sábado, 4 de mayo de 2013

EL RIESGO DE INFORMAR



 Por Armando Maya Castro

Los ataques a periodistas y medios de comunicación tienen el objetivo de intimidar el trabajo de investigación y denuncia que éstos realizan, e influir sobre su labor periodística

El Día Mundial de la Libertad de Prensa celebró ayer su 20° aniversario. Como usted recordará, el 3 de mayo de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que cada año, en esta fecha, se efectuara esta celebración con la idea de “fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática”. La fecha recuerda la instauración de la Declaración de Windhoek, emitida en Namibia en 1991, con el propósito de promover la libertad del ejercicio periodístico.

En el marco de esta celebración, la UNESCO informó que más de 600 periodistas han sido asesinados en la última década alrededor del mundo, y tan solo uno de cada 10 crímenes ha sido castigado. Esta vergonzosa impunidad me permite asegurar que en la celebración de ayer no hubo mucho que festejar y sí mucho que demandar. 

En nuestro país la situación también es preocupante en materia de libertad de expresión. Reporteros Sin Fronteras publicó ayer una lista de los 39 “depredadores” de la libertad de prensa a nivel mundial. Al referirse al caso México, la organización internacional indicó que se trata de un país “especialmente peligroso para los periodistas, ya que desde el 2000 a la fecha, existen 86 trabajadores de la comunicación muertos y 17 desaparecidos”. Reporteros Sin Frontera aseguró que todos estos casos están cubiertos por el velo de la impunidad, pues en ninguno de ellos se hizo justicia. 

Estas cifras coinciden con las que dio a conocer Gabriel Soto Climent, activista de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien informó que las agresiones a periodistas y medios de comunicación aumentaron en más del doble en el primer cuatrimestre del presente año con respecto al mismo periodo del año pasado.

En los primeros cuatro meses de 2012 se registraron 38 casos de agresión a periodistas a lo largo y ancho de México. Este año, en el mismo periodo, se han cometido 89 ataques a periodistas, lo que indica que el número de agresiones a periodistas, medios de comunicación y organizaciones protectoras de la libertad de expresión se ha duplicado.

La actitud prepotente de los grupos acostumbrados a controlar la información nos permiten asegurar que la libertad de prensa enfrenta serios retos. El debilitamiento de esta libertad a través de los ataques en contra de los y las comunicadoras que se han distinguido por su verticalidad y valor para investigar, criticar y exponer sus ideas libremente, constituye una prueba contundente de la fragilidad de nuestra democracia. 

Es innegable que en las últimas décadas se han dado avances en materia de libertad de expresión, pero éstos, como podemos ver, han sido insuficientes. El Estado está obligado a hacer mucho más si quiere acabar realmente con esta impunidad. Su deber es efectuar una investigación completa, imparcial y efectiva de cada agresión, a fin de juzgar y poner tras las rejas a los autores de estos atropellos.

La libertad de expresión sigue estando amenazada por los funcionarios corruptos y por la delincuencia organizada, quienes están interesados en impedir que los periodistas de México expresen sus opiniones y las comuniquen a la sociedad. Esto explica el porqué del crecimiento exponencial de la violencia contra el periodismo, y por qué México ya ha sido considerado como el país más peligroso para ejercer esta actividad.

De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la libertad de expresión –de la que se deriva la libertad de prensa– es un derecho humano. Las constituciones de las naciones democráticas, incluida la de nuestro querido México, lo señalan como tal. 

El deber nuestro es redoblar esfuerzos si queremos preservar incólume la libertad de expresión. Sería triste que por un descuido nuestro volviéramos a vivir una situación similar a la que se vivió en el siglo XVI, época en que la Iglesia católica sometió a censura los libros que consideraba un riesgo para la fe católica. En aquella centuria, la Sagrada Congregación de la Inquisición distribuyó el "Index Librorum Prohibitorum et Expurgatorum" (Índice de Libros Prohibidos), con la finalidad de controlar e informar qué libros no debían ser leídos y cuáles autores estaban prohibidos. Los países católicos de entonces, incluida nuestra nación, vivieron sometidos por leyes que vulneraban la libertad de expresión y el derecho a la información. Nuestro deber es impedir que esto se vuelva a repetir. 

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