NO A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 24 CONSTITUCIONAL

Por Armando Maya Castro 

 

Decenas de miles de jalisciences han manifestado su rechazo a la reforma del artículo 24 constitucional, que otorga privilegios indebidos a la Iglesia católica en detrimento de las libertades de las minorías religiosas

Sin dar oído al clamor ciudadano, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Jalisco aprobó el pasado 23 de abril la minuta de decreto que reforma el artículo 24 constitucional, minimizando el hecho de que dicha modificación intenta reinstalar la educación confesional en las escuelas públicas.

Desde que la Cámara de Diputados aprobó esta reforma, el 15 de diciembre de 2011, diversos ciudadanos, asociaciones civiles y religiosas, así como expertos en materia de laicidad y libertad religiosa, han expresado a los diputados jaliscienses su preocupación en relación a este tema. La ciudadanía ha hecho lo propio, llevando a cabo diversas manifestaciones, una de las cuales logró reunir a más de 7 mil personas. Ese día, un grupo de representantes entregó a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado más de 70 mil firmas de rechazo a la reforma, exponiendo al diputado Jesús Casillas, a la sazón presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, las razones para rechazar la reforma en cuestión (El Occidental, 20 de abril de 2012).

Estas marchas y manifestaciones se han realizado en defensa del Estado laico y de las libertades que de él emanan. Y es que nadie ignora que la reforma del artículo 24 constitucional sienta las bases para el desmantelamiento de la laicidad del Estado mexicano y de las principales reformas liberales que le costaron a México una guerra civil con innumerables pérdidas humanas. Recordemos que el triunfo de Juárez y de los liberales sobre la Iglesia católica "reafirmó la soberanía nacional y el Estado logró la supremacía frente a la Iglesia".

Los jaliscienses tenemos confianza de que en el pleno del Congreso se atenderán sus legítimas demandas y se rechazará la citada modificación, cuya intencionalidad es el otorgamiento de privilegios a la Iglesia mayoritaria, en detrimento de las minorías religiosas. Confiamos que, por encima de todo, se privilegiarán los principios y valores del Estado laico, que tiene como base fundamental el respeto a los derechos humanos, a la pluralidad y a la gobernabilidad democrática.

En Jalisco nos interesa una Constitución que garantice sin restricción alguna la libertad de convicciones. Rechazamos la reforma del artículo 24 constitucional porque faculta al Estado para examinar las convicciones o creencias de la población, otorgándole a éste atribuciones para calificar unas convicciones como “éticas” y otras como “no éticas”. La postura del Estado ante las distintas manifestaciones religiosas debe ser de respeto y absoluta neutralidad. No es competencia del Estado decidir si las convicciones del pueblo son éticas o no; su papel es proteger jurídicamente a todas las convicciones. Un Estado que califica o descalifica las convicciones de la población, niega las libertades y atenta contra los derechos humanos.

Otorgarle al Estado facultades para que a través de sus órganos competentes resuelva qué convicciones son éticas y cuáles no lo son, es colocarlo en la misma posición de los Estados totalitarios, donde la democracia y el respeto a los derechos humanos son inexistentes.  

El Estado debe respetar las diferentes convicciones de la población. Su trabajo no es evaluar ni calificar, sino garantizar la autonomía y libertad de las personas y grupos. Debe garantizar, asimismo, que éstos convivan en igualdad, sin que determinada religión pretenda imponer sus creencias a las demás religiones y al resto de la sociedad. No hay que olvidar que el reconocimiento de la igualdad de derechos y libertades de los individuos son elementos básicos de un Estado democrático.

Me permito reproducir, por último, uno de los argumentos que Foro Cívico México Laico presentó en todos los congresos estatales: “La intromisión del Estado en las convicciones o creencias de la población, con la pretensión además de calificarlas de ‘éticas’ o de ‘no éticas’, es una aberrante agresión a la conciencia personal, propia de un Estado totalitario. De aprobarse esta reforma, el Estado mexicano ya no sólo determinará lo jurídicamente válido, sino que ahora decidirá, además, lo éticamente válido; en efecto, ya no sólo tendrá el monopolio de lo jurídico, sino también el monopolio de lo ético”.

Sería una verdadera pena que en el pleno del Congreso se minimizaran estos argumentos y se cediera a líneas de quienes están interesados en aprobar una reforma que otorga privilegios indebidos y violenta el carácter laico del Estado y de la educación que en el marco del mismo se imparte.