Por Armando Maya Castro
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| Urgen medidas para detener la violencia contra las mujeres de México |
En visita no
oficial a México, Rashida Manjoo, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre
Violencia contra la Mujer, hizo un llamado al Estado mexicano a rendir cuentas del
combate a la violencia contra las mujeres y acabar con la impunidad imperante.
Durante su
participación en un foro realizado el pasado jueves en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), donde dictó la Conferencia Magistral Estándares
Internacionales para Prevenir y Sancionar la Violencia Contra las Mujeres, la
relatora sudafricana recordó que los gobiernos tienen la responsabilidad de
abatir la impunidad que cubre los casos de violencia en agravio de las mujeres.
Al referirse
al tema de la rendición de cuentas del combate a la violencia contra las
mujeres por parte del Estado, Rashida Manjoo alertó: “Si la rendición de
cuentas no es la norma, el mensaje a la sociedad es que la violencia contra las
mujeres está bien; normaliza la violencia como parte de la cultura”.
Para erradicar
este tipo de violencia y la impunidad que le acompaña es esencial que las
autoridades investiguen y procesen eficazmente en los tribunales nacionales los
crímenes de violencia contra las mujeres, especialmente los crímenes de
violencia sexual.
El
incremento de estos casos evidencia que los responsables de la procuración y
administración de justicia no han cumplido debidamente su deber de investigar y
sancionar conforme a la ley las agresiones que sufren las mujeres de México.
Las
autoridades de nuestro país deben recordar que la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) instó
a los estados firmantes –entre ellos México– a establecer medidas legislativas
y de otra índole que prohíban la discriminación contra la mujer.
Aparte del
anterior documento, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó en 1993 la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde afirma
que "la violencia de género deteriora o anula el desarrollo de las
libertades y pone en peligro los derechos humanos fundamentales de las mujeres,
la libertad individual y la integridad física de las mujeres". Este
Declaración instruye a los Estados parte a condenar toda violencia física,
psicológica o moral que atente contra la vida, dignidad, integridad, libertad,
igualdad y seguridad de las mujeres.
Los
gobiernos federal, estatal y municipales tienen la obligación de cumplir la
Convención y la Declaración antes mencionadas, creando leyes y llevando a cabo
acciones orientadas a prevenir, perseguir y castigar este tipo de violencia,
arraigada en varias entidades del país: Estado de México, Nuevo León, Chihuahua
Guanajuato y Oaxaca, por mencionar sólo algunos.
En el caso
concreto del Estado de México es importante mencionar que en los últimos años
ha ido ganando terreno como una de las entidades con elevados índices de
violencia contra las mujeres. Las cifras son verdaderamente preocupantes: 54 de
cada 100 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia infligida por su
pareja, esto según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares 2006 (ENDRH). Otros datos indican que de 2005 a la
fecha, cerca de mil 500 mujeres mexiquenses han sido asesinadas con exceso de
violencia.
En noviembre
de 2013, Amnistía Internacional (AI) denunció que el Gobierno Federal no se ha
atrevido a declarar una alerta de género en varios estados de la República
mexicana, incluido el Estado de México. Esto es preocupante e indica que al
gobierno mexicano le interesa más proteger su imagen pública que la integridad
física y emocional de miles de mujeres que han sufrido diversos tipos de
agresiones.
En diciembre
de 2010, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos,
A. C. (CMDPDH) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitaron
al gobierno federal emitir una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en
el Estado de México. La solicitud fue rechazada por las autoridades federales,
quienes argumentaron que detrás de la petición había motivos “político-partidistas”
en contra de Enrique Peña Nieto, en ese tiempo gobernador de la entidad y
aspirante a la Presidencia de la República.
La
"alerta de género" implica el despliegue de un conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia contra
las mujeres, "investigando la problemática en la zona indicada,
garantizando la seguridad de las mujeres, eliminando las desigualdades
producidas por legislaciones que agravian sus derechos humanos y resarcir el
daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos".
Las mujeres
del Estado de México y de todos los demás estados de la República mexicana
merecen ser valoradas y vivir una vida libre de violencia. Esto se logrará a
través de acciones que contribuyan a hacer de México un país respetuoso de los
derechos de las mujeres. ¿No cree usted?
Twitter: @armayacastro
Publicado en El Mexicano de Tijuana, el día 12 de julio de 2014
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