Por Armando Maya Castro
En Chiapas, los católicos tradicionalistas siguen violentando las libertades fundamentales de los evangélicos que viven en ese estado de la República Mexicana, ubicado geográficamente en el extremo sureste de nuestro territorio, en la frontera con Guatemala.
Estos casos de violencia religiosa en dicha región del país no son nuevos. Se vienen cometiendo con frecuencia desde mediados de los años sesenta, a pesar de nuestras leyes y de que Chiapas es, desde hace ya varios años, el estado menos católico del país, según datos del INEGI.
A los innumerables casos de intolerancia religiosa, que en un lapso de cinco décadas han producido la expulsión de más de 40 mil evangélicos de varias comunidades chiapanecas, debemos añadir el más reciente caso de intolerancia por motivos religiosos: el arresto de cinco tzotziles -tres de ellos menores de edad- detenidos el pasado miércoles 8 de julio. Este arresto se perpetró porque en Tzeteltón, municipio de San Juan Chamula, existe un acuerdo arbitrario e intolerante, firmado por las autoridades, el cual consiste en que "los pobladores que se conviertan en protestantes deben pagar una multa de cinco mil pesos y en caso de negarse, realizar trabajos forzados y abandonar su vivienda", informa una nota publicada en el portal de un diario de circulación nacional.
Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que el acuerdo en cuestión atenta contra los derechos humanos de los habitantes de Tzeteltón y de los cinco evangélicos arrestados, quienes tienen el derecho de exigir justicia y la anulación de cualquier acuerdo que limite o menoscabe su libertad de tener o de adoptar las creencias religiosas de su elección.
Entiendo que esto último es bastante complicado en un estado como Chiapas, donde las autoridades han permitido el avance y arraigo de la intolerancia religiosa, y que casos como el que nos ocupa, en agravio de los miembros de la Iglesia Jesús es el Camino, queden en la más vergonzosa impunidad.
Señalo lo anterior porque en la misma nota se informa sobre otro caso de intolerancia religiosa que sigue impune y sin solución. Se trata del caso de "53 indígenas evangélicos desplazados de las comunidades de La Florecilla y Los Llanos, municipio de San Cristóbal y San Gregorio, municipio de Huixtán, [quienes] cumplieron un mes en plantón en la Plaza Catedral de esta ciudad para exigir el cumplimiento de una minuta firmada en diciembre pasado por las autoridades estatales para su reubicación, pues ya no pueden retornar a sus localidades", refiere.
Como usted recordará, en diciembre de 2014, las autoridades de Chiapas se comprometieron, mediante la firma de una minuta, a reubicar a 40 evangélicos de la comunidad de Los Llanos, municipio de San Cristóbal de las Casas, expulsados en enero de 2010 por los católicos tradicionalistas. Según el convenio, la reubicación debió darse el pasado mes de abril, pero nada de esto ha ocurrido, por lo que los desplazados decidieron "instalarse en plantón por tiempo indefinido, hasta que se cumpla lo pactado en la minuta", declaró el líder evangélico de Alas de Águila, Esdras Alonso González.
Mientras estos actos deplorables ocurren en el estado de Chiapas, en Bolivia el papa Francisco pidió perdón por las ofensas y crímenes que la Iglesia católica cometió contra los pueblos indígenas durante la conquista de América. Lo que no dijo el Pontífice romano en su súplica pública de perdón, es que su Iglesia, la católica, sigue cometiendo en varios países -entre ellos México- atropellos semejantes a los que cometieron los católicos en el siglo XVI, el siglo en que se llevó a cabo, de manera arbitraria, la imposición del catolicismo en nuestro continente.
Twitter: @armayacastro
Publicado el 10 de julio de 2015 en el diario El Occidental
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