoria en Chihuahua y Veracruz, cuando pasando por encima de la Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir consagraron sus estados al sagrado corazón de Jesús y a la virgen María? ¿Sancionó Gobernación a la alcaldesa Margarita Alicia Arellanes Cervantes cuando entregó simbólicamente a Jesucristo las llaves de la ciudad de Monterrey?  ¿Se aplicó el peso de la ley a los demás alcaldes del norte de México que hicieron exactamente lo mismo que hizo la ex alcaldesa regiomontana? 

¿Y qué se hizo a las autoridades eclesiásticas que presidieron los actos religiosos en que ocurrieron los desacatos a la ley ya referidos? Absolutamente nada, a pesar de que existen evidencias de que en todos y cada uno de estos casos se violentó flagrantemente el Estado laico, el cual parece no importarle a la mayoría de nuestros políticos. 

Los anteriores casos de impunidad en materia de laicidad me llevan a asegurar que la Secretaría de Gobernación no impondrá ningún tipo de sanción al gobernador Miguel Márquez Márquez, por haber violado la Constitución al consagrar su estado a la virgen María, esto durante los festejos de los cien años de las supuestas apariciones de la virgen de Fátima, un acto que fue presidido por el arzobispo leonés Alfonso Cortés Contreras. 

El mandatario guanajuatense, que califica su consagración no como un acto de violación al Estado laico, sino como “un acto de fe a su religión”, ha señalado que no tenía contemplada la consagración de Guanajuato, “pero decidió hacerlo a petición del Vicario de la Diócesis de León, el padre Juan Rodríguez Alba, actual párroco de San Pío X”, refiere una nota publicada este miércoles en el portal de Periódico AM. 

Espero estar equivocado y que Gobernación, la instancia encargada de “vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas”, decida sancionar en lo sucesivo a todos los actores políticos y religiosos que violenten el Estado laico. Estará de acuerdo conmigo en que únicamente la aplicación de la ley puede combatir ejemplarmente la impunidad, una impunidad que no le hace bien a México, sino sólo a los jerarcas de la religión numéricamente mayoritaria.

Twitter: @armayacastro

Publicado el 18 de mayo de 2017 en El Mexicano