domingo, 6 de enero de 2013

LA DISCRIMINACIÓN RELIGIOSA EN EL ANTERIOR SEXENIO


Armando Maya Castro

El de Felipe Calderón fue un sexenio que favoreció abiertamente a la Iglesia católica y discriminó a las minorías religiosas. En octubre de 2011, el ex presidente mexicano violentó el Estado laico al asegurar que en nuestro país todos somos guadalupanos. De esa forma quiso borrar de un solo golpe la diversidad religiosa que caracteriza a la nación mexicana 

La discriminación por motivos de religión no es nueva, “existe desde épocas muy antiguas […] y se conoció tanto en sociedades con una religión exclusiva –frente a las religiones externas–, como aquellas donde coexistían diversos cultos”. Lo anterior es sostenido por Roberto J. Blancarte Pimentel, sociólogo, historiador y especialista en religión y laicidad, quien también ha señalado que “para evitar la discriminación por motivos religiosos es menester que todo individuo tenga el derecho de profesar las creencias que elija, incluyendo el ateísmo, sin más arbitrio que su propia conciencia; a su vez, si se pretende que tal libertad religiosa sea posible se requiere que un Estado laico funja como garante de sus derechos”.

En una sociedad plural como la nuestra, las autoridades de gobierno no pueden tomar partido por ninguna concepción religiosa en particular, como sucedió en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, quien “gobernó” olvidando que el Estado mexicano es laico, y que éste no puede ni debe responder a una determinada religión. La laicidad es la garantía del Estado para que las personas con distintas concepciones religiosas puedan convivir y ser tratadas sin discriminación.

En el sexenio anterior, que por fortuna forma parte del pasado, se registraron muchísimos casos de intolerancia y discriminación religiosa. La agrupación A Favor de la Libertad Religiosa tiene documentados 277 casos perpetrados entre enero de 2007 y noviembre de 2012. En 2008, el año más prolífero en atropellos de esta naturaleza, se cometieron 80 actos de esa índole en contra de miembros de distintas iglesias evangélicas.

Lo grave de la situación es que muchos de estos delitos se cometen con la venia de las autoridades de los poblados y comunidades donde no se respeta el derecho de libertad religiosa. Esto ha incrementado la cultura de la no denuncia entre los grupos evangélicos, lo que ha ocasionado que muchos casos de intolerancia religiosa queden sin ser denunciados.
Preocupan asimismo las declaraciones de Oscar Moha, director de A Favor de la Libertad Religiosa, quien en entrevista para conocido diario de circulación nacional señaló que en la anterior administración federal no únicamente repuntaron los casos de violencia religiosa, sino que la constante fue  ignorar estos casos: el gobierno de Felipe Calderón dio seguimiento a menos del 10% del total de casos. Moha, tras indicar que en el sexenio calderonista hubo demasiada complacencia y favoritismo hacia la religión católica, señaló que hubo algunos casos de discriminación que en lugar de intentar solucionarlos los trataron de ocultar y minimizar.

Lo único alentador del reporte de la citada ONG es que los casos de intolerancia han descendido en los dos últimos años: en 2011 solamente ocurrieron ocho y el año pasado fueron 16. Ojalá que los números de los últimos dos años reflejen un descenso real de la intolerancia religiosa, y no se trate sólo de una situación derivada de la cultura de la no denuncia que ha ido creciendo entre los fieles de las minorías religiosas.

Si los casos de discriminación religiosa son de suyo grave, lo es mucho más cuando desde la misma Secretaría de Gobernación, a través de su Dirección General de Asociaciones Religiosas se realizan actos de intolerancia por medio de la aplicación de criterios fuera de la ley para impedir el registro de algunas iglesias.

El pasado 9 de diciembre, Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), declaró que estos actos los inició Paulo Tort, ex titular de dicha dirección dependiente de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, a quien calificó como perseguidor de algunas iglesias evangélicas. En esa ocasión, Farela señaló que la Confraternice interpuso seis quejas en contra del mencionado funcionario, mismas que no prosperaron.

Los mexicanos esperamos que, por bien de México y de la paz social que nos merecemos, los casos de discriminación e intolerancia religiosa se reduzcan a lo largo del actual sexenio. También esperamos que en la actual administración se fortalezca aún más el Estado laico, lo que a la postre se traducirá en menos casos de intolerancia y discriminación religiosa. 


@armayacastro


Publicado en los diarios El Mexicano de Tijuana y La Prensa Jalisco



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