Por Armando Maya Castro
Ilse Michel
Curiel Martínez desapareció de la casa hogar Casitas del Sur siendo una niña de
tan sólo 10 años de edad. Su madre y su abuela, las señoras Mayra Martínez y
Ardelia Martínez, respectivamente, vivieron sin saber nada de ella desde que
fue secuestrada, en noviembre de 2008.
En los últimos
seis años de su vida, Ilse convivió con tres personas cuyas declaraciones podrían
contribuir a la localización y detención de Jorge Erdely Graham y Sergio
Humberto Canavati Ayub, líderes de la Iglesia Cristiana Restaurada y de una red
criminal que vendió en adopciones ilegales a por lo menos 25 menores de edad,
afirma la periodista Sanjuana Martínez, autora del libro Se venden niños, relativo al mismo tema.
El testimonio de
Ilse puede contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre los delitos
cometidos por los líderes de la secta antes mencionada. El problema es que la
menor de edad –por temor a las represalias contra las personas que la
retuvieron ilegalmente– se niega a revelar nombres y detalles que podrían ser
de gran utilidad en la investigación.
La aparición de
Ilse vuelve a poner en el ojo del huracán a Los Perfectos, cuyos principios
"parten de la premisa de que todas las personas son apóstatas y deben
pasar por un proceso de arrepentimiento, confesión, adoctrinamiento, disciplina
y restauración", afirma Lydia Cacho Ribeiro en un artículo titulado
“Erdely: secuestrar en nombre de Dios”, escrito en su columna Plan B, publicada
el 2 de abril de 2009 en el diario El
Universal.
Sobre el
dirigente de Los Perfectos, la autora del libro Esclavas del poder señala que “Erdely, Canavati y sus seguidores
[…] están convencidos de que llevar niños y niñas robadas a vivir ilegalmente
con familias restauradas es una obra de Dios, y no un delito”. Esta y otras
informaciones periodísticas revelan que en este caso convergen delitos como el
secuestro y tráfico de menores, así como diversas violaciones a los derechos
humanos de decenas de niños y niñas que “fueron sometidos, en cautiverio, a un
implacable adoctrinamiento ideológico y religioso”, afirma el investigador
Bernardo Barranco Villafán (La Jornada,
18 de febrero de 2009).
Antes de que se
descubriera la farsa de Jorge Erdely, algunos medios de comunicación, sin
profundizar en sus antecedentes, lo presentaron como especialista en temas de
religión. El seudo investigador empleó esos espacios para exhibir con dolo
difamante a algunas iglesias como “sectas peligrosas”. Nunca habló en sus
entrevistas de su condición de pastor, mucho menos de sus abusos en agravio de
los menores de edad. Al contrario, negó –en entrevista con El Universal– ser pastor y líder de la Iglesia Cristiana Restaurada.
El pastor
Eduardo Escamilla Morales, un antiguo colaborador de Erdely, declaró ante la
PGR que la Iglesia Cristiana Restaurada, siguiendo las directrices de su líder
y fundador, adoctrinaba a sus adeptos para retener menores del albergue Casitas
del Sur. Esto significa que este dictador espiritual –como le llama Escamilla
Morales– tiene mucho que ver en el caso de los 14 menores de edad que
desaparecieron de los albergues ubicados en San Miguel y en San Pedro Mártir en
la delegación Tlalpan, en la Ciudad de México.
La Procuraduría
General de la República (PGR), que en abril de 2009 atrajo la averiguación
previa iniciada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF), está obligada a dar celeridad a las investigaciones para lograr detener
y poner a disposición de jueces penales a los líderes de la Iglesia Cristiana
Restaurada, así como a los demás implicados en la desaparición de Ilse Michel
Curiel Martínez, Sergio Iván Cuadrilla Trejo, Jorge Cuadrilla Trejo,
Bryan Cuadrilla Trejo, Asael Israel Juárez Ojeda, Natanael Isaí Juárez
Ojeda, Hetziba Magdalena Juárez Ojeda, Jesús Alejandro Espinosa Sánchez,
Adriana Guadalupe Castañeda Bernal, Frida Jardines Paniagua, Ámbar Abigail
Bretón Blanco, David Rangel García, Julio César Castañeda Bernal y Diana
Lizbeth Bernal Hernández.
Las autoridades
encargadas de la procuración de justicia saben perfectamente bien que la
aparición de Ilse Michel y de los hermanos Juárez Ojeda (Asael Israel, Natanael
Isaí y Hefziba Magdalena), no resuelve el caso en comento. Y digo que no lo
resuelve por dos razones: todavía hay varios niños desaparecidos, y los principales
responsables de estos delitos no han sido detenidos.
Mientras que los
culpables no estén tras las rejas, el caso Casitas del Sur seguirá marcado por
la impunidad, que constituye el mejor caldo de cultivo para la proliferación de
este tipo de delitos. Deben reconocerse, sin embargo, los esfuerzos de la PGR, instancia
que en junio de 2012 publicó “una serie de acuerdos en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) en los que ofrecía más de 10 millones de pesos para localizar a
secuestradores y sus víctimas, en la que se destaca el tráfico de menores en Casitas
del Sur”.
Debe reconocerse
también lo que en su momento hizo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, quien emitió –en abril de 2009– la recomendación 4/2009, dirigida al
procurador general de Justicia, al DIF-DF y a la Secretaría de Desarrollo
Social del Distrito Federal, por este espeluznante caso.
La Secretaría de
Gobernación en el sexenio pasado intentó hacer su parte al cancelar el registro
constitutivo de la Iglesia Cristiana Restaurada como asociación religiosa, aunque
el investigador Bernardo Barranco señala –con sobrada razón– que la instancia
encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y
legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones
religiosas “comparte responsabilidades porque debió estar más atenta a las
actividades de aquellas asociaciones religiosas que presentaran comportamientos
extraños y sospechosos debidamente documentados, como es el caso de esta
Iglesia Restaurada, que desde 2007 en Quintana Roo ya había enviado señales de
conductas perniciosas, debidamente documentadas, que justificaran una intervención
preventiva o precautoria…” (La Jornada,
10 de abril de 2014).
La aparición de Ilse
y de otros menores de edad obliga a las autoridades competentes a seguir
trabajando para dar respuesta a los familiares de las víctimas, a la sociedad y
a los medios de comunicación, quienes exigen profundizar en las investigaciones
para dar con el paradero de los responsables de los delitos cometidos en el
albergue Casitas del Sur.
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