LOS IMPLICADOS EN EL GENOCIDIO DE RUANDA

Por Armando Maya Castro

El pasado 27 de septiembre, el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, negó que la Iglesia católica brinde protección al cura católico Jean-Baptiste Rutihunza, presunto participante en el genocidio de Ruanda, y sobre quien hay una orden de captura internacional.

Federico Lombardi niega lo que algunos medios de comunicación europeos han publicado acerca de Rutihunza, el presbítero –miembro de la etnia hutu– acusado de crímenes contra la humanidad. Un repaso a la historia de Ruanda en la década de los años noventa nos permitirá conocer que, aparte del citado sacerdote, muchos otros clérigos participaron en el genocidio que dejó en esa nación más de un millón de muertos, así como innumerables violaciones a los derechos humanos.

El 6 de abril de 1994, Juvenal Habyarimana y Cyprien Ntaryamira, presidentes de Ruanda y Burundi, respectivamente, perecieron en un sospechoso accidente de aviación. Esto desencadenó una terrible matanza perpetrada por extremistas hutus, pertenecientes a las milicias interawne, quienes culparon a la etnia tutsi del asesinato de ambos mandatarios. “Un pequeño grupo de colaboradores cercanos del presidente asesinado empezó entonces a ejecutar los planes de matanza organizada de civiles tutsis…”.

El 14 de abril de 1999, el arzobispo de Gikongoro (Ruanda), Agustín Misago, fue arrestado en Kigali, luego de que el presidente Pasteur Bizimungu lo acusara de haber participado en el genocidio de 1994. La organización African Rights hizo una acusación similar, afirmando que el canónigo había cometido crímenes contra la humanidad. El fiscal pidió aplicar la pena de muerte a Misago, a quien responsabilizó de negar refugio a los tutsis (enemigos de los hutos, tribu a la que pertenece el arzobispo Misago); de enviar a 30 escolares a la muerte;  de crear un campo de refugiados en Murambi; de colaborar en la masacre de la iglesia de Kibeho, y de haber comprado 100 machetes. 

Para sorpresa de muchos, el 15 de junio del 2000 (un año después de su detención), un veredicto del tribunal de Kigali lo absolvió de todas las acusaciones.  Conviene mencionar que a lo largo de dicho proceso el Vaticano ejerció enorme presión, calificando como calumnioso el cargo de genocidio que pesaba sobre el prelado. Tal fue el apoyo del papa Juan Pablo II, que en el mes de mayo del año 2000, estando Misago todavía preso, le envió un telegrama expresándole su apoyo y confianza. Posteriormente, el clérigo ruandés dijo estar agradecido de que el papa “movilizara” a toda la Iglesia en el mundo para interceder por su libertad. El 8 de septiembre del año 2000, dos meses y medio después de la absolución de Misago, Juan Pablo II le recibió en audiencia. 

La escritora Linda Melvern, en su obra “Un pueblo traicionado: el papel de occidente en el genocidio de Ruanda”, nos aporta importantes datos sobre la participación del clero ruandés en el genocidio: “El apoyo católico al nacionalismo hutu era tan patente que, cuando se produjo el genocidio de 1994, el arzobispo de Kigali, Vicente Nsegiyumva, ocupaba un puesto en el Comité central del partido en el poder y estaba íntimamente ligado al entorno más próximo a «Poder hutu», la asociación que organizó el genocidio”. La autora de este libro es mesurada y aclara: “no todos los miembros de la Iglesia eran tan próximos al régimen, y algunos predicaban en favor de la reconciliación”.

Los clérigos hasta ahora mencionados no fueron los únicos implicados en el genocidio. Entre los procesados por su participación genocida se encuentran dos monjas benedictinas: Consolata Mu-kangango (sor Gertrudis) y Julienne Mukabutera (sor María Kizito), acusadas de haber contribuido en la ejecución de 7 mil tutsis que buscaban refugio en el convento de Sovu.  La participación de estas “religiosas” consistió en llamar “a las milicias para que echaran del lugar a los desesperados tutsis del perímetro del convento. Les dieron gasolina a los milicianos para que quemaran a unos 500 tutsis que se habían refugiado en el estacionamiento del convento” (La Jornada, 9 de junio de 2001).

Actualmente, sor Gertrudis y María Kizito purgan una condena de 15 y 12 años de cárcel, respectivamente. Esta sanción, impuesta por un tribunal de Bélgica, el 8 de junio de 2001, provocó la inmediata reacción de la “Santa Sede”, quien declaró a través de Joaquín Navarro Valls, portavoz del Vaticano, lo siguiente: "El Santo Padre no puede expresar sino una cierta sorpresa al ver cómo la grave responsabilidad de tantas personas y grupos envueltos en este tremendo genocidio en el corazón de África, recae en sólo unas pocas personas".

Por la implicación de algunos miembros del clero y la actitud asumida por la sede papal durante el proceso de éstos, la Iglesia católica en Ruanda es considerada corresponsable de un genocidio que tuvo el propósito de exterminar a la población tutsi. 

@ArmayaCastro