Por Armando Maya Castro
La
sociedad mexicana ya no soporta la inseguridad que nos flagela diariamente, un
mal creciente que hoy por hoy ha alcanzado niveles alarmantes en varios estados
de la República mexicana.
La ola de
violencia es el pan nuestro de cada día, esto a pesar de las continuas
recomendaciones que nos proporcionan los medios de comunicación y algunas
autoridades de gobierno en el sentido de aprender cómo prevenir y reaccionar
ente un posible acto de violencia en nuestro agravio.
Las
quejas se escuchan diariamente en redes sociales, en las calles, en el hogar,
en los restaurantes y demás sitios de reunión, sobre todo cuando nos enteramos de
la saña y brutalidad inauditas con que son ejecutadas algunas de las personas que
son devoradas por la ascendente espiral de violencia. Las quejas tienen razón
de ser si tomamos en cuenta las cifras preliminares que este lunes diera a
conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): en lo que va
del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto han ocurrido un total de 62 mil
926 homicidios.
Se tiene
que reconocer, sin embargo, que existen gobiernos estatales que están realizando
acciones serias –aunque no tan contundentes– para frenar la violencia, como
también hay entidades donde el triunfo de la impunidad es un hecho innegable.
Me refiero a esos estados donde se cometen delitos que no se castigan como
marca la ley, tal vez porque así conviene a determinados grupos de poder
político.
Uno de
los casos más recientes es el de San Juan Chamula, un municipio marcado por la
violencia religiosa que, desde principios de los años setenta, han desplegado
algunos caciques de varios municipios indígenas tzotziles y tzeltales, quienes
han venido encarcelando, expropiando y finalmente expulsando a los evangélicos
que se niegan a contribuir económicamente para la celebración de las fiestas
patronales, señalan los autores del libro Globalización, resistencia y negociación en América
Latina.
Lo ocurrido
el pasado sábado en la plaza central de San Juan Chamula, donde fue asesinado y
rematado con el “tiro de gracia” el presidente municipal Domingo López
González, no puede desvincularse de la cuestión religiosa. Y lo digo porque en
dicho municipio se localiza el principal foco de intolerancia religiosa en México,
un fenómeno que ha producido innumerables atropellos en agravio de la comunidad
evangélica de Chiapas. Los números son contundentes: en poco más de cuatro
décadas, cerca de 40 mil evangélicos han sido expulsados con lujo de violencia
de sus comunidades.
Sobre
este lamentable caso de violencia, el analista político Jorge Fernández
Menéndez señala en su columna Razones de este lunes: “es un conflicto político
donde intervienen distintos actores que cambian de bando con más facilidad que
de ropas. Están involucrados priistas, verdes, zapatistas, católicos y
evangélicos, y otros grupos que en realidad, más que de ideologías, defienden
intereses personales”.
En más
sobre el caso, el citado columnista agrega: “En la zona, como dijimos, operan
zapatistas y existe una profunda intolerancia religiosa entre los católicos
ultratradicionales de Chamula, otros grupos católicos más cercanos a la
diócesis de San Cristóbal y evangelistas, y todos se reparten entre distintos
grupos y partidos políticos. En realidad, muchas de estas luchas están basadas
en el control de la venta de bebidas alcohólicas (el pox), refrescos y hasta de
velas, que se disputan diversos caciques. Las expulsiones de indígenas de la
comunidad por motivos religiosos son constantes y en ocasiones sirven,
simplemente, para ocultar disputas por tierras” (Excélsior,
25/07/2016).
Los
antecedentes de San Juan Chamula en materia de intolerancia religiosa, así como
el puntual análisis de Fernández Menéndez, nos llevan a demandar la inmediata
intervención de las autoridades federales, para que se lleve a cabo una
investigación profunda de los móviles que produjeron los ya mencionados actos
de violencia.
Estará
usted de acuerdo conmigo, estimado lector, que la investigación del caso debe
ser seria y debe estar dirigida a determinar las causas y la totalidad de los
responsables intelectuales y materiales de los hechos, a los cuales, por bien
de México, debe aplicarse todo el peso de la ley.
Soy de
los que piensan que las autoridades de los tres niveles de gobierno están a
tiempo de unir esfuerzos para dar respuesta satisfactoria a una ciudadanía
harta de la violencia, que demanda, con justa razón, el fin de la grave crisis
de violencia por la que atraviesa nuestro país.
Twitter:
@armayacastro
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