jueves, 13 de junio de 2013

TRAS EL CAMBIO AL 24 CONSTITUCIONAL, ¿QUÉ SIGUE?



Por Armando Maya Castro
Tras la reforma del artículo 24 constitucional, los ciudadanos debemos de cuidar que se preserve inalterable el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la educación laica en las escuelas públicas
 
¿Qué sigue tras la aprobación de la reforma del artículo 24 constitucional? ¿Qué va a suceder con el Estado laico y con la educación que en el marco del mismo se imparte? ¿Cómo utilizará la Iglesia numéricamente mayoritaria dicha reforma para lograr que en las escuelas públicas se imparta educación religiosa? ¿De qué manera impactará esta reforma en nuestra sociedad actual?

Estas son algunas de las preguntas que se plantean los millones de mexicanos que se opusieron a la reforma del artículo 24 constitucional, por considerar que atenta contra el Estado laico al permitir la intervención de la Iglesia católica en las políticas públicas, la educación oficial y la vida política de México. 

Nuestra generación está obligada a imitar el ejemplo de los mexicanos que fueron testigos del retorno de México al Estado confesional durante la dictadura del General Porfirio Díaz. De 1876 a 1911, las Leyes de Reforma fueron simplemente letra muerta, produciéndose así uno de los primeros atentados contra el legado laicista de Benito Juárez. En ese tiempo, la Iglesia católica volvió a recuperar sus perdidos fueros, a ser señora del país y a imponer sus designios en los asuntos del Estado.

No olvidemos que León XIII, el papa contemporáneo de Porfirio Díaz, abogaba en sus encíclicas “Inmortale Dei” de 1885 y “Libertas” de 1888, por un Estado confesional que profesara la religión católica y diera a ésta un trato preferencial a cualquier otra creencia religiosa. Aunque en México no se satisfizo constitucionalmente la demanda papal, en el diario acontecer se observaba cómo el Estado favorecía a la Iglesia católica por encima de las demás. 

Sin ser México un Estado confesional, las autoridades mexicanas procedían como si lo fuera. El propio Díaz llegó a participar en celebraciones católicas, como aquella en que visitó a la imagen de san Juan de Dios, en Oaxaca, su tierra natal. Algo parecido a lo que sucede actualmente en diversas entidades de la República Mexicana, donde algunos gobernadores, en franca violación al Estado laico, han consagrado sus estados a la virgen y al sagrado corazón de Jesús. El Estado porfiriano le permitió al clero el manejo de numerosos centros educativos, así como el despliegue de una intensa actividad magisterial.

Lo importante es que después de aquellos años, en el marco de la Revolución mexicana, se promulgó nuestra actual Constitución, que contiene disposiciones que ratifican el principio de la separación del Estado y las Iglesias. El investigador David Guerrero Flores afirma que en ese tiempo, Venustiano Carranza “dio a conocer un proyecto que conservaba muchos de los principios liberales de la anterior carta constitucional. Establecía que la enseñanza elemental y superior sería laica y gratuita en las aulas oficiales, de manera que garantizaría el laicismo estatal, al tiempo que las instituciones particulares quedaban en libertad de orientar su visión de la enseñanza”. Estos logros deben atribuirse a una generación de liberales mexicanos, ahora del siglo XX, que tuvieron el mérito de no cruzarse de brazos en el tiempo que el clero, con la complicidad de Porfirio Díaz, recuperó su poder e influencia. 

Después de la aprobación de la reforma del artículo 24 constitucional, las minorías religiosas de México no pueden darse el lujo de permanecer estáticas, menos aun si se conoce la tendencia del Vaticano a discriminar a los grupos religiosos minoritarios, calificados por algunos representantes del papa en México como moscas que hay que aplastar a periodicazos.

Con la aprobación de la reforma nos espera un trabajo que tendrá que ser inteligente y perseverante. Un trabajo de vigilancia, de denuncia, de defensa a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Nuestro deber es trabajar más que nunca para preservar inalterable la fracción I del artículo 3° constitucional, que garantiza el carácter obligatorio, gratuito y laico de la educación. 

No podemos confiar en aquellas voces que nos han asegurado que la reforma del artículo 24 constitucional no afectará el carácter laico de la educación. Nuestro deber es evitar intentos como el que se dio en el Estado de Puebla, donde un diputado de derecha presentó una iniciativa para reformar el artículo 2° de la Constitución local, buscando garantizar a través de la misma la libertad de los padres de familia para que sus hijos reciban educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones personales. Este intento no prosperó porque hubo grupos y personas que alzaron la voz para defender el carácter laico del Estado y de la educación.

Los mexicanos que apreciamos la paz social que hasta ahora disfrutamos, tenemos el deber de evitar que la religión retorne a las escuelas públicas y se convierta en un elemento de polarización, que producirá discriminación y atropellos en agravio de los niños y niñas de México.


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