INTOLERANCIA RELIGIOSA EN OAXACA

Por Armando Maya Castro

Familiares de los agredidos en el caso de intolerancia religiosa ocurrido en San Juan Ozolotepec exigen la intervención de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Foto: e-consulta.com / Oaxaca)

Toda manifestación de intolerancia religiosa es digna de condena, pero es más deplorable cuando una acción así es encabezada por las autoridades, quienes deben velar por el cumplimiento de la ley. Tal es el caso del derrumbe del templo de la Iglesia evangélica de San Juan Ozolotepec, Oaxaca, donde el alcalde Pedro Cruz Santiago incitó a por lo menos 300 habitantes de dicha localidad a demoler con marros y barretas las paredes de un templo de la iglesia pentecostés en proceso de construcción. 

Al proceder así, el edil oaxaqueño olvida que al inicio de su mandato protestó acatar y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. El primero de estos ordenamientos garantiza en su artículo 24 la libertad de religión, en tanto que el artículo 19 de la Constitución oaxaqueña la garantiza en los siguientes términos: “Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”.

Lo ocurrido en la sierra sur de Oaxaca es un caso de intolerancia religiosa sumamente delicado; un caso que amerita la intervención de la Secretaría de Gobernación, ya que los agresores, aparte de derribar el mencionado santuario, privaron ilegalmente de la libertad a tres o cuatro miembros de la mencionada congregación, sobre quienes pesa, además, la amenaza de linchamiento. Su delito: profesar un credo diferente al católico.

Los agraviados exigen la intervención inmediata del Gobierno del Estado, quien se ha “estacionado” en el terreno de las buenas intenciones, afirmando que en San Juan Ozolotepec “permanecen un enviado de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Torralba Morales, y el agente del Ministerio Público con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Antonio Revilla Casados, que hasta el momento continúan el diálogo”.

El pastor Sergio Aquino Domínguez, quien denunció este acto de intolerancia religiosa, pidió que se ofrezcan medidas cautelares para los evangélicos retenidos, “en particular para la familia del pastor Leopoldo Alonso, a quien la autoridad municipal lo ha despojado de sus terrenos, han mandado a clausurar su vivienda y reprime a sus hijos” (Despertar de Oaxaca, 6 de noviembre de 2013). 

La ejecución de este tipo de hechos es verdaderamente indignante, más aún cuando la Secretaría de Gobernación, en vez de privilegiar la aplicación de la ley, señala que en nuestro país la intolerancia religiosa es casi inexistente. Es también exasperante que en algunas de sus intervenciones proponga como medida de solución la vía del diálogo y la conciliación, impidiendo que se aplique el rigor de la ley a los autores de los delitos y actos vandálicos que se comenten cada vez que se produce un caso de intolerancia religiosa.

Esta indolencia, en vez de solucionar los problemas que han tenido lugar en varios estados de la República, incrementa la impunidad y favorece una espiral de violencia en agravio de las minorías religiosas que, de acuerdo con las leyes de México, tienen el derecho a existir, a predicar su religión y a no ser discriminados por sus convicciones y prácticas religiosas. 

En anteriores colaboraciones he señalado, y hoy lo sostengo, que estos ataques intolerantes tienen su origen en la falta de valores de las personas y de los grupos que creen a pie juntillas que la religión católica debería ser la única en México. Este concepto intolerante y retrógrado desconoce la pluralidad religiosa como un hecho innegable en nuestro país. 

Estas personas y grupos, depositarios de ideas exclusivistas, rígidas y fanáticas, deben aceptar de una vez por todas que quedaron atrás los tiempos en que México era un país uniformemente católico. Hoy ya no existen las constituciones intolerantes y confesionales que en el siglo XIX establecían al catolicismo como religión oficial y prohibían el ejercicio de cualquier otra religión. La etapa de esas constituciones se rompió al ser promulgada la Constitución Política de 1857, desdeñada por el clero y por los miembros del partido conservador, quienes buscaban perpetuar los privilegios de la Iglesia católica.

En la actualidad, para fortuna nuestra, México es una República laica, en la que no existen monopolios como el que existió durante la vigencia del Estado confesional, que impedía el surgimiento de otras religiones, y donde absolutamente todo, leyes, personas e instituciones, estaban impregnadas por esa intolerancia que buscaba privilegiar y proteger al catolicismo.

Es triste que esta clase de sucesos se registren en cualquier parte de México, pero es mucho más doloroso cuando estos sucesos se registran en Oaxaca, el estado natal de Benito Juárez, quien promulgó las Leyes de Reforma, entre ellas la Ley sobre Libertad de Cultos (1860), que estableció en su artículo primero: "Las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país, como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el derecho de tercero y las exigencias del orden público...". 

Miguel Ángel Osorio Chong tiene el deber de intervenir, ya que los casos de intolerancia religiosa atañen directamente a la Segob, quien debe “vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas”. Es urgente que el titular de esta dependencia instruya a la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Paloma Guillén Vicente, para que intervenga en la solución de este caso que, de no atenderse, puede derivar en males mayores.