martes, 10 de abril de 2012

LA REFORMA DEL ARTÍCULO 24 Y LA INTOLERANCIA RELIGIOSA


Por Armando Maya Castro
 
En Chiapas, la intolerancia religiosa sigue ocasionando severos estragos: no dejan de producirse expulsiones, quema y destrucción de casas, cortes de agua y energía eléctrica, amenazas y despojos en agravio de quienes han abandonado la religión católica. Lamentablemente, estos atropellos a los derechos humanos, perpetrados por quienes intentan hacer valer sus pretensiones y creencias religiosas sobre los demás, suelen quedar en la más vergonzosa impunidad.

Perseguidos por su fe
De acuerdo con cifras dadas a conocer por diversos líderes religiosos, desde el 29 de julio de 1962, hasta diciembre de 1993, cerca de 34 mil evangélicos habían sido expulsados de sus comunidades. Un alto porcentaje de estos desplazados se estableció en las áreas periféricas de San Cristóbal de las Casas, de Teopisca y de Comitán, donde la situación no ha sido fácil para ellos.

Desde hace varias décadas, la tendencia de la Iglesia católica en Chiapas –como en muchos otros estados de la República– es a la baja. En los resultados del Censo de Población y Vivienda 2000, Chiapas apareció como la entidad federativa con menor porcentaje de católicos (63%) y mayor número de evangélicos (22%). El resto se declaró sin religión. En el censo más reciente, el del año 2010, sólo el 58 por ciento de los chiapanecos manifestó ser católico. Según el INEGI, el número de protestantes se incrementó de un 24 al 27 por ciento. Las anteriores cifras indican que la intolerancia religiosa desplegada en contra de los evangélicos de diversos municipios de Los Altos de Chiapas no ha podido frenar el crecimiento de las minorías religiosas establecidas en esa región. 

Aunque el fenómeno de la intolerancia está presente en diversas comunidades chiapanecas, el municipio que presenta mayor número de casos de intolerancia es el de San Juan Chamula, el cual ha sido escenario de una sistemática violación de las garantías individuales y de los derechos fundamentales. El 90% del total de los expulsados son justamente de San Juan Chamula, municipio donde a los católicos tradicionalistas les cuesta demasiado trabajo aceptar que sus semejantes profesen una creencia religiosa distinta a la de ellos. 

La intolerancia religiosa que se vive en Chiapas afecta seriamente a los niños y adolescentes cuyos padres son evangélicos; a muchos de ellos se les ha negado el ingreso a las escuelas primarias y secundarias situadas en esa región, sin que la Secretaría de Gobernación y las autoridades de ese estado hayan hecho algo para evitarlo. Conociendo que el propósito de la reforma del artículo 24 constitucional es introducir educación confesional en las escuelas públicas, lo más seguro es que, de ser avalada por los congresos locales, los casos de intolerancia y discriminación religiosa se multiplicarán en esa región, así como en los demás estados de la República mexicana. 

La presencia de la intolerancia religiosa en las escuelas públicas es un hecho innegable. Aparte de los niños evangélicos de Chiapas, la padecen también los alumnos cuyos padres son miembros de la organización religiosa conocida como Los Testigos de Jehová, quienes han llegado a ser sancionados por su negativa a participar en los honores a la bandera. Sobre este caso, tenemos     que reconocer la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, gracias a la cual el problema ha disminuido.

México confía en que las legislaturas estatales tomarán conciencia de que la reforma del artículo 24 constitucional conducirá necesariamente a la modificación del artículo 3° de la Carta Magna, en donde un elemento central es el carácter laico de la educación, aspecto que debe preservarse y fortalecerse, si es que queremos que la convivencia entre mexicanos siga siendo armónica. 

Los congresos locales deben actuar con absoluta responsabilidad y rechazar la reforma del artículo 24 constitucional. De no hacerlo así, estarán permitiendo que la religión se instale nuevamente en las escuelas públicas y se convierta en un elemento de polarización que producirá diversos atropellos y terminará incrementando la deserción escolar, fenómeno que, por otras causas, ha tenido un aumento significativo en nuestra sociedad. Aprobar dicha reforma significa llevar más discriminación e intolerancia a las escuelas oficiales. México no quiere eso, sino el cese de toda manifestación de violencia.


Twitter: @armayacastro

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