Por Armando Maya Castro
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| Sin garantías a periodistas no hay libertad de expresión |
Por el papel que juegan los
informantes en América Latina, esta región se ha convertido en la más peligrosa
del mundo para quienes se dedican a investigar y denunciar los actos de
corrupción y abuso de poder de las autoridades, así como las atrocidades y violaciones
a los derechos humanos.
La violencia contra los
profesionales de la comunicación es un problema que no es reciente en
Latinoamérica; ha estado presente desde hace mucho tiempo en Argentina, México,
Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Ecuador, países donde los esfuerzos para el
respeto al derecho fundamental de la libertad de expresión no han dado los
frutos anhelados. Apenas ayer, el periodista César Guifarro Casaleno, vocero de
la Dirección Nacional de Tránsito de Honduras, fue asesinado a balazos a
escasos metros de su casa.
En México y en algunas de
las naciones mencionadas en el párrafo anterior, la amenaza a la libertad de
expresión proviene de los cárteles del crimen organizado, que ven en la
investigación periodística una clara afectación a sus intereses; en otros
países, el acoso y la violencia contra los medios de comunicación procede de
gobiernos autoritarios e intolerantes, cuyas acciones y leyes intentan limitar
y/o controlar la libertad de expresión.
En el caso específico de
México, el derecho a la libertad de prensa fue reconocido hasta la promulgación
de la Constitución de 1857, que estableció, entre otras libertades, la de
palabra, imprenta, enseñanza, reunión y de trabajo. Sin embargo, antes de la ya
referida Carta Magna podemos encontrar un antecedente de la libertad de prensa:
la Ley Lafragua, elaborada por José María Lafragua, y dada a conocer durante el
gobierno de Ignacio Comonfort, en diciembre de 1855.
En la Asamblea Constituyente
de 1857, Francisco Zarco, uno de los pocos periodistas invitado a dicho
Congreso, habló ardientemente en defensa de la libertad de expresión, en los
siguientes términos: “Deseo defender la libertad de prensa, como la más
preciosa de las garantías del ciudadano y sin la que son mentiras cualesquiera
otras libertades y derechos”.
Durante el periodo
presidencial de Benito Juárez (1858-1872), mejoraron considerablemente las
condiciones para la libertad de expresión, especificadas en la Constitución
liberal arriba citada. A partir de entonces, se publicaron periódicos de
diferentes tendencias políticas e ideológicas, en los que se exponían y
defendían las ideas de los grupos, ya fueran conservadores o liberales.
El libre ejercicio del
periodismo en México ha implicado siempre innumerables riesgos, amenazas y
obstáculos. Las agresiones a periodistas mexicanos han sido tantas y tan
frecuentes, que por algo ha sido considerado como el país latinoamericano más
peligroso para ejercer el periodismo. El alto índice de periodistas asesinados
ha ocasionado que en el extranjero se tenga la percepción de que en nuestra
nación no existe la libertad de expresión.
El Estado debe reconocer que
ha incumplido su compromiso con la libertad de expresión, y que le ha fallado
no sólo a los periodistas sino también a los mexicanos que tienen el derecho a
ser debidamente informados. No está por demás recordar lo que el artículo 6° de
la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos establece al respecto:
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de
tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de
réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la
información será garantizado por el Estado”.
Otro ordenamiento jurídico
orientado a salvaguardar la integridad física de los comunicadores es la Ley
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,
publicada el pasado 25 de junio en el Diario Oficial de la Federación. No
obstante esta legislación y las acciones implementadas por las autoridades de
gobierno, la situación de los periodistas en México es altamente preocupante.
Ahí está el caso de Lidia Cacho, “Heroína de la libertad de prensa”, a quien no
le quedó más remedio que abandonar el país luego de recibir amenazas de muerte,
al parecer, provenientes del crimen organizado.
La destacada periodista
declaró que estará fuera de nuestro país hasta que se den las condiciones para
que pueda desarrollar su vida con normalidad. Esas condiciones son las que ella
espera, y las que esperan los hombres y mujeres que han consagrado su tiempo a
la defensa de los derechos humanos y al periodismo.
@armayacastro
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