Por Armando Maya Castro
El pasado 2 de enero, la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dio a conocer que
durante el 2013 se duplicó el número de agresiones en contra del derecho a la
libertad de expresión, siendo el Distrito Federal la entidad que más agresiones
registró (123), seguida de Oaxaca con 50, y Veracruz con 43.
Esta es la dolorosa realidad
de México en materia de libertad de expresión, a pesar de que el artículo sexto
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que
"el derecho a la información será garantizado por el Estado".
Vivimos en un país en el que
–a diferencia de algunas naciones de África y Asia– no existen leyes que
restrinjan a los medios de comunicación la libertad de expresión o de prensa. Esto
no significa que el ejercicio de dicha libertad se halle plenamente garantizado
en nuestro país, donde las amenazas y agresiones a los representantes de los
medios de comunicación están a la orden del día.
México es uno de los países
donde los funcionarios corruptos y la delincuencia organizada ven en el
ejercicio de la libertad de expresión una amenaza a sus intereses. Así fue el
año pasado y el antepasado, lo que explica las constantes agresiones en agravio
de quienes han dedicado sus vidas a investigar y difundir información sobre los
actos de corrupción gubernamental y las
acciones de los grupos criminales.
Frank Bealy señala que la
libertad de expresión "abarca un conjunto de derechos democráticos muy
importantes", que permiten "que las personas expresen sus opiniones y
preferencias y se las comuniquen a otros; asimismo, posibilitan la crítica al
poder y son esenciales para la libertad de oposición al gobierno". El
autor de "Diccionario de ciencia política" agrega: donde existe esta
libertad "no hay autoridad sagrada".
Pero, ¿cuáles son los
métodos más utilizados para coartar la libertad de expresión? El "Informe
de la Relatoría para la Libertad de Expresión" del año 2000 menciona que
son las "amenazas tanto físicas como psíquicas, los hostigamientos,
intimidaciones y la utilización de la legislación interna para entablar
acciones judiciales contra los medios de comunicación y los comunicadores
sociales".
Los problemas de los medios
de comunicación de nuestro tiempo son distintos a los que tuvieron los
periódicos que aparecieron al inicio de la Guerra de Independencia, algunos de
los cuales llegaron a ser prohibidos durante el gobierno virreinal. Tal es el
caso del Ilustrador Americano, que contaba con lectores entre los habitantes de
la Ciudad de México, así como entre los dirigentes del movimiento insurgente.
El gobierno virreinal, para contrarrestar la influencia de este medio, creó
"El Verdadero Ilustrador Americano", cuya dirección fue confiada a
José Mariano Beristáin de Souza, canónigo de la Catedral Metropolitana.
En nuestro tiempo, los
riesgos de la libertad de expresión son otros. Aunque no existen decretos
emitidos por el Congreso de la Unión para bloquear la actividad periodística de
los medios de comunicación, la historia del año 2013 registró 424 atentados en
contra de la libertad de expresión, más del doble que los 184 registrados
durante 2012. Los anteriores datos son contundentes e indican cómo empezamos el
2014 en materia de libertad de expresión.
Vuelvo a aclarar –como lo he
hecho en anteriores columnas– que las violaciones a la libertad de expresión no
son privativas de la actual administración. Estos casos se dieron en la
administración de Vicente Fox Quesada y abundaron en la de Felipe Calderón
Hinojosa, sexenio que fue evaluado por la ONU y por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos como uno de los más peligrosos para el ejercicio de la
libertad de expresión, debido a la falta de garantías para ejercer el
periodismo.
Más allá de los discursos
que se escuchan por doquier, las autoridades de la presente administración
deben reconocer que no sólo le han fallado a los periodistas de México, sino también
a la totalidad de los mexicanos, quienes tienen el derecho a ser debida y verazmente
informados.
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