Por Armando Maya Castro
La
reforma energética, que abrirá la explotación de los hidrocarburos a la
inversión privada, no acabará con los "gasolinazos". Así lo dio a
conocer Acción Nacional, el partido que de la mano del PRI aprobó la
modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, desatando un alud de inconformidades, críticas y
opiniones que fueron del dominio público.
Cuando
el senador panista Héctor Larios declaró que las gasolinas y el gas van a
seguir en precios internacionales, y que los mexicanos tendremos que seguir
aguantando dos años más de gasolinazos, no le dijo al pueblo de México una
novedad o algo que éste ignorara. Le dijo algo que ya todos sabíamos: que con o
sin reforma energética los aumentos a la gasolina continuarán en el año 2014,
algo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había anunciado desde el
pasado mes de diciembre.
Una
realidad que nadie puede negar es que el aumento mensual al precio del diésel y
la gasolina ha comenzado a incrementar de manera importante los precios de los
productos de la canasta básica, que con la recién aprobada reforma fiscal se ha
vuelto inalcanzable para millones de familias mexicanas.
Recordará
usted que los gasolinazos, tan temidos y repudiados a lo largo y ancho de nuestro
país, fueron implementados en el sexenio pasado con el fin de reducir la carga
que sobre las finanzas públicas tiene el subsidio a los combustibles.
El
presidente Enrique Peña Nieto, quien en la pasada administración panista
expresó su rechazo a los gasolinazos, los ha mantenido en lo que va de su sexenio.
Lo ha hecho bajo el argumento de evitar un deterioro importante y permanente de
las finanzas públicas del país, finalidad que no se ha cumplido. Esto lo sabe
perfectamente bien el Jefe del Ejecutivo Federal, quien también sabe que el
aumento mensual al precio de la gasolina ha terminado incrementando el costo de
los fletes y peajes en perjuicio de las familias mexicanas que viven en
condiciones de extrema pobreza.
Diversos
actores políticos y sociales han señalado esta incongruencia y han levantado la
voz a lo largo de la presente administración pidiendo la congelación de los
aumentos de los productos derivados del petróleo. Estas voces han sido
ignoradas una y otra vez, lo mismo que las protestas de los mexicanos convencidos
de que los constantes aumentos a los combustibles provocan incrementos en los
costos del transporte, afectando severamente a los sectores agrícola, pesquero,
industrial, comercial y al público en general.
Hay
quienes consideran que esta avalancha de aumentos hará de la presente cuesta de
enero la peor de todas, debido a las reformas que se han aprobado en los
últimos meses. El golpe más severo –nos dicen– lo sufrirán aquellas familias
mexicanas que tuvieron un considerable desgaste económico en las pasadas
fiestas decembrinas, así como la población de bajos recursos.
El
problema, justamente, es este: se efectúan incrementos y se crean nuevos
impuestos en nombre del progreso de México y del bienestar de los más
necesitados, cuando son éstos los que terminan sufriendo las consecuencias de
esta insensibilidad gubernamental.
Los
mexicanos esperan que el gobierno de Enrique Peña Nieto se muestre mucho más sensible
ante la pobreza y la miseria que golpea a las familias más pobres de México, a
quienes les espera una cuesta de enero dificilísima, que amenaza con
prolongarse a lo largo de todo el año. Ojalá que Peña Nieto y su gabinete
entiendan que la pobreza no se combate con más impuestos, ni se puede cubrir con
discursos cargados de superficialidad, que terminan lastimando más al pueblo de
México. Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que el pueblo de México
merece que sus gobernantes le hablen con la verdad en todo tiempo.
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