Por Armando Maya Castro
¿Qué sigue tras la
aprobación de la reforma del artículo 24 constitucional? ¿Qué va a suceder con
el Estado laico y con la educación que en el marco del mismo se imparte? ¿Cómo
utilizará la Iglesia numéricamente mayoritaria dicha reforma para lograr que en
las escuelas públicas se imparta educación religiosa? ¿De qué manera impactará
esta reforma en nuestra sociedad actual?
Estas son algunas de las preguntas
que se plantean los millones de mexicanos que se opusieron a la reforma del
artículo 24 constitucional, por considerar que atenta contra el Estado laico al
permitir la intervención de la Iglesia católica en las políticas públicas, la
educación oficial y la vida política de México.
Nuestra generación está
obligada a imitar el ejemplo de los mexicanos que fueron testigos del retorno
de México al Estado confesional durante la dictadura del General Porfirio Díaz.
De 1876 a 1911, las Leyes de Reforma fueron simplemente letra muerta,
produciéndose así uno de los primeros atentados contra el legado laicista de Benito
Juárez. En ese tiempo, la Iglesia católica volvió a recuperar sus perdidos
fueros, a ser señora del país y a imponer sus designios en los asuntos del
Estado.
No olvidemos que León XIII,
el papa contemporáneo de Porfirio Díaz, abogaba en sus encíclicas “Inmortale
Dei” de 1885 y “Libertas” de 1888, por un Estado confesional que profesara la
religión católica y diera a ésta un trato preferencial a cualquier otra
creencia religiosa. Aunque en México no se satisfizo constitucionalmente la
demanda papal, en el diario acontecer se observaba cómo el Estado favorecía a
la Iglesia católica por encima de las demás.
Sin ser México un Estado
confesional, las autoridades mexicanas procedían como si lo fuera. El propio
Díaz llegó a participar en celebraciones católicas, como aquella en que visitó
a la imagen de san Juan de Dios, en Oaxaca, su tierra natal. Algo parecido a lo
que sucede actualmente en diversas entidades de la República Mexicana, donde
algunos gobernadores, en franca violación al Estado laico, han consagrado sus
estados a la virgen y al sagrado corazón de Jesús. El Estado porfiriano le
permitió al clero el manejo de numerosos centros educativos, así como el
despliegue de una intensa actividad magisterial.
Lo importante es que después
de aquellos años, en el marco de la Revolución mexicana, se promulgó nuestra
actual Constitución, que contiene disposiciones que ratifican el principio de
la separación del Estado y las Iglesias. El investigador David Guerrero Flores
afirma que en ese tiempo, Venustiano Carranza “dio a conocer un proyecto que
conservaba muchos de los principios liberales de la anterior carta
constitucional. Establecía que la enseñanza elemental y superior sería laica y
gratuita en las aulas oficiales, de manera que garantizaría el laicismo
estatal, al tiempo que las instituciones particulares quedaban en libertad de
orientar su visión de la enseñanza”. Estos logros deben atribuirse a una
generación de liberales mexicanos, ahora del siglo XX, que tuvieron el mérito
de no cruzarse de brazos en el tiempo que el clero, con la complicidad de
Porfirio Díaz, recuperó su poder e influencia.
Después de la aprobación de
la reforma del artículo 24 constitucional, las minorías religiosas de México no
pueden darse el lujo de permanecer estáticas, menos aun si se conoce la
tendencia del Vaticano a discriminar a los grupos religiosos minoritarios,
calificados por algunos representantes del papa en México como moscas que hay
que aplastar a periodicazos.
Con la aprobación de la
reforma nos espera un trabajo que tendrá que ser inteligente y perseverante. Un
trabajo de vigilancia, de denuncia, de defensa a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales. Nuestro deber es trabajar más que nunca para preservar
inalterable la fracción I del artículo 3° constitucional, que garantiza el
carácter obligatorio, gratuito y laico de la educación.
No podemos confiar en aquellas
voces que nos han asegurado que la reforma del artículo 24 constitucional no afectará
el carácter laico de la educación. Nuestro deber es evitar intentos como el que
se dio en el Estado de Puebla, donde un diputado de derecha presentó una
iniciativa para reformar el artículo 2° de la Constitución local, buscando
garantizar a través de la misma la libertad de los padres de familia para que
sus hijos reciban educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
convicciones personales. Este intento no prosperó porque hubo grupos y personas
que alzaron la voz para defender el carácter laico del Estado y de la
educación.
Los mexicanos que apreciamos la paz social que
hasta ahora disfrutamos, tenemos el deber de evitar que la religión retorne a las
escuelas públicas y se convierta en un elemento de polarización, que producirá
discriminación y atropellos en agravio de los niños y niñas de México.
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