Por Armando Maya Castro
En todos los estados
de la República mexicana los fieles de las iglesias evangélicas se han
manifestado en contra de la reforma al artículo 24 constitucional. Los
mexicanos han sido testigos de que estas marchas y manifestaciones se han
realizado con firmeza, pero siempre en un marco de respeto, sin violencia y con
estricto apego a la ley. La ausencia de rijosidad en todas estas
manifestaciones indica que el pueblo evangélico de México es el principal
interesado en mantener un clima de paz y tranquilidad en nuestro país.
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| Defendiendo sus derechos de manera respetuosa |
Es evidente que estas
expresiones de inconformidad se están realizando con firmeza, pues lo que está
en riesgo es el Estado laico y el conjunto de libertades que de él emanan. Estas
manifestaciones –que algunos medios de comunicación ignoran, y otros minimizan–
buscan preservar el legado laicista de Benito Juárez y de los hombres de su
generación, quienes crearon una serie de leyes para garantizar las creencias de
los mexicanos y suprimir los fueros y privilegios del clero: Juárez abrogó las
leyes que obstruían la libertad de opinión y eliminó todo lo que permitía a la Iglesia
intervenir en la vida civil de la cuna a la tumba.
El odio de la
ultraderecha católica y del clero romano hacia Benito Juárez y los hombres de
la Reforma se debe a que ese grupo de liberales del siglo XIX privó a la
Iglesia católica, entre otros, de los siguientes privilegios: “1) Exenciones de
los impuestos en la propiedad personal, alojamiento, transferencia de
propiedades y reparación o construcción de muros, puentes y fuentes. 2) Los
tribunales eclesiásticos juzgaban en casos de simonía, sacrilegio, adulterio,
divorcio, legitimidad de los hijos y perjurio. 3) Los sacerdotes no podían ser
juzgados por tribunales civiles, aun cuando cometieran delitos de dicho orden;
ni siquiera podían prestar testimonio en casos civiles, como deudas y
contratos, sin autorización especial del obispo. 4) El juez eclesiástico
decidía quién disfrutaba de dicho fuero. La Iglesia solía ocultar los delitos
del clero, pues temía que se empañara la imagen de la religión”. El monopolio
de la educación, como usted bien sabe, estimado lector, era otra de las
prerrogativas que la Iglesia católica tenía en aquellos tiempos.
La reforma del
artículo 24 constitucional intenta –de acuerdo con el Dictamen de la Cámara de
Diputados– cancelar la educación laica, así como el principio de separación del
Estado y las iglesias, situación que para el pueblo de México es altamente
preocupante, más allá de que el carácter laico del Estado sea elevado a rango
constitucional con la reforma del artículo 40 de nuestra Carta Magna.
Es por ello que en
todas las capitales de las entidades federativas se levanta la voz del pueblo
exigiendo que permanezca inalterable la vigencia del Estado laico. Estas voces
exigen a los legisladores de los congresos locales que impidan el tránsito de
México a un Estado confesional. Los diputados deben escuchar los sólidos planteamientos,
argumentos y demandas de millones de mexicanos que, convencidos de lo
pernicioso de la citada reforma, gritan en alta voz: “libertades sí,
privilegios no”.
Los mexicanos
esperamos que en los próximos días, cuando los congresos estatales revisen la
minuta de reforma del artículo 24 constitucional, tomen en cuenta que la educación
laica es la mejor opción para un pueblo donde la diversidad religiosa es un
hecho innegable. La historia revela los pobres resultados de la educación
confesional en sus tres siglos y medio de vigencia: “noventa y ocho por ciento
de la población incapaz de saber leer y escribir”. Ningún mexicano, con
excepción del clero romano, desea que se repita esta historia de atraso. Por
esta razón exigimos que se fortalezca la laicidad del Estado mexicano, no con la
reforma del artículo 40, sino con el rechazo del artículo 24 constitucional.
Ojalá que los legisladores de los estados estén a la altura de las
circunstancias y realicen su trabajo privilegiando los principios y valores del
Estado laico.
Twitter:
@armayacastro
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